• Protección electoral es obligación del Estado y sus instituciones: diputada Hernández Ramos

• Ciudadanos y partidos políticos pueden tomar medidas para cuidar procesos: TEPJF

• Concluye foro sobre el marco normativo para blindar uso de recursos públicos en elecciones de Coahuila, Nayarit, Veracruz y Estado de México

25-04-2017.- Ante la Comisión Especial para Combatir el Uso de Recursos Públicos en Procesos Electorales, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Catillo, afirmó que a pesar de los retos que enfrenta este organismo, “el proceso electoral 2017 no está en riesgo”.

Precisó que por parte del Instituto Nacional Electoral y los organismos locales se han realizado actividades para que los comicios se desarrollen conforme a lo establecido, así como los procesos de capacitación de funcionarios y las campañas electorales. “Las instituciones del Estado mexicano trabajamos de manera conjunta para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos”.

Dijo que del 1 al 6 de junio habrá un despliegue de agentes del Ministerio Público especializados, peritos y policías en las instalaciones de los institutos electorales, delegaciones y subdelegaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), en las cuatro entidades donde habrá elecciones este año, para que se trasladen a los lugares donde se presenten denuncias.

Este operativo estará en campo los días previos a los sufragios para atender denuncias; se desarrollará con fiscalías electorales locales e institutos electorales Nacional y estatales, así como con delegaciones y subdelegaciones de la PGR, para dar mayor seguridad al voto.

El objetivo, comentó, es “acercar el modelo de procuración de justicia penal electoral y rendir a esta Comisión Especial un informe de las investigaciones y consignaciones”.

Uno de los principales desafíos del actual proceso electoral, dijo, es el traslado de grandes cantidades de personas de un municipio a otro para que voten indebidamente, denominado “turismo electoral”, así como la violencia política de género, la posibilidad de actos agresivos y falta de policías para atender denuncias sobre compra de votos, condicionamiento de programas y eventos masivos para entregarlos.

Durante el segundo y último día de trabajos del Foro “Marco Normativo para el blindaje en el uso de recursos públicos en los procesos electorales locales 2016-2017, en los estados de Coahuila, Nayarit, Veracruz y Estado de México”, sostuvo que en tiempos electorales no puede haber eventos masivos de entrega de apoyos, pero tampoco se puede suspender el reparto “en un país que tiene 60 millones de pobres. Es impensable”, enfatizó, y se pronunció por combatir esas prácticas “que tanto daño hacen al modelo democrático del país”.

Modificar marco normativo electoral para garantizar cultura de democracia y legalidad

El diputado Juan Romero Tenorio (Morena), presidente de la Comisión Especial para Combatir el Uso de Recursos Públicos en Procesos Electorales, Juan Romero Tenorio, demandó a los integrantes del Poder Legislativo dejar de lado intereses particulares o de grupo y se modifique el marco normativo en materia electoral, a fin de construir instituciones que garanticen una cultura de la democracia y legalidad de los procesos electorales.

“Hay elementos que abonan a construir este escenario”. Es posible, dijo, modificar el marco normativo electoral antes del proceso del 2018.

“Podemos afinar procedimientos de correlación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; fortalecer la sanción de tipo penal; dotar de más facultades a la Fepade, además de darle una autonomía técnica que la haga más eficiente”.

Romero Tenorio señaló que para ello se deben sumar voluntades políticas en el momento en que se discuta alguna propuesta de reforma, tanto en comisiones como en el Pleno de ambas cámaras del Congreso.

“El país necesita urgentemente de esta voluntad de los legisladores para atender la grave crisis de credibilidad de las instituciones. Voluntades que ayuden a recuperar la expectativa de esperanza de los ciudadanos”, subrayó.

Demandó a la ciudadanía ser más proactiva y no quedarse callada ante cualquier delito electoral. “Pueden denunciar de manera anónima; nosotros la canalizaremos atendiendo la oficiosidad con que se atienden los delitos electorales, con la que se persiguen los delitos graves, vinculados con el financiamiento ilícito o el uso ilegal de los programas sociales, pero no solo en las campañas electorales sino en el servicio público”.

Informó que solicitará a la Junta de Coordinación Política ampliar el campo de acción de este grupo legislativo, no solamente para vigilar los recursos públicos de programas sociales, sino el uso de recursos ilícitos en las campañas electorales.

Deleznable utilizar recursos públicos con fines electorales

La diputada Minerva Hernández Ramos (PAN) destacó que el blindaje a los programas sociales es una obligación del Estado y de las instituciones, y subrayó que el uso de recursos públicos con fines electorales es una forma de corrupción, porque se abusa de una posición de poder, pública o privada, para obtener un beneficio indebido a costa del bienestar de la gente.

La legisladora, secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, subrayó que esa es una de las prácticas más deleznables que se pueden dar en las elecciones, pues coacciona la voluntad de las personas y lleva en el fondo la criminalización de la pobreza, porque se aprovecha de una condición para obtener un beneficio electoral.

Reconoció que, a pesar de las reformas para la protección del uso de recursos públicos con fines electorales, se tienen alcances limitados, ya que no se contemplan consecuencias concretas para el uso indebido de los programas sociales, en particular, sólo se aplican sanciones administrativas.

