• Plascencia Pacheco sostuvo que acceso a justicia es “una gran utopía” por falta de compromiso de autoridades
• Minimizan delitos hacia las mujeres, acusa Hurtado Arana

1-04-2017 La presidenta de la Comisión Especial de delitos cometidos por razones de género, Maricela Contreras Julián (PRD), afirmó que nuestro país presenta un enorme “hueco” en la procuración de justicia hacia mujeres violentadas o asesinadas. Hace falta cambiar la mentalidad de quienes son responsables de su protección, seguridad y justicia”.

Durante la presentación del libro “Feminicidios en México”, Contreras Julián precisó que la instancia a su cargo trabajará sobre un protocolo nacional de actuación ministerial, policial y pericial para la atención de delitos por razones de género; la intención, dijo, es “eliminar la visión de juzgadores y ministerios públicos que se reducen a frases como: ¡Es muy difícil comprobar ese delito!”

Minimizar lo que sucede con las mujeres es una irresponsabilidad del Estado mexicano; por ello, Patricia Olamendi, autora del libro, destaca que la impunidad de los delitos cometidos hacia las mujeres envía un mensaje de que la violencia en nuestro país es tolerada, favoreciendo su perpetuación y la aceptación social del fenómeno.

La legisladora calificó de inaceptable la muerte de mujeres por el sólo hecho de ser mujeres. “Eso se llama feminicidio”.

No podemos tolerar acciones de un sistema de justicia que deja libres a abusadores sexuales como el caso del juez de Veracruz que concedió un amparo a uno de los cuatro jóvenes conocidos como “Los Porkys”. “Este tipo de acciones constituyen verdaderas licencias para matar a mujeres y violar sus derechos”.

En algunos códigos penales existen “aberraciones” que justifican el homicidio por cuestiones de honor, donde se rebaja la sanción a las personas que asesinan si sorprenden a su cónyuge en un acto sexual o próximo a su consumación, el cual sólo se aplica a varones.

En 21 estados de la República, continuó, tipifican el delito de rapto como aquel que sustraiga, retenga o se apodere de una mujer, “como si fuéramos cosas u objetos”; 14 estados extinguen la acción penal si el delincuente se casa con la víctima, y en tres más no tipifican como delito la violación entre cónyuges o concubinos.

En 19 entidades, sus legislaciones establecen la obligación del delito conyugal, es decir, que las mujeres tienen que cumplir con sus esposos ignorando el derecho a ejercer su sexualidad de manera libre.

“Estas situaciones hacen posible que se encuentren impunes conductas delictivas volviéndose inexistentes ante el sistema de procuración de justicia; sistema que oculta la realidad de la violencia ejercida contra las mujeres y fomenta que estos hechos continúen cada vez con mayor frecuencia”, subrayó.

Por lo anterior, la importancia de esta publicación es que aporta elementos para contar con un protocolo de atención del delito del feminicidio para que no queden impunes estos asesinatos contra las mujeres.

La violencia contra las mujeres no es asunto de partidos políticos o ideologías, ni del gobierno al frente de un estado, municipio o país. Se trata de una serie de circunstancias que se acumulan por el desdén del Estado en reconocer y respetar nuestros derechos y nuestra integridad física, emocional y moral, agravado por una cultura que normaliza la violencia y convierte a una sociedad permisiva de abusos, maltratos, vejaciones y asesinatos de mujeres.

Como ejemplo, tenemos el asesinato de Emma Molina Canto, en Mérida, Yucatán, quien peleaba la custodia de sus tres hijos después del divorcio con Martín Alberto Medina, conocido operador financiero del gobierno de Tabasco. Emma fue víctima de persecución, amenazas e injurias de quien fuera su esposo, y finalmente fue asesinada por dos tabasqueños que, se dice, recibieron dinero para matarla.

Esta es la realidad de muchas mujeres en México, una realidad donde la justicia nunca llega y fastidia este sistema institucional y social permisivo de asesinatos contra las mujeres, concluyó.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), indicó que el acceso a la justicia en México sigue siendo “una gran utopía por la falta de compromiso de las autoridades. Es alarmante la situación que viven las víctimas cuando acuden a diferentes instancias que deberían protegerlas, brindarles seguridad y acceso a la justicia”.

Manifestó que uno de los grandes pendientes en México es que las fiscalías o procuradurías de los estados no inician investigaciones policiales, ministeriales y periciales desde la presunción de feminicidio, aun cuando ya desde hace unos años la PGR emitió un protocolo nacional, el cual no se aplica a nivel estatal.

Actualmente, expresó, vemos casos donde las primeras investigaciones son por homicidios dolosos y no por feminicidios. A los funcionarios les cuesta trabajo reconocer que la violencia feminicida está matando a las mexicanas, les cuesta trabajo admitir que en México 7 mujeres son diariamente asesinadas por razones de género, sólo por el simple hecho de ser mujeres.

“Hace falta que las fuerzas policiales estén capacitadas en la protección de mujeres que sufren algún tipo de violencia que, por lo general, siempre son agredidas por personas cercanas a su entorno”, enfatizó.

