20-03-2017 El presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, diputado José Ignacio Pichardo Lechuga (PRI), expresó que debido a que el país depende de las aguas subterráneas, se necesita una legislación específica para estar en posibilidad de garantizar el derecho humano al agua.

En reunión con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el legislador consideró atinado analizar la posibilidad de crear una ley sobre aguas profundas; “podría ser compleja y ampliamente polémica, pero esta comisión debe reflexionar sobre este asunto”, señaló.

Ángel Antonio Hernández de la Piedra, diputado de Morena, externó su preocupación sobre los costos económicos para poder implementar en el país una nueva administración del agua porque, al día de hoy, se destinan cuantiosos presupuestos.

De Acción Nacional, la diputada Nadia Haydee Vega Olivas destacó que se tiene el reto de plasmar en las leyes lo que en la naturaleza sucede; por ello, resaltó la importancia de construir una norma y velar por los acuíferos transfronterizos y los subterráneos, para atender la demanda del agua.

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios (PRD) mencionó que una nueva ley del agua daría la oportunidad de resolver situaciones fuera de la regulación, como la de libre alumbramiento, manantiales u otros cuerpos diversos. Además, permitiría visualizar si es necesaria una normatividad específica sobre aguas subterráneas.

Pedro Garza Treviño, diputado del PAN, puntualizó que se debe analizar a detalle la creación de una ley de aguas profundas y la situación de los acuíferos transfronterizos. Externó su preocupación por profesionalizar a mexicanos en esta materia.

El investigador del Instituto de Geología de la UNAM, José Joel Carrillo Rivera, expuso que el agua subterránea es un factor crucial para mantener el funcionamiento de ecosistemas y necesidades vitales de la población; representa el 76 por ciento del abasto en el país.

Dijo que la utilidad de los sistemas de flujo del agua subterránea permiten proponer un sentido sistémico para ver el funcionamiento del agua subterránea, el aporte de aguas salinas en zonas costeras, las inundaciones, la calidad del agua, controles al hundimiento del suelo y tener un programa de monitoreo para ver qué pasa con las alteraciones del sistema hidrogeológico.

Destacó la necesidad de tomar en cuenta a la Hidrogeología Moderna, para dar el soporte de sustentabilidad necesario a las tomas de decisión en el país y establecer el funcionamiento del agua subterránea y su relación con el resto de los componentes del ambiente, e integrarlo en la protección de los seres vivos.

“Se necesita un ente-público técnico administrativo para poder buscar un desarrollo nacional más armónico, con planes de ordenamiento territorial dentro del ámbito nacional, para reconocer a los sistemas de flujo del agua subterránea”, indicó.

Del mismo instituto, Rafael Huizar Alvarez explicó que un acuífero es un conjunto de rocas a través de las cuales fluye agua a velocidades y con calidad diferente; además, este cuerpo tiene una geometría definida de manera geológica, química e hidrométrica.

Comentó que es necesario transitar a la actualización de los reglamentos y normas que hoy en día rigen el estudio, la evaluación y la administración del agua, ya que no reflejan la realidad del estado hídrico del país.

Planteó establecer un monitoreo con una rigurosa medición para poder transitar hacia una administración del agua eficiente, debido a que actualmente se considera que la cuenca y el acuífero son lo mismo, cuando en realidad son dos entes diferentes.

El investigador Gonzalo Hatch Kuri señaló que en los instrumentos para la gestión de las aguas subterráneas transfronterizas, sobresale que se les reconoce como cuerpos superficiales o subterráneos, atravesados por fronteras políticas internacionales, es decir, el agua subterránea transfronteriza es susceptible de ser reconocida si tiene una conexión con el agua superficial.

Resaltó que se debe considerar la teoría de flujos en la distribución política de las aguas subterráneas, ya que no es lo mismo distribuir políticamente de forma internacional una cuenca que el agua subterránea.

Dijo que la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos establece que mientras llega la celebración, por los gobiernos de ambos países, de un convenio de alcance general sobre aguas subterráneas en las áreas fronterizas, cada nación limitará el bombeo, dentro de los 8 km de la línea divisora.

Comentó que en el tema de acuíferos transfronterizos, se tendría que tomar en cuenta que es importante definir y evaluar las características de los mismos, el rendimiento sostenible y sustentable del agua subterránea en México, supervisar la distribución y reparto entre los usuarios del país, proponer caudales de extracción y monitoreo, y vigilar la calidad del agua extraída.

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