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Boletín N°. 3162 Comisión de Vigilancia acordó llamar a comparecer a titular de PGR, para que informe sobre sanciones a funcionarios
  • La instancia analizará la razón de que disminuyan las sanciones administrativas y aumenten las denuncias penales
  • Pide Hernández Ramos a PGR “hacer su tarea, porque de poco sirven los hallazgos de la ASFâ€
  • Senado debe acelerar proceso para designar al fiscal del Sistema Nacional Anticorrupción: Martha Tamayo
  • Hay menos sanciones a funcionarios públicos implicados en actos de corrupción: Araceli Damián; en 2009 se rescataban 10 pesos por cada peso auditado, hoy sólo cuatro, sostiene
  • Hace seis años se realizaban muchas auditorías a los estados, y ahora se redujeron 30 por ciento: Corichi García

 

 

28- 02- 2017.- La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), presidida por Luis Maldonado Venegas (PRD), acordó citar a comparecer al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, con el propósito de que informe a los diputados el curso de las promociones de responsabilidad administrativa y sanciones por anomalías en la aplicación del presupuesto.

 

Al mismo tiempo, la instancia legislativa realizará un diagnóstico que explique la disminución de sanciones administrativas en el ejercicio del gasto público y el incremento de denuncias ante la PGR. Preparará un exhorto al Senado de la República para que agilice la designación del fiscal del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y puedan combatirse irregularidades.

 

Maldonado Venegas lamentó que “en el rezago de 70 mil averiguaciones previas señalado por la PGR, se pierdan las 700 que ha presentado la ASF, lo cual se abatiría con la designación del fiscal anticorrupción, cuya única misión será atender ese tipo de denunciasâ€.

 

En reunión con Alejandro Romero Gudiño, titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), los integrantes de la CVASF aprobaron también constituir un grupo de trabajo, que será coordinado por el diputado Independiente Manuel Clouthier Carrillo, a fin de intercambiar información, revisar, enriquecer y validar el método para definir los indicadores de desempeño e impacto que realiza la ASF, los cuales son en total 44 (veinte de desempeño y 24 de impacto) en el marco de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

 

Para dar cumplimiento de esta norma, avalaron el calendario, formato de entrega, análisis y presentación de los informes individuales de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. Asimismo, la programación para que el titular de la ASF rinda los informes parciales correspondientes al 30 junio y 31 octubre.

 

La CVASF acordó promover una reunión conjunta con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con el propósito de intercambiar información y retroalimentarse para identificar cuáles son las desviaciones que pueden prevenirse en el curso del ejercicio del presupuesto de este mismo año, a propuesta de la diputada del PAN, Minerva Hernández Ramos.

 

En otro punto, los integrantes de la comisión aprobaron incluir un artículo transitorio en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para conocer la lista de proyectos de las Asociaciones Público-Privadas (APP), a fin de “poner la lupa en ellosâ€, porque se conoce su participación hasta el cierre del ejercicio, Esta proposición fue presentada también por la legisladora Hernández Ramos.

 

Además, acordaron enviar a la ASF la propuesta para que fiscalice las APP.

 

El diputado Maldonado Venegas destacó que en el marco de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se establece un nuevo método de revisiones parciales del gasto público, con lo que se tendrá información no sólo del ejercicio presupuestal dos años atrás, sino de su aplicación del año en curso (2017).

 

“Esto contribuirá a corregir eventuales irregularidades en tiempo real, al poder identificar una señal ámbar en el ejercicio presupuestalâ€. Por ello, es necesario trabajar con la Comisión de Presupuesto, afirmó.

 

Consideró oportuno entablar reuniones con los ejecutores del gasto, estados y dependencias, para intercambiar información, ya que nunca se les convoca, y analizar aspectos recurrentes presentes en los informes de fiscalización.

 

Destacó la importancia del nuevo marco legal de fiscalización, dentro del cual la CVASF definirá modificaciones en diversos procedimientos como en la Unidad de Evaluación y Control (UEC); la programación de las tres comparecencias del titular de la ASF al año, en lugar de una, y la entrega-recepción de los informes parciales.

 

Sobre la ejecución de la nueva sede de la ASF, comentó que tiene un avance del 50 por ciento, la cual es modelo de lo que debe ser el ejercicio y ejecución de una obra pública al ceñirse a los criterios y normas que lo rigen.

 

La legisladora Hernández Ramos (PAN) pidió que la PGR “haga su tarea, porque de poco sirven todos los hallazgos de la ASF, que con todo y las omisiones y lo reducido del universo de revisión, son valiosos los resultados, sí la PGR no hace lo que le toca ante un daño al erario público de más de 221 mil millones de pesos acumulado a 2014, más 165 mil millones de pesos que se reporta en la Cuenta Pública 2015â€.

 

Resaltó la importancia de sesionar conjuntamente entre la CVASF y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, porque “la ejecución del gasto va de la mano con la vigilancia. Tenemos un presupuesto ficticio, no podemos negarnos ese derecho y facultad: la aprobación del presupuesto y su vigilanciaâ€.

