09-10-2017.- El diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez (PRI) impulsa un punto de acuerdo para exhortar al Consejo de la Judicatura Federal, a reforzar medidas de protección para jueces y magistrados federales que resuelven temas relacionados con la delincuencia organizada y el narcotráfico, a fin de garantizar su integridad física y la de sus familias.

El legislador refirió que las amenazas, agresiones y ataques directos son fenómenos cada vez más comunes para impartidores de justicia en nuestro país, sobre todo cuando se trata de casos vinculados con grupos criminales.

La labor de un juez, dijo, es de las actividades profesionales de mayor riesgo debido a que sus decisiones afectan invariablemente intereses al fincar responsabilidades y derechos con sus sentencias.

Señaló que de acuerdo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, la protección cuenta con apoyo y colaboración de la Secretaría de Gobernación, Policía Federal, Ejército Mexicano y Marina Armada de México, así como de la policía capitalina, esto último para jueces que radican en la Ciudad de México.

El gobierno federal, añadió, ha impulsado diversas estrategias para garantizar la integridad de los servidores públicos del Poder Judicial; sin embargo, “se ha detectado que algunos impartidores de justicia tienen que renunciar al proceso o actuar en favor de algún grupo delincuencial o líderes, debido a la poca seguridad o la complicidad de servicios públicos de seguridad con algunas células del crimen se vuelven notorias”.

Sánchez Sánchez indicó que en nuestro país hay alrededor de mil 403 jueces y magistrados, únicamente 79 cuentan con alguna medida de protección, derivado de alguno de los fallos o asuntos que se encuentran resolviendo, indicó.

Precisó que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha tomado una serie de medidas, aunque la mayoría de los funcionarios que tienen una protección, se encuentran en juzgados ubicados en penales federales (Ceferesos) y entidades con fuerte presencia del crimen organizado.

Desde el año 2014, resaltó, el CJF ha puesto en marcha un protocolo de seguridad dirigido a jueces, por lo que a algunos de ellos se les ha provisto de vehículos blindados, escoltas, chalecos protectores y radios de comunicación.

Sin embargo, estas medidas resultan insuficientes pues la gran mayoría no tiene acceso a ellas, a diferencia de países como España, Colombia y Estados Unidos en donde se ofrece una protección prácticamente generalizada, con el fin de garantizar la impartición de justicia.

El diputado priista consideró que las medidas de protección permitirán que lleven a cabo sus actividades de forma segura, imparcial, objetiva y sin interferencias al debido proceso; son una inversión para el Estado de derecho. La ausencia de condiciones mínimas de seguridad representa un obstáculo para garantizar el acceso a la justicia de todos los mexicanos.

Por ello, consideró urgente que se contemple seguridad personal, en algunos casos una evacuación, reubicación temporal, escoltas de cuerpos especializados, protecciones a inmuebles, así como todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los impartidores de justicia.

“En nuestro país no podemos permitir que haya más casos de jueces cooptados, secuestrados o, en los peores escenarios, asesinados”, puntualizó. La propuesta fue remitida a la Comisión de Justicia.

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