• Los integrantes también avalan punto de acuerdo para que las legislaturas de los estados, aceleren la armonización de sus normas con el Sistema Nacional Anticorrupción

28-03-2017 La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Rogerio Castro Vázquez (Morena), aprobó por unanimidad un punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales, Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus empresas subsidiarias y filiales, a los gobiernos y los Congresos de las entidades federativas a que revoquen todas las concesiones y contratos con la empresa brasileña Odebrecht.

El diputado Castro Vázquez explicó que el exhorto plantea que se rescindan y se abstengan de promover y realizar concesiones, contratos, proyectos de prestación de servicios y asociaciones público privadas, en virtud de las diversas denuncias de actos de corrupción presentadas en contra de esa compañía ante autoridades internacionales y nacionales en las que se ha hecho pública la probable participación de servidores públicos mexicanos.

Durante el debate, el diputado señaló que solicitará a la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República a que en el ámbito de sus atribuciones, difunda los avances de la investigación sobre los proyectos en los que haya participado Odebrecht, sus filiales o subsidiarias.

De igual manera, se solicita a Pemex hacer público el estado que guarda el contrato Etileno XXI suscrito con la empresa, sus filiales o subsidiarias, e instruye a la Auditoria Superior de la Federación a iniciar las investigaciones correspondientes para revisar la legalidad de los contratos en que haya tomado parte dicha empresa y haga públicos sus resultados.

“Nos basamos en la experiencias de Brasil, Perú, Ecuador y otros países que han tomado acciones concretas contra este problema de la corrupción en el sector energético” afirmó Castro Vázquez.

La diputada Cecilia Romero Castillo (PAN) subrayó que este exhorto abona a la transparencia y el combate a la corrupción.

El priista Pedro Luis Noble Monterrubio consideró que no se debe ir por la invasión de competencias y señaló que es necesario dejar claro que “se quiere hacer frente a los actos de corrupción”.

Rocío Nahle García (Morena) señaló que todos los contratos de esta firma brasileña tienen visos de corrupción. “En todos los contratos pedían extensión de presupuesto y en todos se los daban; este es el modus operandi que hacían en toda América Latina porque sobornaban a funcionarios desde presidentes de la República hasta funcionarios de mediano nivel”.

Nosotros debemos estar facultados para exhortar al Ejecutivo a que pare sus actos de corrupción y señalar los casos en los que se ha visto involucrada esta empresa.

El diputado Agustín Basave Benítez (PRD) reiteró que en México la corrupción genera una ira social y si no respondemos en esta Cámara no vamos a cumplir nuestra labor de representantes, de ahí la importancia de este punto de acuerdo.

El también perredista Francisco Xavier Nava Palacios, expresó que “se debe ir por los funcionarios públicos involucrados. “No es el Estado, la entidad o el municipio, son personas y redes de corrupción entre los servidores públicos y los funcionarios de la empresa”.

La diputada Yulma Rocha Aguilar (PRI) subrayó que este caso es un ejemplo que “los actos de corrupción no son exclusivos de un orden de gobierno, de un país, pero tampoco son exclusivos de dependencias federales, sino hoy es una empresa privada involucrada. Hemos dejado claro que la aplicación de la ley tiene que ir sin distingos entre particulares o de la función pública”.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano) puntualizó que la corrupción sólo se podrá combatir con sanciones a quienes piden o reciben para generar un contrato o proyecto.

La panista Lorena del Carmen Alfaro García resaltó la necesidad de que la Cámara de Diputados se manifieste al respecto y actúe como un ente fiscalizador y evitar la corrupción.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota (PRI) consideró que con este punto de acuerdo se promueve la transparencia y se pueda seguir las investigaciones pertinentes.

Sus correligionarios Miguel Ángel Sulub Caamal y Ricardo Ramírez Nieto, destacaron que la rescisión no puede ser un acto discrecional, sino que debe estar justificado y motivado, por lo que pidió estudiar las vías para evitar cualquier controversia de parte de la empresa.

En tanto, el diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) dijo que este exhorto es fundamental, pues se cubren todos los niveles de gobierno, lo cual es pertinente para el combate a prácticas deshonestas.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (PES) consideró importante luchar contra la corrupción para que cualquier empresa o funcionario público sea sancionado.

Posteriormente, los integrantes de la comisión avalaron un punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados a acelerar la armonización de sus normas locales alrededor de la reforma a la Constitución y de la normatividad federal, por la que se establece el Sistema Nacional Anticorrupción.

Además, aprobaron un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Contraloría del Estado de México a poner a disposición pública la información relativa a las promociones de responsabilidad resueltas por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2014 respecto del programa “subsidio para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial”.

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