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Boletín N°. 4602 Necesario contar con registros de personas con discapacidad para elaborar políticas públicas de empleo
  • Económicamente activas, sólo cuatro de cada 10; se requieren iniciativas que beneficien y hagan visible al sector: diputados

  • Inauguran en San Lázaro foro “Derecho Humano a la inclusión laboral de las personas con discapacidad”

08-10-2017.- En México, sólo cuatro de cada 10 personas con discapacidad, mayores de 15 años, participan en actividades económicas, debido a la falta de oportunidades y a la discriminación que impera en centros laborales públicos y privados, afirmó el diputado Luis Fernando Mesta Soulé (PAN), presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Ante ello, llamó a ser congruentes con los acuerdos signados por el país, como la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el que se comprometió a salvaguardar y promover el ejercicio del derecho al trabajo, en igualdad de condiciones y en entornos laborales abiertos, inclusivos y accesibles para este segmento de la sociedad.

Al inaugurar los trabajos del foro “Derecho Humano a la inclusión laboral de las personas con discapacidad”, Mesta Soulé se pronunció por garantizar condiciones de accesibilidad, capacitación, educación y movilidad, para tener una población con discapacidad laboralmente activa.

Señaló que las personas con discapacidad que tienen trabajo, se enfrentan a la poca valoración de sus aptitudes, y los relegan a tareas monótonas que terminan por ser molestas, incómodas y hasta denigrantes, por lo que no se aprovecha su talento.

Destacó que a iniciativa de esta Comisión se han fortalecido mecanismos como el Fondo de Accesibilidad al Transporte Público de las Personas con Discapacidad, al cual se le asignaron 446 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en 2017, y para 2018 contará con 500 millones. “Sigue siendo insuficiente, pero hemos avanzado y rescatado estos recursos”.

La diputada Victoria Mercado Sánchez (MC), secretaria de la Comisión, planteó aumentar uno por ciento, cuando menos, las cuotas de contratación de personas con discapacidad en la Cámara de Diputados.

Reafirmó su compromiso de seguir trabajando con este sector para aportar e impulsar modificaciones legales que hagan realidad su inclusión y más fácil su integración al mercado laboral.

Apuntó que la falta de información oportuna y confiable es uno de los mayores desafíos, y aseguró que pocas encuestas abordan el tema. “Si no hay información exacta de las condiciones laborales de las personas con discapacidad, no se podrán construir las políticas públicas que mejoren sus circunstancias”, advirtió.

Es un tema muy importante, abundó, y debemos impulsar iniciativas que benefician al sector para hacerlos visibles y ver de qué manera se responderá a sus necesidades. Además, crearles entornos laborales abiertos, transversales, incluyentes y accesibles para su integración y desarrollo.

Alicia Trejo Patiño, directora de Igualdad Laboral para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Personas con VIH, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), aseguró que existen diversos incentivos fiscales para que las empresas contraten a personas con discapacidad motriz, auditiva, visual, mental y de lenguaje siempre, y cuando cumplan con las disposiciones de la Ley del Seguro Social y obtengan el certificado de discapacidad del trabajador.

También se han orientado esfuerzos para modificar la Tabla de Enfermedades y de Valuación de Incapacidades Permanentes, debido a los riesgos laborales en centros de trabajo, que exponen a las y los trabajadores a enfermedades o accidentes que pueden ocasionar alguna discapacidad, impidiendo la plena participación en actividades productivas.

Mencionó, asimismo, el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018, que conjunta varias estrategias para capacitar, rehabilitar, profesionalizar e incorporar al sector en el mercado laboral con igualdad de condiciones, al tiempo que se fortalece la cultura de inclusión y no discriminación entre sectores productivos.

Otros instrumentos que ha impulsado la STPS son la Red Nacional de Vinculación Laboral, la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 En igualdad Laboral y No Discriminación; la Norma Oficial Mexicana NOM-034-STPS-2016, Condiciones de Seguridad para el Acceso y Desarrollo de Actividades de Trabajadores con Discapacidad en los Centros de Trabajo, y la estrategia “Abriendo Espacios”.

A su vez, el director general del Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, Fidel Pérez de León, explicó que la estrategia Empodera-T busca crear oportunidades de inclusión laboral y asegurar a este segmento un futuro con autonomía para participar en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad.

Dijo que, de acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda 2010, en la Ciudad de México habitan más de 200 mil personas con discapacidad en edad de trabajar, que representan 42 por ciento del total de esta población.

La mayor proporción, refirió, se concentra en mujeres, que son más del 50 por ciento; alrededor del 71 por ciento de las personas con discapacidad en edad de trabajar no participa en actividades económicas; 60 por ciento gana menos de dos salarios mínimos, y 18.7 por ciento menos de un salario mínimo, mientras 14 por ciento no recibe ingresos por su trabajo.

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