05-12-2017.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) remitió a la Cámara de Diputados un pronunciamiento en el que señala que el Estado mexicano debe considerar a la prisión preventiva como una medida cautelar excepcional y reconocer a las personas a quienes se aplica la presunción de inocencia, atendiendo los preceptos establecidos en la Carta Magna y en las “Reglas Mandela”, así como en los estándares emanados de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos.

A través del documento “Pronunciamiento sobre el plazo razonable en prisión preventiva”, enviado por la Mesa Directiva a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia para su conocimiento, la CNDH resalta que el Estado mexicano tiene que garantizar a las partes seguridad jurídica.

De igual modo, establecer que la dilación en el plazo razonable no sólo implica la afectación que recae directamente sobre la persona privada de la libertad, sino también sobre los derechos de las víctimas que en el proceso se ven afectados.

El organismo de derechos humanos plantea tomar en consideración la necesidad de resolver los procesos penales dentro del plazo constitucional, a fin de que se garantice, en su caso, la reparación del daño a la víctima, permitiéndole acceder también a procesos de justicia restaurativa.

Se deben privilegiar otras medidas cautelares a la prisión preventiva, cuando ésta no sea necesaria, a fin de que la persona pueda llevar su proceso en libertad.

La CNDH propone que el Estado asuma la obligación de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites constitucionalmente establecidos en la aplicación de la acción de la justicia, sin que ello implique modificar la medida cautelar de prisión preventiva por otra restrictiva de la libertad.

Además, considera que debe revisar periódicamente la aplicación de la prisión preventiva, considerando su pertinencia, conforme a los estándares interamericanos establecidos sobre la materia.

En la sesión de este martes, la Cámara de Diputados recibió la minuta del Senado de la República que declara el 10 de septiembre como el “Día Nacional para la Prevención del Suicidio”, con el objetivo de concientizar a la población y a los grupos más vulnerables sobre las enfermedades mentales y todo aquel padecimiento o situación que puede llevar al suicidio.

Conforme al documento enviado a la Comisión de Gobernación, el suicidio es la décima quinta causa de muerte en México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que del año 2000 al 2014, la tasa de suicidios de elevó de 3.5 a 5.2 por cada 100 mil habitantes.

Por otra parte, el Congreso de Veracruz remitió iniciativa que reforma los artículos 137, 141, 144, 145 y 146 de la Ley de Ejecución Penal, a fin de establecer que no se otorgarán libertad condicional, anticipada, sustitución de pena, permisos extraordinarios de salida por razones humanitarias y preliberación en los casos de delitos por hechos de corrupción. Fue turnada a la Comisión de Justicia.

Del Congreso de Nuevo León se conocieron dos iniciativas. La primera, reforma y adiciona los artículos 7, 70 y 71 de la Ley General de Educación, con la intención de fomentar la educación vial responsable. Se remitió a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

La segunda, adiciona el artículo 243 de la Ley del Seguro Social, a efecto de otorgar seguro social a los familiares de los trabajadores mexicanos que laboren en el extranjero. Será analizada por la Comisión de Seguridad Social.

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social se mandó la iniciativa del Congreso de Yucatán que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes federales del Trabajo y de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, en materia de permisos parentales y prevención de la salud.

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