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29-11-2017.- La Comisi贸n de Transparencia y Anticorrupci贸n, que preside el diputado Rogerio Castro V谩zquez (Morena), aprob贸 un dictamen que reforma la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P煤blicos para que la Secci贸n Instructora, en la C谩mara de Diputados, la conformen cinco integrantes. La reforma al art铆culo 11 de dicha norma busca ampliar el n煤mero de integrantes de esta secci贸n, as铆 como la de Enjuiciamiento en el Senado de la Rep煤blica, en lugar de contar con cuatro como actualmente lo establece. El documento, avalado en reuni贸n ordinaria, recuerda que en el pasado reciente, se form贸 una pol茅mica derivada de la falta de resoluci贸n que tuvo la Secci贸n Instructora al abordar casos espec铆ficos. Subraya que el problema de los procedimientos de responsabilidad administrativa y pol铆tica en la C谩mara de Diputados, dependen tanto del tamiz primario que representa la Subcomisi贸n de Examen Previo, como de que la Secci贸n Instructora tenga una conformaci贸n que le permita alcanzar una mayor铆a en la toma de una decisi贸n. El dictamen refiere que la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores P煤blicos se帽ala que la Secci贸n Instructora debe practicar las diligencias necesarias para la comprobaci贸n de la conducta o hecho, estableciendo las caracter铆sticas y circunstancias del caso y precisando la intervenci贸n que haya tenido el servidor p煤blico denunciado en el juicio pol铆tico. Adem谩s, debe realizar las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, as铆 como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoci贸n se solicita en el caso de la declaraci贸n de procedencia y -concluida esta averiguaci贸n-, dictaminar si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado. En ambos casos, a帽ade, la Secci贸n Instructora procede despu茅s de que las acusaciones pasan por un primer filtro: el de la Subcomisi贸n de Examen Previo que es la que establece los antecedentes de la acusaci贸n para determinar si el caso amerita la investigaci贸n e instrucci贸n. Resalta que entre 2003 y 2017 en la C谩mara de Diputados se acumularon 356 denuncias de juicio pol铆tico. La Subcomisi贸n de Examen Previo en marzo pasado, resolvi贸 desechar por prescripci贸n 109 de solicitudes de juicio pol铆tico. La comisi贸n tambi茅n aprob贸 un punto de acuerdo para exhortar al encargado de despacho de la Procuradur铆a General de la Rep煤blica, a publicar el avance de las investigaciones en relaci贸n con las diversas denuncias presentadas por la Auditor铆a Superior de la Federaci贸n, la Secretar铆a de Educaci贸n P煤blica y diputados, derivadas de auditor铆as forenses practicadas a distintas dependencias federales, universidades p煤blicas y el Programa Opciones Productivas a cargo de la Secretar铆a de Desarrollo Social mencionadas en la investigaci贸n period铆stica 鈥淟a Estafa Maestra鈥. Asimismo, solicita al titular de la Secretar铆a de la Funci贸n P煤blica difundir las acciones realizadas mediante los 脫rganos Internos de Control, respecto de observaciones, recomendaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa, que hizo la ASF derivadas de diversas auditor铆as en las cuentas p煤blicas 2013 y 2014, en las que se sustent贸 la investigaci贸n 鈥淟a Estafa Maestra鈥. El documento refiere que dicha investigaci贸n fue realizada por las asociaciones civiles, a ra铆z de las irregularidades detectadas en la Cuenta P煤blica 2013 de la ASF sobre posibles hechos de corrupci贸n entre diversas dependencias de gobierno, universidades y 186 empresas que suman los 7 mil 670 millones de pesos, denomin谩ndola la 鈥淟a Estafa maestra鈥. Dicha investigaci贸n, indica, relata el uso de universidades p煤blicas para destinar recursos a empresas fantasma para realizar los servicios contratados, haciendo notar la triangulaci贸n de los recursos por diversas irregularidades encontradas; la subcontrataci贸n por la totalidad del proyecto o servicio, y el incumplimiento de los requisitos que marca la Ley para la contrataci贸n de adquisiciones, obra y/o servicios. La comisi贸n resalt贸 que la informaci贸n con que se cuenta para dar claridad a lo detectado en las investigaciones realizadas por la Sociedad Civil y las acciones de la ASF es poca; las acciones implementadas por la ASF derivadas de las Cuentas P煤blicas referidas no han sido solventadas en su totalidad. Adem谩s, no existen funcionarios p煤blicos sancionados y se desconoce el estatus que guarda cada una de las dependencias participantes en el desv铆o de recursos. De acuerdo con la SFP, son m谩s de 40 los funcionarios que est谩n siendo investigados y, seg煤n el titular de la ASF, la PGR presenta un rezago de 96 por ciento en averiguaciones por desv铆o de recursos. --ooOoo-- |
