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12-12-2017.- El Pleno cameral avaló adicionar un artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de que las entidades federativas y los municipios se coordinen para el diseño e implementación de programas de desarrollo social y empoderamiento económico para los dependientes y familiares de las víctimas de feminicidio. El documento, avalado con 381 votos y remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, menciona que un feminicida no sólo destruye el cuerpo de una mujer; el daño y el dolor trascienden el tiempo y el espacio, llegan a las niñas, niños y adolescentes que quedaron en orfandad, azotan a los que perdieron a una hija, mata también la justicia, la posibilidad de una vida sin violencia de la que hablan las leyes. Sin embargo, prácticamente nada se sabe de estas víctimas. Agregó que “estas víctimas colaterales, indirectas del feminicidio apenas son reconocidas con unos cuantos datos por instituciones del gobierno federal, que están obligadas a saber y atender la problemática”. “Aunque invisibles para las autoridades, las niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos existen, tienen voz, necesidades y una historia que contar, lo que revela cada omisión o agravio que padecen, en un país donde las leyes que deben protegerlos no lo hacen”, resalta el documento. En la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), resaltó que en México la grave crisis de seguridad en contra de las mujeres “arroja una dolorosa cifra diariamente”. Precisó que al día, siete mujeres son brutalmente asesinadas por el hecho de ser mujeres; de ellas, a más del 50 por ciento las mató su pareja sentimental, con quienes compartían incluso descendientes económicos. Por ello, dijo, la reforma pretende obligar a estados y municipios que colaboren y se coordinen para el diseño y la implementación de políticas públicas y de desarrollo social, para quienes son las víctimas colaterales o las víctimas descendientes familiares, por el delito de feminicidio. Consideró que con la reforma se pretende brindar atención, a través de políticas públicas que emanen de los estados y de los municipios, a aquellas huérfanas y huérfanos por el delito de feminicidio, “que el día de hoy se encuentran invisibles y no cuentan con condiciones necesarias para garantizar su desarrollo, no solamente desde la niñez, sino durante toda su etapa de vida”. -- ooOoo -- |
