• En México, 75 por ciento de negocios no supera dos años de vida

12-12-2017 Con 400 votos a favor y uno en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles para simplificar administrativamente los trámites para disolver y liquidar sociedades mercantiles que no estén operando, y que tengan exclusivamente a personas físicas como socios o accionistas.

Para fundamentar el dictamen de la Comisión de Economía, su presidente, diputado Jorge Enrique Dávila Flores (PRI), dijo que se consultó a diversos sectores implicados, como cámaras y organismos empresariales, y se alcanzaron consensos. “Es un esfuerzo para fomentar un ciclo saludable para el emprendimiento y mejoras a la ley de la propiedad industrial”.

Señaló que en los últimos cuatro años, en el Registro Público de Comercio se registraron más de 324 mil empresas que iniciaron su proceso de disolución, pero “sólo lo lograron tres mil 100. Es decir, menos del uno por ciento de las que lo intentaron, pudieron concluir esas sociedades”.

Se propone un procedimiento simplificado que permitirá a esas sociedades mercantiles llevar a cabo un proceso de disolución y liquidación, de manera sencilla rápida y gratuita con las formalidades necesarias que otorguen certeza jurídica a socios, accionistas y terceros que tengan derechos u obligaciones con la empresa.

Para que las empresas puedan disolverse con ese nuevo proceso simplificado sus socios deberán ser personas físicas, no encontrarse en operaciones, no estar en concurso mercantil, no haber emitido facturas en los últimos dos años, no tener adeudados fiscales, laborales, de seguridad social, o deudas con terceros.

“Con eso se otorgará certeza jurídica a los accionistas o a terceos con derechos y obligaciones”.

En el documento se señala que en México un nuevo emprendimiento tiene más probabilidades de fracasar que de tener éxito, donde 75 por ciento de los negocios cierra después de cumplir dos años de operaciones; cerrar una empresa es tres veces más caro que abrirla, pues para iniciar operaciones el trámite dura un día a costo cero, pero para liquidarla dura hasta dos años el papeleo y cuesta aproximadamente 40 mil pesos.

Considera menester avanzar en la transparencia en este renglón, ya que seis de cada 10 emprendedores que fracasan no reportan el cierre de su empresa; 37 por ciento recibió propuestas para participar en actos de corrupción y 53 por ciento admitió haber colaborado en hechos de corrupción.

“La idea de llevar a cabo esta reforma, que parte de un análisis del fracaso en los negocios, proviene de una valiosa área de oportunidad para que los emprendedores que fracasen en su intento, tengan certeza jurídica en ese difícil momento y el marco regulatorio no se convierta en un tortuoso camino que desaliente el afán emprendedor”.

Las reservas del diputado Juan Romero Tenorio (Morena) a los artículos 236, 240, 241, 242, 249 Bis y 249 Bis 1, fueron aprobadas en términos del dictamen, por 322 votos a favor y 70 en contra.

Aprobado en lo general y en lo particular, se envió al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

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