- Modificar el art铆culo 27 de la Ley de Obras P煤blicas pide, Francisco Gallo Palmer, presidente Nacional de AMIC
29-03-2017.- Al inaugurar el foro Nacional para el Fortalecimiento de las Mipymes de la Construcci贸n, la secretaria de la Comisi贸n de Transparencia y Anticorrupci贸n, Daniela De Los Santos Torres (PVEM), dijo que es urgente revertir la corrupci贸n en este sector, por lo que es necesario sacar adelante las reformas a la Ley de Obras P煤blicas. Ante representantes de la Asociaci贸n Mexicana de la Industria de la Construcci贸n (AMIC), la diputada mencion贸 que en el Senado de la Rep煤blica desde 2014, el PRD, PAN y PRI presentaron reformas a la Ley y 鈥渘ecesitamos que salgan adelante鈥. Coment贸 que algunas de las propuestas planteadas tienen que ver con la transparencia en la licitaci贸n y asignaci贸n de obras, as铆 como privilegiar a los constructores mexicanos frente a los extranjeros. 鈥淓s importante privilegiar la obra por regiones, es relevante que los empresarios platiquen con sus legisladores a nivel local para que en esas leyes se privilegie a los contratistas de la regi贸n鈥, asever贸. A fin de inhibir las pr谩cticas desleales, agreg贸, se deben eliminar los contratos de adjudicaci贸n directa y por invitaci贸n, y establecer mecanismos de cooperaci贸n de coordinaci贸n entre la auditor铆a superior y el sistema nacional anticorrupci贸n. Las reformas propuestas a la citada Ley contemplan fomentar la participaci贸n ciudadana en los procesos de contrataci贸n a trav茅s de un Comit茅 de Participaci贸n Ciudadana y del testigo social, figura que se plantea en esta reforma. De los Santos Torres coment贸 que datos del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C (Imco) se帽alan que 鈥渆ntre el 20 y 30 por ciento de la inversi贸n de cada obra se destina a actos de corrupci贸n鈥, por lo que es 鈥渆s algo que debemos atacar y poner sobre la mesa, no cerrarnos a la realidad鈥. El coordinador parlamentario del PAN, Marko Cort茅s Mendoza, afirm贸 que para que el presupuesto p煤blico alcance se debe caminar en una direcci贸n, es decir, autorizar las licitaciones p煤blicas que sean posibles y s贸lo aquellas adjudicaciones de invitaci贸n directa como sean necesarias; plante贸 abrir el proceso al escrutinio p煤blico para que cada vez puedan participar m谩s. Tambi茅n que bajen los topes para que puedan participar en licitaci贸n nacional y competida con montos mucho menores. Coment贸 que uno de los factores que debe contar en las licitaciones es el criterio local. Asegur贸 que 鈥渟i en la licitaci贸n hay condiciones iguales o similares debe privilegiarse al local, porque es muy f谩cil que empresas grandes puedan competir y generen las mejores condiciones y subcontratar, y entonces los que ganan terminan siendo los de siempre鈥. El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (PRI) coment贸 que la reforma con la que se cre贸 el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Informaci贸n P煤blica y Protecci贸n de Datos Personales oblig贸 a expedir leyes secundarias que garantizan que el poder p煤blico se ejerza en una caja de cristal y as铆 combatir la corrupci贸n. Afirm贸 que el pa铆s cuenta con leyes secundarias que obligan a que todo aqu茅l que reciba o ejerza recursos p煤blicos o realice actos de autoridad, debe conducirse de forma responsable y rendir cuentas. Noble Monterrubio consider贸 que con el establecimiento de un esquema de contrataciones abiertas, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se fortalece a las micro, peque帽as y medianas empresas, ya que con esto se podr谩 identificar a los funcionarios que participen en contrataciones p煤blicas. Adem谩s, obliga a que los funcionarios que conozcan de la materia se conduzcan conforme a protocolos de actuaci贸n y reglas de contacto que garanticen integridad. 鈥淓ste logro legislativo deriv贸 en que el pasado 5 de enero se publicara en el DOF el acuerdo de la Secretar铆a de la Funci贸n P煤blica, que establece la obligaci贸n de incorporar a Compranet la informaci贸n relativa a la planeaci贸n de las contrataciones y ejecuci贸n de contratos鈥. Subray贸 que la agenda legislativa y del gobierno de la Rep煤blica est谩n en sinton铆a para erradicar cualquier hecho de corrupci贸n; generar competitividad entre los participantes de procesos de contrataci贸n p煤blica y concretar proyectos conforme a criterios de eficiencia, m茅rito y no relaciones. Sin embargo, a帽adi贸, a煤n faltan dos piezas del Sistema Nacional Anticorrupci贸n fundamentales: la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras P煤blica. Por eso, es relevante la realizaci贸n de este foro, porque con las aportaciones de los representantes de las Mipymes se nutrir谩 la actividad legislativa para fortaler esquemas de contrataciones p煤blicas que den certeza y eliminen espacios de arbitrariedad. 