23-03-2017.- La Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del Gobierno Federal, acordó crear un grupo de trabajo, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para analizar modificaciones al artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de evitar prácticas que propicien el desvío de recursos públicos.

En reunión con funcionarios de la ASF, integrantes de esta instancia legislativa convinieron realizar un punto de acuerdo para exhortar a este organismo a informar sobre las denuncias que han presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública, a fin de conocer por qué no se han emitido resultados al respecto.

La presidenta de la Comisión Especial, diputada Claudia Corichi García (MC), indicó que los legisladores están comprometidos con la transparencia, tema recurrente en varias administraciones federales, en estados y municipios, por lo que “tenemos que tomar medidas al respecto”.

Dijo que uno de los temas más polémicos y de principal interés para la ciudadanía, en materia de transparencia y combate a la corrupción, es el de las compras del gobierno federal, por lo que representa un enorme reto.

Por ello, continuó, al refrendar este compromiso, la Comisión Especial vigilará la imparcialidad, la transparencia y los procesos de compras en las licitaciones públicas y en adjudicaciones directas, buscando en todo momento contribuir a erradicar prácticas corruptas en el desvío de recursos.

El auditor especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control, de la ASF, Fernando Cervantes Flores, solicitó a los diputados analizar “a profundidad” el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de “poner candados que permitan evitar actos de corrupción”.

Al respecto, señaló que “las contrataciones de amparo”, a las que hace referencia el artículo primero de la citada norma, la ASF determinó que constituyen un área en la que se registra recurrencia de prácticas que propician el desvío de recursos públicos.

“Actualmente, existen elementos en este precepto que son susceptibles de interpretación de los servidores públicos responsables de aplicar la norma, por lo que se propician actos irregulares”, explicó.

La ASF, precisó, ha detectado que las universidades contratadas bajo este esquema, que recurrieron a mecanismos de subcontratación mayores al 49 por ciento, contribuyeron a encarecer los costos y abrir espacios para prácticas irregulares. En la mayoría de los casos, agregó, no existe evidencia de los bienes y servicios que adquirieron, generando una desviación de recursos.

Por otra parte, refirió que, en cuanto a la compra de medicamentos del IMSS y del ISSSTE, existen funcionarios que no cumplen con sus funciones en la supervisión del abasto de fármacos; sin embargo, no se les sanciona, ya que, “en los últimos 10 años, el 98 por ciento de las promociones de responsabilidades administrativas remitidas a la Secretaría de la Función Pública, se ha desechado”.

Empero, manifestó, la ASF, con el Sistema Nacional Anticorrupción, podrá hacer denuncias penales en cuanto al proceso de responsabilidades administrativas graves y no graves, ya que “el mecanismo actual no ha funcionado”.

Cervantes Flores mencionó que, respecto a las compras de hardware y software, las organizaciones que adquieren este tipo de tecnología no disponen, en ocasiones, de controles, experiencia y conocimientos técnicos apropiados, generando que los proyectos e inversiones fiscalizadas no den los resultados esperados.

El diputado Enrique Rojas Orozco (PRI) dijo que los diputados deben prestar especial atención a la información y los datos que proporciona la ASF y cuidar no interpretar y especular de manera inadecuada.

La diputada Yolanda López Velasco (PRI) preguntó si, ante las deficiencias en el abasto de medicamentos en el IMSS e ISSSTE, se responsabiliza a los funcionarios que no estuvieron pendientes del debido suministro.

La también priísta, Delia Guerrero Coronado, afirmó que las administraciones estatales no hacen los procedimientos a tiempo y adecuados en cuanto al abasto de medicamentos; sin embargo, “la gente piensa que se debe a la falta de recursos”.

Del PAN, Juan Carlos Ruíz García planteó realizar un punto de acuerdo, para solicitar a la ASF la relación de denuncias que ha interpuesto ante la PGR y la Secretaría de la Función Pública, con el fin de conocer por qué estas dependencias no han concluido nada al respecto.

El legislador Jesús Valencia Guzmán (PRD) comentó que es necesario analizar las modificaciones a la Ley General de Adquisiciones de Arrendamientos del Sector Público, así como otros ordenamientos que tengan que ver con pagos a las entidades de la administración pública federal y que pasan a los estados y municipios, porque de lo contrario, dijo, se generará un círculo vicioso.

En su intervención, el director general de Auditoría Financiera Federal “C”, de la ASF, Estanislao Sánchez López, consideró necesario fortalecer el control interno en la supervisión de medicamentos, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ya que entre 2014 y 2015 se registraron diversas irregularidades en la compra de medicinas.

En el caso del IMSS, los hospitales recibieron medicamentos sin actualizar los contratos, lo que generó el aumento en los montos autorizados para los contratos por adjudicación directa.

Respecto al ISSSTE, comentó, el manual de organización relacionado con los medicamentos no se encuentra actualizado para la adquisición de suministro, lo que genera deficiencias en la planeación y programación de medicinas, ya que en 11 meses el abastecimiento fue menor que las necesidades programadas en la demanda nacional, en un rango de 5.1 por ciento.

En materia de las compras de hardware y software, el director general de Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Alejandro Villanueva Zamacona, destacó que no existe una metodología de control en el desarrollo de sistemas que asegure las horas pagadas a consultores que aportan personal programador al desarrollo de estas aplicaciones, a fin de que los desembolsos no sean excesivos.

Por el contrario, señaló, hemos encontrado contrataciones elevadas; por ejemplo, en el caso del IMSS, se ha pagado a una persona, por prestar sus servicios, hasta 170 mil pesos mensuales; en tanto, el ISSSTE ha gastado en los últimos diez años más de 4 mil millones de pesos en realizar expedientes electrónicos.

La directora general de Auditoría Forense, Dora Buchahín Abulhosn, refirió que respecto a las contrataciones que menciona el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, las universidades han reiterado una simulación de actividades que permiten el desvió de recursos económicos.

Precisó que, en el caso de la Universidad Autónoma de Morelos y la del Estado de México, se percibe un modus operandi donde existen contrataciones con entidades para adquisición de equipo y material de apoyo, asesoría especializada en arrendamientos y estrategias de información que subcontratan a proveedores vinculantes entre ambas instituciones educativas.

En 2015, dijo, los proveedores de ambas universidades transfirieron recursos a una misma empresa que, a su vez, trasladó recursos por un total de 440 millones de pesos.

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