 

Señaló lo valiosa que es la información de la ASF sólo en las revisiones que practica; sin embargo, “muchos de esos recursos presupuestales escapan a su fiscalización. Es necesario contrastar, tanto la existencia de las constantes en las observaciones de la ASF cada año como las arbitrariedades en las transferencias, porque una cosa es lo que aprueba esta Soberanía y otra muy distinta (lo que se ve) al cierre del ejercicio. No se parecen en nadaâ€.

 

Refirió la relevancia de exhortar a la Cámara de Senadores para que acelere el nombramiento del fiscal del Sistema Nacional Anticorrupción. “Vamos a estar sólo en el muro de los lamentos, sin que ocurra nada, mientras no se tenga esa designaciónâ€, advirtió.

 

Del PRD, la diputada Maricela Contreras Julián subrayó la relevancia de que la Cámara de Diputados cumpla su facultad de evaluar y aprobar las Cuentas Públicas, debido al rezago existente. Por ello, urgió a reunirse con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

 

El diputado Independiente Manuel Clouthier Carrillo propuso que ante las condiciones del país se tiene la obligación de fiscalizar las áreas de alto riesgo, merecen atención especial, y estimó que las auditorías del presupuesto deben incluir criterios cualitativos no sólo aleatorios y cuantitativos, a fin de conocer los porcentajes de los sectores que históricamente tienen irregularidades por eventuales desvíos en el ejercicio del gasto. “Debemos irnos a lo importante y fiscalizar con lupa no sólo los montos sino los sectoresâ€, planteó.

 

Por Morena, la legisladora Alicia Barrientos Pantoja solicitó información sobre la definición de los indicadores de desempeño y si once son suficientes para fiscalizar la ejecución del gasto.

 

La diputada Araceli Damián González (Morena) refirió que los indicadores sobre las auditorias del ejercicio del gasto federalizado han disminuido en cuanto a las promociones de responsabilidades administrativas, al pasar de 224 en 2009, a 82 en 2014.

 

Afirmó que “este indicador preocupa, porque significa que el trabajo de la Auditoría genera menos sanciones a funcionarios implicados en actos de corrupciónâ€. Cuestionó si ha mejorado o es un problema de la forma en que se realizan las fiscalizaciones, ya que “hay evidencia de que existe corrupción e impunidadâ€.

 

Comentó que la tasa de recuperación de recursos refleja también una baja, ya que en 2009, por cada peso auditado por la ASF se recuperaba para el erario público casi diez, y en 2014 retornaron cuatro, es un indicador relevante que se estropea. “Esto significa un deterioro de la eficiencia de la Auditoríaâ€.

 

Propuso mejorar la promoción de responsabilidades penales derivadas de las irregularidades detectadas. Preguntó: ¿cuántos funcionarios han sido consignados, cuántos procedimientos penales se han iniciado y cuántas sentencias judiciales se han emitido, y si existen indicadores que midan estos rubros?

 

Por otra parte, en 2009 las recomendaciones emitidas fueron 4 mil 51 y, en 2014, mil 815; “significa que en el primer caso se emitieron 4.8 recomendaciones por auditoría practicada y en el segundo, bajo a 1.3â€. Expresó su preocupación por la reducción en este tipo de propuestas. Urgió a mejorar los criterios de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas en la administración pública del gobierno federal.

 

De Movimiento Ciudadano, la legisladora Claudia Corichi García dijo que es fundamental conocer las causas de que haya menos resarcimientos, ya que hace seis años se realizaban muchas auditorías en los estados, y ahora se han reducido a menos de 30 por ciento, para definir recomendaciones a la ASF. Pidió información sobre las compras de medicamentos por la repercusión en el sector salud y el gasto.

 

Del PRI, la diputada Martha Tamayo Morales señaló la conveniencia de que el Senado acelere el proceso para designar al fiscal del SNA. Llamó a la PGR a presentar cuentas claras de lo que ocurre con los casos de su competencia, sobre responsabilidad administrativa presentados por la ASF. “Será importante conocer cuántos se han aclarado suficientemente y los que están en consignaciónâ€.

 

Alejandro Romero Gudiño, titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la CVASF, reconoció que con las nuevas competencias en el marco de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, “requerimos actualizar los indicadores de la ASF y revisar los existentes para hacerlos más eficientes y cumplir las atribuciones, como la revisión de participaciones fiscales, deuda subnacional y el ámbito de responsabilidades administrativasâ€. Se espera que la ASF defina estos procesos para diseñar los parámetros que se requieran para llevarlos a la práctica, indicó.

 

Presentó a los integrantes de la CVASF dos propuestas del Laboratorio de Políticas Públicas (Ethos), para solicitar a la ASF que lleve a cabo un plan multianual de fiscalización y entregue un informe a dicha comisión, así como el proyecto para estandarizar los criterios de regulación en los 32 estados de la República del gasto federalizado; evaluar la factibilidad de una Ley General de Gasto Federalizado, y homologar los parámetros en los proyectos de APP, mediante una ley general en la materia.

 

 

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