05-04-2017.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 368 votos el dictamen que reforma el Código Penal Federal, para tipificar el delito de abigeato o robo de ganado, castigarlo hasta con diez años de prisión y proteger al sector ganadero del país.

Con reformas al artículo 381 Bis y adicionar los artículos 381 Ter y 381 Quáter del mencionado Código, se establece que se aplicarán de dos a diez años de prisión cuando el abigeato sea cometido por sí o interpósita persona y se apodere de una o más cabezas de ganado, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas.

El dictamen enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, señala que el delito de abigeato se considera calificado y aumenta la pena hasta una mitad, cuando sea cometido por quien tenga una relación laboral o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con el propietario del ganado

También se equiparará y sancionará, con la misma pena, el sacrificio de ganado sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.

La misma penalidad se implementará cuando el abigeato se ejecute mediante violencia física o moral, o bien, cuando lo cometa un servidor público. Además, si lo ejecuta una asociación delictuosa, banda o pandilla, se sancionará conforme a los artículos 164 o 164 Bis de este Código.

Considera ganado a las especies bovina, caballar, asnal, mular, ovina, caprina, porcina o de una o más colonias de abejas en un apiario, así como aquel domesticado, bravo, de pezuña, ganado mayor o menor, independientemente de la actividad típica del animal.

Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión de Justicia, diputado Ricardo Ramírez Nieto (PRI), expresó que de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el abigeato o robo de ganado, ha aumentado en un 24 por ciento del 2012 al 2015 con las consecuentes pérdidas millonarias.

Se establecen delitos y sanciones a conductas que agreden el principio del patrimonio del particular, con el objetivo de salvaguardar la riqueza ganadera del país, así como la economía y seguridad de ese sector.

La intención es crear un tipo específico para sancionar conductas de apoderamiento, disposición y sacrificio indebido de ganado que atentan contra ese patrimonio de las personas que tienen esa actividad y fuente de riqueza.

Ramírez Nieto mencionó que el sector pecuario constituye una fuente básica de alimentación para los mexicanos, una importante generadora de divisas extranjeras por medio de las exportaciones, así como el ingreso y sustento económico para las personas que viven de ese sector.

La industria ganadera representa la mitad del valor bruto de la producción agropecuaria y más de 6 millones de personas están empleadas directamente por este sector.

Indicó que actualmente el Código Penal Federal contempla en su artículo 381 Bis el delito de abigeato; sin embargo, el tipo penal tiene poca claridad, “ya que no profundiza sobre sus sanciones ni sus agravantes, provocando con ello incertidumbre jurídica. Por ello, la ausencia de un tipo penal preciso en sus alcances ha ocasionado que las entidades federativas estén legislando de manera dispersa”.

“Votar a favor es hacerlo por el desarrollo económico y la seguridad alimentaria de los mexicanos. Los retos del campo son desafíos para el país y el futuro del segundo depende del presente del primero”, añadió.

El diputado Gerardo Federico Salas Díaz (PAN), uno de los proponentes, consideró vital que en México se logré erradicar este delito. El robo de ganado acumula pérdidas millonarias para los productores del campo y debido al éxito de los delincuentes, se ha vuelto práctica común en diversas regiones del país que va desde robos solitarios hasta la práctica cotidiana empleada por el crimen organizado.

Las organizaciones ganaderas de los diferentes estados de la República aseguran que el robo de ganado o abigeato ha repuntado en los últimos años. “Caballos, vacas, becerros y borregos son los principales animales hurtados y las pérdidas para los ganaderos son millonarias”.

Planteó emprender una adecuación en las legislaciones de las entidades federativas, ya que 27 estados de la República tipifican el delito de abigeato, 3 no utilizan el término y 2 no lo sancionan bajo término alguno. “Los altos índices de corrupción de las autoridades locales en muchas regiones ganaderas, han propiciado que los dueños ya no presenten denuncias”.

Omar Noé Bernardino Vargas, diputado del PVEM, añadió que el sector, iniciando con el lechero, produce anualmente 12 millones de litros y ocupa más de 250 mil unidades, creando más de un millón de empleos directos. La carne, en todas las modalidades de producción, constituye un componente importante; no tan solo para el consumo interno sino por las divisas que generan miles y miles de ventas.

La ganadería representa más de 40 por ciento del Producto Interno Bruto del sector agropecuario, generando más de 235 mil millones de pesos. “Tenemos una deuda con el sector ganadero y debemos brindarles un marco jurídico para fortalecerlos, pero también para castigar a aquellos delincuentes que se roban el ganado de las y los mexicanos”.

En la actualidad el abigeato es un delito de fuero común y la penalización varía de acuerdo a los códigos penales locales. Esta reforma abre la oportunidad para que los ganaderos del país tengan la opción de presentar la denuncia ante el Ministerio Público Federal o en su entidad federativa de acuerdo a la conveniencia del afectado.

El diputado Salvador Zamora Zamora (Movimiento Ciudadano) resaltó que con el paso de los años el abigeato se ha convertido en objeto del crimen organizado y “ahora también es parte de las organizaciones criminales; por eso la importancia de este dictamen. Al elevarlo a delito federal, aunque ya existía, se hace partícipe también a la Federación para que junto con los estados podamos, entre todos, atacar un problema que ha sido de años”.

Relató que en 2008 hubo cinco mil 82 denuncias. Para 2013 fueron siete mil 635, es decir, 24 por ciento más. “Es un delito que muchas veces no se denuncia. Lo que estamos aprobando hoy es importante para que todas las instituciones podamos coparticipar en el castigo a los que se dedican a este crimen que afecta principalmente a los más necesitados”.

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