• Se elimina el pase automático de procurador a fiscal: Acosta Naranjo

05-12-2017.- La Cámara de Diputados aprobó, por mayoría calificada de 360 votos, un dictamen para que el procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de entrar en vigor la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, continúe en su encargo como titular de este nuevo organismo hasta en tanto el Senado designe al Fiscal.

El dictamen, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, modifica el artículo decimosexto transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

Este artículo transitorio establecía: “El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria, quedará designado por virtud de este Decreto Fiscal General de la República por el tiempo que establece el artículo 102, Apartado A, de la Constitución, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción IV de dicho artículo”.

La reforma establece que una vez realizada la declaratoria de entrar en vigor de la autonomía del nuevo organismo, la Cámara de Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en el Apartado A del artículo 102 de la Constitución, para la designación del Fiscal General de la República.

Menciona que si la Cámara de Senadores no estuviere reunida, la Comisión Permanente la convocará inmediatamente a sesión extraordinaria.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), expresó que esta reforma evita que exista un “fiscal carnal” y que haya pase automático del procurador general de la República a ser el primer fiscal que nombre el Estado mexicano.

Con esta modificación, indicó, hoy se demuestra la sensibilidad que tuvo la Cámara de Diputados ante el reclamo de cientos de organizaciones ciudadanas que plantearon que era delicado que pudiera haber un pase automático en el nombramiento de esta nueva institución.

Con esta reforma, afirmó, se garantiza que el Senado de la República tendrá que votar, con dos terceras partes, este nuevo nombramiento.

“Dos terceras partes que no tiene ningún grupo parlamentario ni ninguna coalición de partidos de las que hoy se han conformado en las Cámaras y, por lo tanto, el primer fiscal deberá tener un enorme consenso y pasar por una evaluación pública; además, deberá reunir la legitimidad, a través de los distintos grupos parlamentarios que conformarán una mayoría calificada para que pueda ocupar este cargo”.

Hizo un reconocimiento a las organizaciones ciudadanas que alertaron y evitaron que el Congreso consumara un error. Sin embargo, añadió, es apenas un primer paso, porque el modelo de la fiscalía debe discutirse con mucha seriedad. “Hoy se encuentra este tema en el Senado de la República y ahí deberán hacerse las reformas conducentes, para que se garantice que esta nueva institución, en verdad, pueda cumplir con su alta responsabilidad”.

Acosta Naranjo se manifestó por que el Senado de la República discuta y apruebe esta minuta e inicie el recorrido constitucional por las legislaturas locales; asimismo, externó su interés para que en la ley secundaria se puedan discutir requisitos adicionales para ser fiscal general del país.

Uno de ellos, explicó, debería ser que los aspirantes no militen en ningún partido político por lo menos cuatro años antes de su nombramiento, para que “quien sea fiscal no tenga compromisos partidistas ni gubernamentales con nadie”.

“Eso le daría la garantía a los ciudadanos mexicanos de que la justicia no sería utilizada como ariete o como un instrumento para hacer otro tipo de presiones o para solapar por intereses alguna de las investigaciones que esté a cargo de la propia fiscalía. Debería ser razonable que no se pase de ser fiscal a ministro de la Corte, como ha sucedido”, abundó.

En los posicionamientos, el diputado Justo Federico Escobedo Miramontes (PES) señaló que hoy se corrige algo que originalmente en el decreto presentaba una incongruencia muy importante, ya que se establecía que el procurador General de la República que se encontrara en funciones, al momento de expedirse la declaratoria de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, quedaría designado como titular de la misma.

Lo más preocupante, dijo, era el hecho de que la autonomía de la Fiscalía General se encontraba vulnerada, al resultar que el titular sería el mismo el procurador general de la República, quien en su momento fue designado por el titular del Poder Ejecutivo.

Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada de NA, relató que el hecho de que el procurador en funciones pudiera ocupar de manera automática la fiscalía, restaba independencia a una nueva institución que busca terminar con la crisis de procuración de justicia y, sobre todo, restablecer la credibilidad y la confianza en las instituciones del país.

El primer fiscal general de la República, afirmó, debe contar con la capacidad y la libertad necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento del Estado de derecho y, sobre todo, para abatir la impunidad que tanto lastima a la ciudadanía. “Es imperativo garantizar que quien encabece los esfuerzos de la procuración de justicia cumpla con los requisitos de probidad y total independencia. Una de las mayores exigencias de la sociedad es terminar con la corrupción e impunidad”.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC) mencionó que este dictamen es un paso para evitar la impunidad y que las instituciones ya no sean ineficaces. “El país ya no requiere más funcionarios o procuradores o fiscales comprometidos con partidos políticos, con grupos de interés. Lo que necesita son perfiles idóneos para ocupar esos altos cargos que necesita la nación”.

