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14- 03- 2017.- La Comisi贸n Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicaci贸n, presidida por la diputada Brenda Vel谩zquez Valdez (PAN), aprob贸 tres opiniones favorables. Las dos primeras, referidas a reformas de los art铆culos 7 y 102 constitucionales, y la tercera, a la Ley para la Protecci贸n a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; a diversas disposiciones en materia de derecho a la informaci贸n y libertad de expresi贸n, y para expedir la Ley General de Protecci贸n a Periodistas. La primera propuesta fue presentada hace unos d铆as por la legisladora Vel谩zquez Valdez, quien plantea reformar y adicionar el art铆culo 7 constitucional, para incorporar el concepto de libertad de expresi贸n al de libertad de difusi贸n. Con ello, busca atender el principio de progresividad para ampliar la protecci贸n y defensa del derecho humano de la libertad de expresi贸n y dotar de facultades expl铆citas al Congreso de la Uni贸n para emitir la legislaci贸n nacional en la materia. La opini贸n precisa que el Poder Judicial de la Federaci贸n est谩 en v铆as de desarrollar la interpretaci贸n jurisdiccional en materia de derechos humanos, conforme al nuevo contexto derivado de la reforma al art铆culo primero constitucional. De aprobarse el dictamen a la iniciativa, se elevar铆a a nivel constitucional la confidencialidad de las fuentes period铆sticas, establece el documento. La segunda opini贸n, aprobada tambi茅n por mayor铆a, se refiere a la iniciativa presentada por el diputado Virgilio Caballero Pedraza (Morena), para dotar de reconocimiento constitucional y autonom铆a en su organizaci贸n interna a la Fiscal铆a Especial para la Atenci贸n de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresi贸n, 鈥渁nte la debilidad institucional mostrada desde su creaci贸n鈥. La Comisi贸n Especial recomend贸 鈥渢omar en cuenta el impacto presupuestal que supone la creaci贸n de unidades administrativas dentro de la Procuradur铆a General de la Rep煤blica (PGR) en las entidades federativas, as铆 como el que representar铆a la autonom铆a de la Fiscal铆a Especial鈥. Refiri贸 que la reforma al art铆culo 102 de la Constituci贸n, propone que la Fiscal铆a Especial cuente con autonom铆a de gesti贸n y presupuestaria, y tenga personalidad jur铆dica, para proteger a defensores de derechos humanos y a periodistas de las agresiones en su contra, adem谩s de crear 32 delegaciones estatales de la misma Fiscal铆a Especial. Plantea tambi茅n la creaci贸n de un Consejo Consultivo integrado por 12 consejeros, cuatro acad茅micos, cuatro defensores de derechos humanos y cuatro periodistas, que durar铆an en su encargo seis a帽os y podr铆an ser reelectos por un periodo m谩s. Los integrantes ser铆an elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la C谩mara de Senadores. La tercera opini贸n, aprobada por unanimidad, consider贸 viable la iniciativa para expedir la Ley General de Protecci贸n a Periodistas y reformar la Ley para la Protecci贸n a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, as铆 como diversas disposiciones en materia de derecho a la informaci贸n y libertad de expresi贸n. Aclar贸 que la creaci贸n de la ley general 鈥渘o supone un impacto presupuestal, debido a que el Fondo y su fideicomiso se encuentran en operaci贸n desde 2012鈥. La expedici贸n de esta norma crear铆a mecanismos de protecci贸n a periodistas en las entidades federativas, ya que el problema m谩s grave de agresiones a este gremio se da a nivel estatal y municipal, e incorpora conceptos internacionales como el derecho a la informaci贸n y los derechos digitales. Asimismo, los conceptos de periodista y colaborador period铆stico dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n, crea una Alerta de Riesgo, prev茅 capacitaci贸n a servidores p煤blicos municipales y una reducci贸n en los tiempos de atenci贸n a v铆ctimas de agresiones. La reforma al art铆culo 11 p谩rrafo I inciso c) de la Ley Org谩nica de la PGR tiene el prop贸sito de armonizar y actualizar este ordenamiento con la expedici贸n del C贸digo Nacional de Procedimientos Penales. Los cambios al art铆culo 21 del C贸digo Nacional de Procedimientos Penales, buscan incorporar los conceptos de colaborador period铆stico y derechos digitales, y que la Fiscal铆a Especial ejerza su facultad de atracci贸n de manera obligatoria para delitos contra personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la informaci贸n o las libertades de expresi贸n. -- ooOoo -- |
