23- 11- 2017.- Diputados de las Comisiones de Desarrollo Social y de Fomento Cooperativo y Economía Social cuestionaron al secretario de la Sedesol, Luis Enrique Miranda Nava, sobre las acciones implementadas para combatir la pobreza y el hambre, desafíos que requieren el trabajo coordinado de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Pidieron también que el presupuesto se ejerza en su totalidad y de manera transparente, sin desperdiciar recursos públicos.

En la comparecencia del funcionario con motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, los legisladores federales plantearon al funcionario federal los rezagos sociales que sufren grupos vulnerables; la cobertura del seguro a jefas de familia; los mecanismos para concretar de manera correcta los padrones, y evitar la duplicidad en la entrega de beneficios de los programas sociales.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada Marbella Toledo Ibarra preguntó ¿qué se tiene que hacer para que funcione la política social? ¿Cuál es el seguimiento de la Sedesol a los beneficiarios de Prospera en atención médica?, ya que por la inseguridad muchos centros de salud han cerrado y los médicos han abandonado los hospitales. ¿Cuántas familias se han apoyado con el Seguro de Jefas de Familia?, porque muchas mujeres jóvenes con hijos pequeños, y que son el único sustento en la entidad, mueren todos los días.

De Morena, la legisladora Natalia Karina Barón Ortiz apuntó que en Oaxaca 70 por ciento de las personas sufren pobreza. Pidió impulsar una verdadera política social para las mujeres, sin paliativos ni discursos, y preguntó sobre el número de beneficiarios del programa de empleo temporal y por qué el retraso en su aplicación pese a tormentas y temblores, así como el resultado de la denuncia en contra de 493 promotores sociales que participaban en el registro de beneficiarios del programa pensión para adultos mayores.

La panista Ximena Tamariz García pidió al secretario de Sedesol explicar de qué manera contribuirá la política social con la Estrategia Nacional de Inclusión, qué elementos la dota para que no sea una estrategia fallida y de qué manera la utilización del modo estadístico afecta la focalización de los programas de esta dependencia gubernamental.

La priista Alma Lilia Luna Munguía solicitó detallar qué pasó con la Cruzada Nacional contra el Hambre y cuál es su relación con la Estrategia Nacional de Inclusión, ya que uno de los propósitos del gobierno federal es atender a la población que se encuentra en pobreza extrema alimentaria.

El diputado Justo Federico Escobedo Miramontes (PES) planteó realizar políticas públicas que promuevan las causas sociales, y el presupuesto se utilice en su totalidad y de manera transparente, ya que hay sectores que no tienen acceso a lo fundamental, como los campesinos, artesanos, indígenas, adultos mayores y los niños.

El legislador Ángel García Yáñez (NA) resaltó que la forma de acabar con la pobreza es fortalecer las capacidades de los sectores más marginados, entre ellos, el de adultos mayores, ya que prácticamente 10 por ciento de los mexicanos tienen más de 60 años. “Una población que envejece no sólo tiene necesidades de seguridad social, sino también en materia de alimentación, educación, salud, vivienda y servicios públicos”.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, preguntó al funcionario qué ha hecho la Sedesol para concretar de manera correcta los padrones y evitar la duplicidad en la entrega de los apoyos, pues, subrayó, la Sedesol no está excluida de sufrir un hackeo en su lista de beneficiarios. “¿Cuáles son los candados para salvaguardar sus archivos?”, inquirió.

Del PVEM, el diputado José de Jesús Galindo Rosas preguntó si no se considera que se concentra demasiada atención de recursos a las familias Prospera, mientras existen millones de hogares que siguen a la espera de recibir apoyos sociales. “¿No estaremos duplicando o triplicando apoyos, y por tanto, cayendo en el desperdicio de recursos públicos?”.

El diputado Héctor Javier García Chávez (Morena) enfatizó que debido al modelo económico preponderante y a la falta de políticas públicas con sensibilidad, el sector social de la economía no se ha consolidado como una acción de inclusión productiva, laboral y financiera. Cuestionó qué avances se tienen en economía social y por qué no buscó una mayor asignación presupuestal para este sector.

De la misma bancada, la diputada Araceli Damián González aclaró que no comparte la visión que tiene el titular de Sedesol sobre la pobreza ni la estrategia para combatirla, ya que se basa en programas clientelares utilizados políticamente en cada elección. Comentó que su partido no aprobó el presupuesto porque no está prioritariamente destinado a quienes más lo necesitan.

Del PAN, el diputado Santiago Torreblanca Engell consideró que la Sedesol debe generar acciones para disminuir su gasto corriente y que los recursos lleguen a las personas que requieren salir de la pobreza y también impulsar a generaciones subsecuentes. Consideró a la dependencia federal como “una secretaría de operación política”, y pidió saber si existen denuncias sobre actos de corrupción, pues es un importante generador de pobreza.

La diputada Adriana Terrazas Porras (PRI) estimó que no hay espacio para desperdiciar recursos públicos y afirmó que el combate a la pobreza no es sólo de una institución, sino un desafío importante que requiere el trabajo coordinado de los gobiernos federal, estatal y municipal. Pidió saber cómo la Estrategia Nacional de Inclusión crea sinergias para no desperdiciar recursos.

