12-05-2017.- El diputado Enrique Rojas Orozco (PRI) impulsa una iniciativa para reformar las leyes General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de Instituciones de Crédito, a fin de garantizarles el acceso a las instalaciones financieras y un diseño adecuado en los cajeros automáticos.

El legislador subrayó que aun cuando algunos bancos han adecuado su infraestructura para facilitar el acceso a sus servicios, la mayoría carece de estas adaptaciones que permitan la inclusión financiera de las más de siete millones de personas con discapacidades como motriz, visual o del habla.

Con la adición de un artículo 17 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se busca que las instituciones financieras cuenten con un protocolo de amabilidad, cordialidad e inclusión que integre medidas para adecuar su infraestructura y la prestación de sus servicios a las necesidades y los intereses de las personas con discapacidad, de manera que puedan, sin dificultad, ingresar a las instalaciones y hacer uso de los servicios.

Se prevé que dicho protocolo sea revisado y aprobado por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y deberá recomendar, por lo menos, la disposición de espacios de estacionamiento necesarios y preferenciales para el acceso a personas con discapacidad, y de rampas de entrada y para desplazamiento en la institución, con una inclinación no mayor de 45 grados.

Además, asignar personal capacitado para atender de forma cordial y amable; cajeros automáticos al alcance de todas las personas y con un diseño acorde con las discapacidades (altura baja, con teclas en Braille, con sonido) y caja especial adecuada para personas con problemas motrices que requieran estar sentadas o en sillas de ruedas.

También propuso adicionar el artículo 44 Bis 6 a la Ley de Instituciones de Crédito, para que la banca de desarrollo promueva la inclusión de las personas con discapacidad, adoptando el protocolo referido.

Rojas Orozco resaltó que este sector de la población, además de sufrir alguna discapacidad física que le impide desarrollarse libremente, se ve aún más limitada cuando no encuentra espacios en los que pueda interactuar.

“Esto se agrava cuando tienen que realizar trámites en dependencias e instituciones, que no han adaptado su infraestructura ni sensibilizado a su personal para que las personas reciban los servicios y atenciones de manera incluyente”.

Por ello, consideró que las instituciones financieras deben asegurar la accesibilidad a personas discapacitadas. Eso no solamente significa su presencia física en sucursales y cajeros automáticos, sino una infraestructura adecuada para su acceso y el personal capacitado para atenderlos y apoyarlos.

Refirió que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad protege a esta población, pero, la norma, por sí misma, no puede modificar una realidad tan marcada y significativa en un sector específico como es el financiero.

Por ello, es necesario establecer medidas concretas para que exista una real inclusión financiera, al modificar la infraestructura, capacitar y sensibilizar al personal y al eliminar las barreras que frenan el acceso pleno, enfatizó.

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