• Diputados reciben informe donde se les pide armonizar la normatividad, para darle atención eficaz y eficiente a ese grupo poblacional

12-10-2017.- La Cámara de Diputados recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el “Informe Especial sobre personas mayores en los centros penitenciarios de la República Mexicana”, en donde se destaca que padecen constantes violaciones a sus garantías.

Este grupo en reclusión carece de programas para evitar la discriminación; de infraestructura para atender sus necesidades de ubicación y desplazamiento; de atención a la salud especializada; carencias en las dietas y alimentos conforme a su estado de salud; inadecuada identificación, así como falta de equipos médicos de apoyo para moverse con independencia (andaderas, sillas de ruedas y bastones entre otros).

En el documento enviado a la Comisión de Derechos Humanos, se sugiere armonizar la normatividad entre el Código Penal Federal, códigos penales locales, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Nacional de Ejecución Penal, e instrumentos internacionales en la materia, a fin de brindar atención eficaz y eficiente a esta población y considerarla para fines de libertad anticipada.

Se plantea prever recursos presupuestales pertinentes, infraestructura en los centros penitenciarios conforme a los estándares internacionales para poder garantizar que personas mayores de 60 años, internas o visitantes, puedan tener mejor acceso al establecimiento carcelario.

También, establece la obligación de que los Centros de Reclusión

Penitenciaria cuenten con un registro de personas de más de 60 años que incluya condiciones de salud, necesidades específicas de alimentación, apoyos y ubicación para garantizar el respeto a sus derechos humanos.

La CNDH sugiere promover programas para evitar su discriminación, procurando condiciones de igualdad con respecto al resto de la población en internamiento.

Propone que el Estado, firme y ratifique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores adoptada el 15 de junio de 2015 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, así como aplicar políticas públicas que permitan una vida digna a las personas privadas de la libertad de más de 60 años de edad.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, en los centros penitenciarios hay 5 mil 846 personas mayores, de las cuales 234 son mujeres y 5 mil 612 hombres. Dentro de este grupo de individuos en reclusión, se advierte que 59.03 por ciento tiene entre 60 y 65 años y el 40.97 por ciento más de 66 años.

Comunicaciones

La Mesa Directiva informó de la modificación de turno de la iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, presentada por el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (MC), el 14 de septiembre. Se mandó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción con opinión de la de Atención a Grupos Vulnerables.

Se conoció de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) un acuerdo sobre cambios de integrantes de comisiones ordinarias y grupos de amistad.

Los diputados del PRD, Francisco Xavier Nava Palacios y Ángel II Alanís Pedraza, así como Jesús Sesma Suárez (PVEM), solicitaron retirar de los registros parlamentarios diversas iniciativas que habían presentado.

De la Secretaría de Gobernación (Segob) se recibió el Informe Semestral sobre el uso de endeudamiento de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, correspondiente al primer semestre de 2017. Fue enviado a la Comisión de Energía.

Se turnó a la Junta de Coordinación Política un documento de la Segob sobre la terna del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C., que propone para la designación del Comisario de Petróleos Mexicanos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores remitió el documento que contiene recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas, dirigidas al Estado mexicano en materia de derechos humanos al agua potable y saneamiento. Se canalizó a las comisiones de Derechos Humanos, de Agua Potable y Saneamiento, y de Recursos Hidráulicos.

A su vez, la Consejería Jurídica del Estado de México respondió a un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a asegurar que en los mensajes y recomendaciones preventivas, de preparación, auxilio o recuperación que emitan, se prevea el uso de lenguas indígenas.

La Secretaría General de Gobierno de Jalisco contestó a dos puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, referentes al presupuesto asignado al Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género y sobre la importancia de proteger las abejas para la agricultura.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público se mandó la iniciativa del Congreso de Nuevo León que adiciona la fracción IX al artículo 25 y los artículos 47 Bis y 47 Bis I a la Ley de Coordinación Fiscal, para crear el Fondo de Aportaciones para la movilidad sustentable de las entidades federativas, el cual se determinará anualmente en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 23.26 por ciento de la recaudación derivada de la aplicación de las cuotas por gasolinas.

Del Congreso de Jalisco se conoció la iniciativa que reforma el artículo 419 del Código Penal Federal, a fin de disminuir de cuatro a un metro cúbico la cantidad mínima necesaria para sancionar a quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene, o transforme cualquier recurso forestal maderable o tierra procedente de suelos forestales. Fue turnada a la Comisión de Justicia.

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