Se necesita, dijo, que la Fiscalía General sea realmente autónoma, y no nada más la de la República. “Necesitamos que en todos los estados las procuradurías de justicia y las fiscalías sean verdaderamente autónomas, que no tengan los colores de un partido político, que no representen a políticos ni a grupos de interés, que representen a todos los ciudadanos”.

Por el PVEM, la diputada Lorena Corona Valdés puntualizó que el dictamen es un primer paso para perfeccionar el procedimiento de selección del fiscal general sin filiaciones partidistas y subordinación al titular del Ejecutivo federal, pues la reforma es incompleta y no ataca de fondo el problema.

Se pronunció por garantizar que la designación de los fiscales generales de las entidades federativas cumpla con los parámetros necesarios para asegurar su imparcialidad e independencia, que permita contar con instituciones más eficientes y eficaces. “Es fundamental que se replique en los congresos estatales el mismo proceso que se propone en este dictamen, para garantizar que las instituciones locales de procuración de justicia también sean realmente autónoma”.

Rodrigo Abdala Dartigues, diputado de Morena, expuso que se elimina la designación autoritaria de quien sería el titular de la Fiscalía General de la República y se establece que será el Senado de la República quien lo designe, quitando “la posibilidad de que el Procurador General de la República heredera el cargo de manera automática en un proceso en el que la picardía periodística denominó como fiscal carnal”.

Los titulares de la misma deben cubrir los más altos estándares de independencia política y estar alejados de conflictos de interés empresarial y acreditar sólidas credenciales democráticas, trayectoria profesional destacada y honorabilidad pública.

El diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) mencionó que se suprime el pase automático del procurador a la titularidad de la Fiscalía General de la República. “Con ello aspiramos a que el nuevo fiscal no tenga vínculos ni compromisos con el Ejecutivo, porque ello le impediría poder actuar con objetividad, imparcialidad e independencia, lo cual significa que la nueva institución que estamos creando estaría viciada desde su origen”.

No sólo se elimina el pase automático, se derriba el enorme dique que ha obstaculizado la construcción de acuerdos para la expedición de la legislación secundaria de la Fiscalía, principal condicionante para su creación. “No aprobar esta reforma o retrasarla significaría continuar en la parálisis a la que ha sido sometida la reforma constitucional de 2014. Necesitamos un fiscal que le regrese la dignidad y credibilidad a quien fungirá en los próximos meses como nuestro abogado de la nación”.

Del PAN, la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez precisó indispensable y urgente eliminar el transitorio, ya que si bien el propósito de la reforma fue dotar de mayor autonomía al fiscal general exigiendo una mayoría calificada del Senado para su designación, el transitorio dieciséis contraviene el espíritu de la reforma, y es un contrasentido, una contradicción al establecer el paso automático del procurador en funciones a fiscal, sin necesidad de proceso de selección.

“Estamos conscientes de que si queremos una Fiscalía eficaz, autónoma, con legitimidad social, creíble y confiable para la sociedad, no basta con la eliminación del llamado pase automático. Se requiere una reforma de fondo a la procuración de justicia. Este es un primer paso, pero urgente e indispensable para que en el país se pueda alcanzar justicia igual, pronta y expedita para todos, sin complicidades, sin simulaciones y sin complacencias”, agregó.

Ricardo Ramírez Nieto, diputado del PRI, resaltó que es fundamental garantizar que el Fiscal General de la República sea un fiel reflejo de la justicia. “La procuración e impartición de justicia requieren de autonomía e imparcialidad para proveer su actuar eficaz, basado en la razón de la ley. Una justicia democrática exige una Fiscalía General de la República autónoma e imparcial”.

El dictamen, abundó, busca ratificar el compromiso del PRI de no apoyar el pase automático de procurador a fiscal de la República, garantizar un funcionario autónomo e independiente, así como contribuir a la consolidación de la procuración de justicia y asegurar que el Senado de la República inicie el procedimiento para el nombramiento del nuevo fiscal en conjunto con el Ejecutivo federal, como lo mandata la Constitución.

La diputada Ernestina Godoy Ramos (Morena) expresó que no es suficiente modificar el último párrafo del artículo Decimosexto Transitorio para suprimir el pase automático del actual procurador, “ya que ello no resuelve el mal diseño que no garantiza la autonomía plena de la Fiscalía y su desvinculación total de todos los partidos políticos. Votaremos a favor, pero seguiremos luchando por tener realmente una fiscalía que sirva a la gente”.

Jorge Álvarez Maynez, legislador de MC, argumentó que “la reforma para eliminar el pase automático del “fiscal carnal” es posible gracias al Frente Ciudadano por México. En la plataforma que se registró ante el Instituto Nacional Electoral, en la propuesta programática, en las comisiones solo el Frente ha hecho suya la propuesta de una Fiscalía que sirva y estamos de acuerdo en que no basta con eliminar el pase automático para construir una institución capaz de administrar y de procurar la justicia”.

El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales retomó iniciativas impulsadas por diversos diputados de los grupos parlamentarios del PRI, PVEM, NA, PES, PAN, MC y PRD.

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