“Desde 2008, el Congreso de la Unión ha estado omiso en la revisión y reglamentación de este importante ordenamiento”, indicó.

Uso de recursos públicos en campañas repercute en el ejercicio de quien gane elección

María de los Ángeles Fromow, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, coincidió en que el uso de recursos públicos y otros no permitidos en las campañas electorales, generan corrupción y repercute en el ejercicio del cargo de quien ganó un puesto de elección popular.

Destacó que se hizo un gran esfuerzo con la Ley General de Delitos Electorales, pero también debe haber conciencia ciudadana. “En la medida en que nosotros nos esforcemos en velar que tanto los recursos públicos como programas sociales, no se condicionen, y en caso de percibir una acción irregular la hagamos del conocimiento del INE y la Fepade, vamos a visualizar la efectividad de las leyes electorales en el ámbito acusativo como en el penal”.

No hay manera de permitir que los recursos de programas sociales se dejen de aplicar, lo que está prohibido es utilizarlos para fines electorales y lo que tiene que hacer la ciudadanía es acotar su condicionamiento ejerciendo libremente su voto.

Propuso mejorar el marco normativo al considerar que no es suficiente el establecimiento de sanciones económicas o administrativas. “Hay mucho por hacer, en México no existe una legislación que finque la responsabilidad jurídica hacia los partidos políticos, gobernantes o particulares en un ilícito electoral. Es indispensable que la Fepade contemple mayores capacidades para realizar investigaciones científicas y evite la corrupción”.

Fepade advierte sobre feminización de la criminalidad electoral

Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade, alertó sobre la feminización de la criminalidad electoral, pues se obliga a las beneficiarias a condicionar los apoyos sociales y a votar por determinado partido, y lo servidores públicos no adquieren responsabilidad penal.

Refirió que se desarrolló un programa de blindaje electoral con Sedesol desde 2016 y se trabaja en otro con bases generales para toda la administración pública federal y órganos autónomos, en modelos de capacitación y atención de denuncias, a través de Fepadetel, Fepadenet y Fepade-móvil.

“Si no se combaten las conductas delictivas y no se ejercen acciones penales, no se inhibirán estas prácticas”, puntualizó.

Informó que, derivado del proceso electoral 2016-2017, hay más de dos mil 500 carpetas de investigación, de las cuales mil 400 están relacionadas esos delitos. Dijo que en este año se prevé la participación del 23 por ciento del padrón electoral.

Ciudadanos y partidos políticos pueden participar en blindaje electoral

El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Héctor Romero Bolaños, afirmó que ciudadanos y partidos políticos que participan en una elección, pueden tomar medidas para blindar los procesos, documentar irregularidades, y presentarlas ante los tribunales electorales, alegando violaciones a principios constitucionales, y traer como consecuencia la nulidad.

La presentación de denuncias penales y de quejas administrativas es muy útil para revisar y tomar medidas para que cesen las conductas irregulares que pueden viciar las condiciones de la elección, alterar y violar principios rectores que pueden ser motivo de nulidad, señaló.

Dijo que hay nuevos delitos electorales, como la alteración de documentos, “cuando se advierte la posibilidad de que se van a abrir las urnas para realizar un nuevo escrutinio y cómputo”. Éstos que pueden ser acreditados por los ciudadanos y partidos políticos que participen, o los contendientes, y presentar los recursos legales.

“Una vez documentados acudir, en el último de los casos, a medios de impugnación, para que una autoridad jurisdiccional revise y anule la elección”.

Desconocen cuántos programas electorales existen

El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohorquez, al referirse al tema del blindaje electoral, indicó que “hace 26 años este término sonaba bien, pero en 2017 suena terrible. Tenemos una serie de amenazas al Estado, pero en programas sociales ¿qué protegemos, si todo lo desconocemos? El mismo Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) no sabe siquiera cuántos existen ni cómo operan”.

Expuso que Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, plantea un número de seis mil 751 programas y acciones de desarrollo social. Pero además de que no son la misma cosa, dijo, el dato tiene un desfase de cuatro años. Explicó que la mitad de estos programas carece de reglas de operación, que es lo mínimo que deben tener para saber si se están violentando o no durante su ejercicio y también para ver la dimensión de los delitos electorales.

Otro asunto, añadió Eduardo Bohorquez, es que la mitad de los programas no se auditan. “Tenemos un claro problema de institucionalidad básica alrededor de la política social. No hemos logrado, en casi tres sexenios, contar con un sistema nacional de programas sociales. Entonces, ¿qué estamos protegiendo con ese eventual blindaje electoral?”.

Lamentable recurrir a programas sociales para beneficiar a un candidato

Javier Humberto Domínguez Aguilar, director adjunto de Integración en la Dirección General de Averiguaciones de la Fepade, consideró que una herramienta importante para establecer la ilicitud de los recursos que pueden ser aportados a una campaña electoral, tiene que ver con el fortalecimiento de las herramientas de la investigación científica.

Calificó como lamentable emplear los programas sociales para beneficiar a un candidato o partido. Estamos convencidos que “tenemos que trabajar para que este tipo de prácticas dejen de realizarse”.

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