Informó que la Comisión de Igualdad de Género, junto con las especiales de Delitos cometidos por razones de género y de Alerta de género, trabajan para acelerar la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, y en medidas para fortalecer la actuación de las diferentes autoridades, a fin de que, desde la investigación policial, aseguren la protección y defensa de las mujeres, estipuladas en el artículo primero Constitucional.

Plascencia Pacheco subrayó que la violencia hacia las mujeres no se ha podido erradicar en el país cuando es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, federal estatal y municipal y de los tres Poderes, tanto Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“Se trata de una responsabilidad compartida, ya que cada una de las diferentes instituciones públicas debe asumir su compromiso, porque los feminicidios ocurren desde lo local, en las comunidades y municipios que no garantizan espacios seguros para las mujeres”, aseguró.

La presidenta de la Comisión Especial de Alerta de Género, Karen Hurtado Arana (PRD), coincidió en que las autoridades minimizan los delitos hacia las mujeres. “La alerta de género y los feminicidios no los ven como tal, cuando todos los días hay mujeres asesinadas, violentadas y torturadas y, desafortunadamente, el gobierno federal no ve la gravedad del problema”.

Asimismo, los gobiernos estatales y municipales están obligados a adoptar acciones y medidas precautorias de seguridad, justicia y reparación de daño para una vida libre de violencia.

Anunció que desde la comisión que preside se concertan citas con autoridades de diversas dependencias encargadas de dar seguimiento a las alertas de género, a fin de analizar cómo están funcionando y las políticas que llevan a la práctica.

En su intervención, la titular de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano, de la Procuraduría General de la República (PGR), Leonor Figueroa Jácome, enfatizó que la violencia contra las mujeres sigue siendo “una realidad lastimosa y ligada a estructuras culturales de discriminación”.

Precisó que de nada sirven las legislaciones nacionales e internacionales si no cambia la cultura desde lo cotidiano. “Estoy convencida de que las grandes penalidades no van a frenar a los delincuentes; tan sólo en Guatemala se da pena capital a los casos de homicidio contra las mujeres, pero de nada sirve si no modificamos nuestra educación”.

Refirió que en el caso de los cuatro jóvenes conocidos como “Los Porkys”, el Poder Judicial retiró al juez que concedió el amparo a uno de ellos, pero “después de eso ¿qué pasa cuando en el fondo hay personas que piensan que se pueden violentar los derechos humanos de las mujeres?”

Por lo anterior, sostuvo que se debe trabajar en el acceso a la justicia de las mujeres, retomando criterios internacionales. “El acceso a la justicia no puede limitarse a la existencia formal de recursos judiciales, sino que debe contemplar mecanismos idóneos para investigar, sancionar y reparar las violaciones hacia los derechos humanos de las mujeres y con ello alcanzar un trato digno, justo e igualitario”.

La autora del libro, Patricia Olamendi señaló que en México, lejos de aminorar la tensión o violencia hacia la mujer continúan en aumento con “procedimientos absurdos”, cuando además no existe un solo juzgado especializado en violencia de género. A ello agregamos que puede enviarse un caso a cualquier juzgado, encabezado por un magistrado como el de “Los Porkys”, que considere que violentar a la mujer o violarla no es tan grave.

En el mundo, dijo, tres de cada 10 mujeres son violentadas; en México, 7 de cada 10. Esto es mucho más que una pandemia, señaló y pregunto: ¿cuál es la política del Estado mexicano? No la conozco porque seguimos dejándole a las entidades federativas que actúen como lo consideren y a la fecha hay estados que en lugar de armonizar sus leyes las cambian, al grado de que las mujeres no son protegidas contra el feminicidio, subrayó.

A pesar de que la Cámara de Diputados ha otorgado a dependencias cantidades importantes para prevenir y erradicar la violencia, México no tiene más de 50 refugios para ellas. Además, sólo un 20 por ciento de los municipios cuenta con una unidad de atención a la violencia, la mayoría de ellas dirigida por organizaciones no gubernamentales.

Existen entidades como el Estado de México que carecen de medidas de protección a la víctima; 40 por ciento de las mujeres asesinadas había solicitado apoyo o acudido a un hospital “y así todavía cuestionamos si es buena o mala la Norma 046, encargada de atender la urgencia de la violencia contra las mujeres”.

Por lo anterior, expresó, necesitamos orientar a los servidores públicos y evaluar qué sucede. Se requiere voluntad política, que es determinante para que estas cosas cambien, expresó.

Abundó que se ha logrado el reconocimiento de los derechos de las mujeres; sin embargo, no aterrizan. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará, establece que deben existir procedimientos ágiles y sencillos para el acceso a la justicia de las mujeres, “pero no se ha logrado cambiar un sólo procedimiento en los ámbitos sociales y civiles”.

Agregó que el libro, de distribución gratuita, es una invitación a reflexionar respecto a lo que nos falta por hacer, sobre todo cuando todavía las procuradurías esperan 72 horas para iniciar una investigación, cuando hay una problemática de desaparición masiva, “donde también el crimen organizado nos ha convertido en mercancía en amplios sectores del país”.

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