21-03-2017.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 399 votos reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología para impulsar el desarrollo de vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación que fortalezcan el conocimiento y la investigación de la resiliencia y reducción de riesgos en desastres naturales y los ocasionados por humanos.

El dictamen de la Comisión legislativa del ramo explica que la resiliencia es “la capacidad de los asentamientos humanos para resistir y recuperarse rápidamente de cualquier peligro posible y de volver rápidamente a la situación estable anterior”.

Para ello, señala el documento, es necesaria la interacción entre diferentes actores institucionales, como la academia, para que aporten desarrollo tecnológico, la formación de masa crítica sobre de conocimientos el tema y fomentar el intercambio de experiencias con la sociedad, con el fin de desarrollar planes de mitigación y de adaptación al cambio climático.

Se destaca la importancia de planificar, pues se convierte en una medida de adaptación, y establece que tanto los conceptos como las herramientas de los sistemas de producción climáticamente inteligentes, deben ser parte integrante de un marco legal que permita hacer una contribución genuina y sostenible para afrontar retos como la seguridad alimentaria, mitigación del cambio climático o aumentar capacidades en los países en vías de desarrollo.

Al fijar su postura, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos (PES) indicó que faltan recursos humanos calificados que realicen investigaciones y desarrollen tecnologías que ayuden comprender fenómenos naturales. “Actualmente, la mano de obra calificada debemos traerla del extranjero para que resuelvan las lagunas técnica que debemos enfrentar”.

Se pronunció por invertir en la comprensión y reducción del riesgo de desastres e impulsar la preparación de jóvenes interesados en las tecnologías de la información y que aprovechen sus talentos implementando ideas novedosas que beneficien y prevengan desastres naturales. Además, mejorarán la calidad de vida de la sociedad y darán certeza de cómo proceder en casos de desastres, utilizando recursos humanos propios.

Enseguida, la diputada Mirza Flores Gómez (MC) recordó que hoy se conmemora el Día Mundial del Árbol, lo que nos “pone en situación de centrarnos en lo que nos hace falta, tanto como legisladores como ciudadanos mexicanos, para implementar políticas públicas en beneficio del ambiente”.

Dijo que en México se gasta más de mil millones de dólares anuales en reparar los desastres “porque no prevenimos”; por ello se pronunció por invertir en la comunidad científica para que se aboque al tema del cambio climático, sus efectos y los riesgos que corremos, y sea posible recuperarse con mayor rapidez.

Con su aprobación, la reforma se pone en la gama de las políticas de Estado y la inversión en investigación. “Un país que no invierte en ciencia y tecnología está condenado al fracaso, y a ser el patio trasero y sucio de los países desarrollados”, sentenció.

La diputada Magdalena Moreno Vega (Morena) destacó la necesidad de contar con una visión integral sobre la gestión de riesgos y fortalecer la capacidad de la sociedad para enfrentar y recuperarse de las catástrofes, en un esfuerzo que involucra gobiernos, sociedad civil, sector privado y comunidad científica.

“El impulso del desarrollo de vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación para la resiliencia, debe acompañarse de recursos suficientes que materialicen las voluntades y se extienda el reconocimiento a otras redes científicas y de investigación que contribuyan a generar conocimiento sobre la naturaleza y la sociedad”.

El diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar (PVEM) pidió canalizar mayores recursos a investigación e innovación para prevenir desastres múltiples que amenazan con la desaparición de gran parte del planeta; además, planteó evitar las consecuencias en donde esté de por medio la vida humana, ante amenazas en que ningún esfuerzo y recurso es suficiente.

Precisó la importancia de la armonización jurídica y cumplir los compromisos internacionales en materia de cambio climático signados por México, para establecer programas, planes y políticas públicas en beneficio de la conservación de los ecosistemas y los servicios ambientales que prestan.

Del PRD, la diputada Tania Victoria Arguijo HerreraHerrera afirmó que, debido a su ubicación geográfica, México está sujeto al impacto de diversos fenómenos naturales y antrópicos que anualmente causan importantes daños, pérdidas económicas y vidas humanas.

Enfatizó que la ciencia y la tecnología deben ser prioridad en el país, pues dan ventajas sociales y económicas necesarias para contar con nuevos enfoques de protección a recursos humanos, económicos y naturales; además, se deben brindar herramientas a quienes ya trabajan en el tema de la resiliencia, para fortalecer su hacer y obtener resultados inmediatos, con programas que prevengan daños.

El diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma (PAN) manifestó que con la reforma se busca incrementar la resiliencia y la reducción de riesgos no sólo por desastres naturales, sino por los provocados por el ser humano, como incendios, explosiones, derrumbes, derrames petroleros, que causan pérdidas humanas y económicas invaluables.

Por ello, se manifestó a favor de lograr un marco jurídico operativo para actuar con mayor oportunidad, prevenir, mitigar y atender esos daños. La reforma prioriza políticas relacionadas con el cambio climático, contribuye a alcanzar un desarrollo sustentable y a combatir el deterioro ambiental por la modificación del clima el cambio climático y sus consecuencias nocivas para la humanidad y las futuras generaciones.

El diputado Bernardino Antelo Esper (PRI) resaltó la importancia de legislar e impulsar la resiliencia, pues el cambio climático y los desastres que ocasiona se traducen en graves problemas sociales, económicos y ambientales, que afectan población, infraestructura y sistemas productivos; además, agregó, “la falta de recursos económicos y humanos para investigar ha obligado a buscarlos en el extranjero, desperdiciando el potencial de los mexicanos”.

Pidió fortalecer el conocimiento y la investigación a fin de reducir los peligros derivados del cambio climático, que entre 2001 y 2003 costaron 338 mil millones de pesos. Añadió que 319 municipios del país, “13 por ciento del total”, son vulnerables a impactos por el cambio climático, y advirtió que entre 2015 y 2039 aumentará la temperatura anual hasta en 2 grados centígrados en el norte del país, y entre 1 y 1.5 grados en el resto del territorio nacional, aunado a la disminución de las lluvias hasta en un 20 por ciento.

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