04-04-2017.- El Pleno cameral solicitó a las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales en toda la República, orientarse por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, al fallar en las controversias que se les presenten, alejándose de cualquier criterio electoral.

Al presentar el punto de acuerdo, considerado de urgente resolución y aprobado en votación económica, el diputado Abdies Pineda Morín (Encuentro Social) refirió el caso del teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, en Baja California, y lo calificó como preocupante.

Indicó que su integridad y dedicación le han acarreado grandes enemistades, no únicamente dentro de los grupos delincuenciales, sino incluso de los grupos de poder político. Prueba de ello, añadió, es que en agosto de 2011 fue inhabilitado por ocho años para ejercer cargos públicos en Baja California por supuestas violaciones a derechos humanos, se le acusó de tortura, abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza pública.

Relató que Leyzaola Pérez acudió a los tribunales de Baja California para solicitar justicia, los cuales dejaron sin efecto la pretendida inhabilitación. No obstante, en 2017, “luego de que fuera lanzado por Encuentro Social para alcalde de Tijuana y perdiera por el candidato del gobernador, lo vuelven a inhabilitar”.

Pineda Morín mencionó que reabrir un expediente archivado en la sindicatura contra Julián Leyzaola Pérez, “sin aportar más nada a la investigación para inhabilitarlo e impedirle contender en las elecciones para gobernador del 2019, es una de las cobardías apenas entendible por el bajísimo perfil y estatura política de los gobiernos municipales y estatales en funciones”.

Se debe pedir que los principios del derecho electoral, como reglas mínimas para el acceso ordenado, legítimo y legal al poder, inspiren las funciones jurisdiccionales con independencia de su origen, precisamente para no actuar electoralmente, planteó.

Por Morena, el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez resaltó que el Poder Judicial tiene un enorme pasivo con la sociedad y requiere reconstruir su legitimidad, para que pueda dejar atrás las sombras de un pasado de ausencia de independencia con respecto al poder político.

Reprobó la injerencia o la probabilidad de que las decisiones judiciales se vean determinadas por los intereses o las preferencias o los deseos de otros órganos del Estado. “En muchas entidades el panorama es idéntico; estas acciones en nada ayudan a la legitimización del Poder Judicial y en cambio dañan severamente la credibilidad e independencia en los tribunales”.

Virgilio Mendoza Amezcua, diputado del PVEM, consideró vital que, respetando la división de poderes del Estado y el ejercicio de las funciones respectivas de cada una de las autoridades, “todos y cada uno de los órganos que imparten justicia deben cumplir con los principios rectores del ejercicio de su función: apego irrestricto a la normatividad aplicable, así como la jurisprudencia emitida por los órganos competentes”.

Hizo votos para que todos y cada uno de sus integrantes guíen el ejercicio de su actuación, bajo los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, así como una ética categórica y completamente alejada de cualquier influencia o tendencia alguna en la aplicación de la ley.

El diputado David Gerson García Calderón (PRD) argumentó que hace cuatro días el teniente coronel fue inhabilitado por cinco años por la sindicatura municipal de Tijuana, y “si bien su actuación ha rondado los linderos de la legalidad, los señalamientos por violaciones a los derechos humanos lo han perseguido, incluso en el ámbito nacional e internacional, debido a la dureza con que ha encabezado una lucha en contra de la delincuencia organizada en Ciudad Juárez y Tijuana”.

Se pronunció a favor de la legalidad, imparcialidad, objetividad y de la certeza con la que deben conducirse las autoridades jurisdiccionales. No obstante, cuestionó “los motivos por los cuales, en medio de un ambiente preelectoral, se está defendiendo a capa y espada a un personaje con aspiraciones políticas, manipulando a la opinión pública y simulando un compromiso con la legalidad”.

Del PRI, la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo subrayó que impartir justicia no es una tarea sencilla, es una de las responsabilidades más complicadas de la función pública, y es una realidad innegable que las personas encargadas de hacerlo forman parte de la misma comunidad a la que sirven y a la que juzgan; por lo tanto, tienen “la obligación de hacerlo alejadas de ideologías partidistas, políticas, y con plena independencia de los partidos en el poder”.

Añadió que permitir que la política y la justicia se mezclen es distorsionar por completo el sentido de ambas y dejar en total indefensión al ciudadano en sus derechos más elementales. “Hoy es el ciudadano Julián Leyzaola el afectado, mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Competir electoralmente contra un candidato del partido en Baja California puede ser la causa para ser perseguido”.

El diputado José Máximo García López (PAN) pidió que este antecedente no se repita en todo el país, pues “tenemos procesos electorales que se están llevando a cabo y no podemos permitir que siga sucediendo”.

Solicitó una redacción distinta, donde se contemple que la Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a partir de los hechos sucedidos en Baja California, a las autoridades que ejercen material y formalmente funciones jurisdiccionales en toda la República Mexicana. “Necesitamos que esta protección a los derechos de los ciudadanos no solamente se dé en Baja California, sino a los de todo el país”.

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