鈥淟a inversi贸n privada en el sector p煤blico es fundamental para el desarrollo econ贸mico del pa铆s, la generaci贸n de infraestructura impacta directamente en la satisfacci贸n de las necesidades ciudadanas, es un tema prioritario; por eso, hemos visto que este gobierno ha sancionado a 38 mil 317 servidores p煤blicos. Queda clara la vocaci贸n de la C谩mara de Diputados en consonancia con las acciones del gobierno de cero tolerancia a quien cometa una falta administrativa鈥, finaliz贸. El diputado priista Carlos Sarabia Camacho afirm贸 que la C谩mara de Diputados har谩 la tarea, 鈥渓os diputados no vamos a hacer algo que no vaya de acuerdo con los microempresarios, pues mi grupo parlamentario siempre ha luchado por las causas sociales鈥. Asegur贸 que su estado, Oaxaca, necesita del respaldo de las micro, peque帽as y medianas empresas, ya que por a帽os ha estado abandonado; ahora toca a ustedes, a帽adi贸, aportar el conocimiento y buena voluntad para beneficio de la entidad. 鈥淣o es posible que en Oaxaca no tengamos una buena autopista, Oaxaca se merece una infraestructura donde los campesinos saquen sus productos y eso depende mucho de las Mipymes鈥, asegur贸. Francisco Javier Gallo Palmer, presidente Nacional de AMIC, pidi贸 a los diputados modificar el art铆culo 27 de la Ley de Obras P煤blicas para eliminar las modalidades de asignaci贸n directa e invitaci贸n restringida 鈥測a que son 茅stas las que permiten la corrupci贸n, facilitan a los empleados la posibilidad legal de beneficiar a sus incondicionales, dejando sin oportunidad a cientos de empresas鈥. Solicit贸 tambi茅n establecer, en la misma ley la obligatoriedad para las dependencias de conformar los comit茅s ciudadanos de fallos. 鈥淪i ustedes modifican la ley, con esto estar谩n salvando al pa铆s de la corrupci贸n m谩s descarada del sistema gubernamental鈥. 鈥淪i se eliminan las facultades de optar por las modalidades de obra por administraci贸n, asignaci贸n directa o invitaci贸n restringida, y establecen que la decisi贸n de escoger las empresas, recaiga en un comit茅 ciudadano, terminar谩 la posibilidad que la ley da a los funcionarios de corromper la contrataci贸n de obra p煤blica鈥, subray贸. Pidi贸 que tambi茅n se modifique el art铆culo 27 Bis de la citada ley, para que los testigos sociales intervengan en los contratos, a partir de 10 mil salarios m铆nimos. Con esto, es necesario modificar los requerimientos en la Secretar铆a de la Funci贸n P煤blica con el fin de incrementar el n煤mero de testigos sociales en cada estado de la Rep煤blica y se verifique que est茅n involucrados los colegios y las asociaciones civiles. Otra ley que es urgente modificar es la Desarrollo Social, para que se incluyan facultades de sancionar a funcionarios y empresarios que no cumplan con sus responsabilidades. Tambi茅n la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Mipymes, que establece en su art铆culo 10 que los recursos federales destinados a la infraestructura p煤blica deber谩n contratarse hasta por un 35 por ciento como m铆nimo a micros, peque帽as y medianas empresas, porque 鈥渆n los hechos no se otorga esa participaci贸n a las Mipymes鈥. Al hablar de la situaci贸n de las Mipymes, indic贸 que de las m谩s de 33 mil empresas de la construcci贸n en el pa铆s, 97.6 son microempresarios y concentran 76 por ciento de personal ocupado; seguidas de las empresas peque帽as con el 13.5 por ciento y las medianas con el 11 por ciento. 鈥淟as Mipymes tienen una gran participaci贸n en la econom铆a nacional y, sin embargo, solo tienen una tercera parte de la asignaci贸n de obra. Como meta deseable, es modificar el esquema de asignaci贸n discrecional de obra p煤blica que se realiza en el gobierno federal, estatal y municipal, para que el porcentaje de asignaci贸n se incremente de 35 a 75 por ciento鈥, a帽adi贸. Hoy, 70 por ciento de las Mipymes no tiene trabajo que permita sostener a las miles de familias que dependen de este sector; por eso, 鈥減edimos la intervenci贸n de los diputados para que legislen en beneficio de las mayor铆as鈥. Sin duda alguna, la inversi贸n en infraestructura p煤blica es el motor econ贸mico que mueve al pa铆s; sin embargo, no se ha ejercido el recurso de acuerdo a las necesidades sociales, finaliz贸. --ooOoo-- |