Del PRI, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, enfatizó en la necesidad de que la pobreza no se convierta en botín político y destacó las medidas previstas por el titular de Sedesol para atender esa inquietud. Consideró que los pendientes aún son muchos, por lo que llamó a que la agenda de combate a la miseria sea un espacio de convergencia y acuerdo de todas las fuerzas políticas. “En la Comisión de Desarrollo Social se tiene que discutir la iniciativa del Ejecutivo, pues busca romper el cortoplacismo de la política social, ya que no queremos que cada sexenio se cambie el rumbo del combate a la pobreza”.

Alinear programas de desarrollo social en una sola vertiente, a través de una sola política pública

Al responder a diputados, el titular de la Sedesol, Luis Enrique Miranda Nava, aseguró que se trabaja con Prospera para atender a las familias y mantenerlas en sus comunidades. “No nos asusta ir a los lugares más lejanos; inclusive, hemos tenido pérdidas de compañeros nuestros que van a pagar Prospera y han sido asesinados en el camino, porque les quitan el apoyo destinado a las mujeres”.

Señaló que, en Guerrero, 482 mil 692 familias son beneficiarias de Prospera. El Seguro de Vida de Jefas de Familia atiende a 215 mil mujeres y 57 mil niños y niñas en todo el país reciben ese apoyo debido a que sus madres murieron.

Resaltó la necesidad de alinear los programas de desarrollo social en una sola línea y vertiente, a través de una sola política pública; de otra forma, advirtió, no podemos salir adelante. “No voy a tapar el sol con un dedo ni a decir que Oaxaca no sigue viviendo y teniendo problemas serios de pobreza. Sin embargo, se han generado los esfuerzos necesarios para abatirla”.

Miranda Nava indicó que la Cruzada Nacional contra el Hambre no es un programa que tenga una base presupuestal, sino que es una estrategia de gobierno integrada por 19 dependencias federales, que se encargan de focalizar y localizar a la gente con pobreza alimentaria. Además, pidió confiar en el Inegi y Coneval, pues tienen personal altamente calificado.

Enfatizó que esta cruzada sigue vigente y atiende a cerca de siete millones pobres alimentarios y que la estrategia de la inclusión no sólo se enfoca a la alimentación, sino en los ámbitos de salud, vivienda, seguridad social, educación y la alimentación.

Comentó que existen programas que son irreductibles, como Prospera o Adultos Mayores, y aunque tienen movilidad y van cambiando de nombres, son movibles y dinámicos. Por ello, tienen presupuestos que ya están comprometidos, por lo que el margen de operación para otros se vuelve más complicado.

Expuso que se atienden prácticamente a 5.4 millones de adultos mayores; el Inapam afilió a 1.1 millones de personas, mediante una tarjeta de descuentos preferenciales para acceder a bienes y servicios entre 2016 y 2017; se firmaron 676 convenios con instituciones públicas o privadas para beneficiar a este sector, y se vinculó a más de 20 mil adultos mayores a alguna actividad productiva.

Destacó que los comedores comunitarios atienden a más de 50 mil adultos mayores, 1.4 millones de personas de 60 años y más, y son parte del padrón de Liconsa. De 106 mil millones de pesos que se recibirán en el 2018, el segundo programa más grande a nivel presupuestal es el de este sector.

Miranda Nava explicó que la única forma de tener una base de datos autentificada es asistir directamente a la casa del acreedor del beneficio. “Tenemos que verificar en el campo la viabilidad de los padrones; si no queremos que haya duplicidad, debemos ser cuidadosos en ello”.

El funcionario federal dijo que el 80 por ciento de los recursos presupuestales se destina a dos programas, por lo que es muy difícil atender otros.

Enfatizó que es fundamental una modificación a la Ley General de Cooperativas de gran calado, para avanzar en el desarrollo social, con el objetivo de salir del verdadero problema que es el asistencialismo y la pobreza. “Si nosotros seguimos en esta línea, nunca vamos a salir de esta rueda y de este círculo vicioso. Si no sacamos a estas personas y llegamos al punto final, que es darles trabajo, entonces no podremos salir adelante”.

Para ello, agregó, se necesita invertir y apoyar, y que el gobierno sea el principal impulsor de las miles de personas que quieren poner su propio negocio o formar su propia empresa. “Si nosotros podemos ser impulsores en eso, lo haremos. Pero estamos atados por temas presupuestales”.

Miranda Nava aclaró que las familias en Prospera no son beneficiadas de manera especial. “Son familias que tienen unas reglas de operación para cumplir y acceder a ese programa”. No puede aceptarse a cualquier persona, porque tiene que cubrir ciertos requisitos.

El titular de Sedesol puntualizó que sí hay denuncias por parte de ASF y resaltó la apertura de la Oficialía Mayor de la Sedesol para mostrar gastos del secretario y otros funcionarios de la institución.

Señaló que para disminuir gastos, “en la secretaría, distintos servidores públicos y yo, no tenemos viáticos o comidas autorizados, tampoco hoteles acreditados en ningún estado de la República. Se han creado medidas de austeridad importantes”.

Reiteró su interés en tres temas: blindaje electoral, sociedades cooperativas y la apertura de la Oficialía Mayor de la dependencia.

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