19-12-2017.- La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), planteó que las y los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades y municipios implementen protocolos de investigación policial, pericial y ministerial con perspectiva de género, para los delitos cometidos en contra de mujeres, y los homologuen con los expedidos por la Procuraduría General de la República.

Además, sugirió que las entidades federativas y municipios, que cuentan con alerta de violencia de género, destinen los recursos necesarios para implementar las medidas contenidas en la declaratoria.

En su propuesta, que analizan las comisiones de Igualdad de Género y la Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, Plascencia Pacheco refirió que el esfuerzo emprendido por el Estado para erradicar cualquier forma de violencia y discriminación en contra de las mujeres, ha tenido resistencias sociales; principalmente, porque aún persevera una cultura “androcéntrica y machista” que, en muchas situaciones, promueve de forma natural estos actos.

Lo anterior, continuó, tiene como resultado una limitación de facto al libre ejercicio de los derechos humanos de las mujeres; además, coarta sus oportunidades para un desarrollo pleno en todos los ámbitos de su vida, social, política, económica y profesional, entre otros.

La violencia en contra de las mujeres, en cualquiera de sus modalidades, suele presentar un incremento paulatino y sostenido que, llevado al extremo, interrumpe de forma abrupta y cruel la vida de la población femenil, afirmó.

Argumentó que la problemática que experimentan las mexicanas afectadas por delitos de género, se agrava en muchas situaciones por la intervención de un servidor o servidora pública, “que carece de las capacidades y adiestramiento suficientes para realizar de manera idónea su labor en el desempeño de su encargo, mediante la generación de empatía y sensibilidad para comprender la situación contextual a la cual se ve arrastrada la víctima. Esto tiene como resultado que gran parte de los delitos cometidos en contra ellas no sean denunciados ante las autoridades”.

Plascencia Pacheco precisó que la Procuraduría General de la Republica publicó en 2015 dos protocolos para atender delitos cometidos en contra de mujeres, en donde se consagra una serie de directrices que promueven el trato humano y el estricto apego a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares.

De acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres, el ataque más común en su contra es de índole psicológica y el principal agresor suele ser un familiar.

Por ello, apuntó, es necesario que todo el personal encargado de la atención e investigación de los delitos cometidos en contra esta población, cuente con una capacitación en perspectiva de género que le permita “evidenciar y concientizarse de los sesgos culturales que anteponen pensamientos discriminatorios y violentos aplicables a su criterio como servidores públicos”.

Destacó que las entidades y municipios que cuentan con una declaratoria de alerta de género son: Michoacán (en 14 municipios), Morelia (13), Estado de México (11), Veracruz (11), Guerrero (8), Morelos (8), Chiapas (7), Nayarit (7), San Luis Potosí (6), Nuevo León (5), Sinaloa (5), Colima (5) y Quintana Roo (3).

La diputada del PRI consideró que estas acciones no pueden terminar con la violencia, ya que debe haber una retroalimentación, por parte de la ciudadanía y las mujeres agredidas, para perfeccionar y hacer más eficaces las políticas públicas que surgen de la alerta de género, así como contar con los recursos que les permitan implementar dichas medidas, lo cual no solo es obligación de la Federación, sino de las entidades y de los municipios en los cuales ha sido declarada.

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