24-10-2017.- Diputados de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, Morena, PVEM, MC, NA y PES, fijaron posiciones sobre la destitución del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República, Santiago Nieto Castillo, y las funciones de esta dependencia federal, y también respecto a las nuevas atribuciones de la Fiscalía General de la República.

Al iniciar las posturas, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes (PES) mencionó que, en las últimas semanas, la Procuraduría General de la República ha sido “epicentro de chantajes políticos con un claro propósito electoral” y recientemente se pone en el centro del debate a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, “dos instituciones del Estado a las que sería mejor fortalecer y defender”.

Hizo un llamado al respeto por las instituciones del orden jurídico nacional. “No debe haber lugar para erigirnos en jueces, ni en verdugos ni en fiscales. El debido proceso y la presunción de la inocencia merecen tanto respeto, como la secrecía de las investigaciones o el reconocimiento de las facultades de suplencia. Actuemos con responsabilidad republicana y miremos más allá de la coyuntura electoral”.

Angélica Reyes Ávila, diputada de NA, relató que el pasado 20 de octubre la PGR dio a conocer que el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, actuando en suplencia del procurador, removió de su cargo al titular de la Fepade. Aseguró que “estamos resueltos a respetar las instituciones del país y hacer valer el Estado de derecho. Debemos actuar con estricto apego a la ley y con toda la transparencia, a fin de evitar suspicacias”.

Puntualizó que “no se debe caer en descalificaciones ni en argumentaciones políticas” ante una situación estrictamente jurídica. “El manejo político de este tema sólo abona a la división y al encono. Existen los mecanismos para atender la situación que se ha presentado y el Senado de la República está facultado para escuchar a ambas partes. Seremos respetuosos del proceso y sirva este caso para ejemplificar la necesidad, que impera en el país, de contar con perfiles idóneos al frente de todas las instituciones”.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (MC) resaltó que el país requiere de instituciones fuertes, autónomas, eficientes, honestas y que tengan legitimidad en su actuar; sin embargo, dijo, eso no es la PGR, “debería serlo, porque es la instancia que representa al Poder Ejecutivo para garantizar el Estado de derecho, pero no. Hoy la PGR vive uno de los peores momentos, está inmersa en una crisis de credibilidad brutal. A meses de que se convierta en una fiscalía, la crisis que enfrenta parece solamente un maquillaje gatopardista”.

Subrayó que se necesita no sólo el cambio de nombre de la dependencia y de un titular que se le denomine fiscal; el reto es la transformación institucional, profunda, hacia un modelo que elimine la ineficiencia, la corrupción y la impunidad. “Requerimos y exigimos una institución que verdaderamente procure justicia, solo avalaremos una fiscalía encabezada por una persona probadamente honesta, reconocida por una consulta popular y blindada de los intereses del grupo, de partido, cualquiera que éste sea”.

Del PVEM, el diputado Arturo Álvarez Angli expresó que el tema no es discutir o no la remoción del fiscal especial para los delitos electorales, sino va en el sentido de contar con órganos jurisdiccionales autónomos, independientes y objetivos para todos los mexicanos, sobre todo cuando se ha venido avanzando en un modelo de justicia penal que se sustente en la presunción de inocencia. Transitar de un sistema lleno de abusos y excesos de autoridad, a uno sujeto al marco legal de manera estricta y sin excepciones.

Sostuvo que “Santiago Nieto mintió desde el proceso de su designación, no informándole al Senado de la República, órgano encargado de su nombramiento, que era un empleado de Miguel Barbosa. No puede seguir ni regresar a la Fiscalía. México no merece un fiscal anticorrupción, ni un fiscal general de la República, pero tampoco un fiscal especial para delitos electorales que sea empleado de un grupo de diputados, de senadores o de un partido político”.

Rocío Nahle García, diputada de Morena, expuso que hoy se discute la destitución o separación del titular de la Fepade, pero no es ese hecho, sino el contexto en que se da la separación del fiscal, el cual se da en la corrupción de Odebrecht que aflora en todo el mundo y en especial en cerca de 25 países de América Latina y de África.

“Necesitamos que regrese el fiscal porque estaba haciendo bien su trabajo, porque traía una investigación y porque el caso es gravísimo, es un escándalo internacional. Hoy espero que el Senado restituya al fiscal, y también que el presidente, como jefe del Ejecutivo, tenga una actitud responsable. No estamos nada más para arropar y pasar todo, también estamos para hacer un balance adecuado de poder”, añadió.

El diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) subrayó que el propósito es pugnar por la creación de instituciones y de órganos autónomos que generen y regresen la credibilidad al país. Desde la Cámara de Diputados, dijo, se hace un llamado respetuoso y firme al Senado de la República, para que analice la destitución del fiscal de la Fepade. “No es la protección de un personaje en particular, sino de una institución de buena fe para el país”.

Manifestó que es el momento de decir basta de que la Constitución Política sea violada frecuentemente y de manera sistemática. “No tenemos la competencia directa, pero sí podemos alzar la voz como representantes del pueblo y hacer un llamado a la colegisladora para que restituya de manera inmediata al fiscal en materia de delitos electorales y se nombre también al fiscal en materia de lucha contra la corrupción”.

Por el PAN, el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn destacó que bajo la lógica electoral de 2018, se ha asestado un nuevo golpe a las instituciones. “Está muy claro, la orden para destituir al fiscal electoral viene desde Los Pinos y es así porque les urge dar carpetazo a las investigaciones que la Fiscalía está realizando sobre los vínculos de Emilio Lozoya con Odebrecht y el dinero que, de manera ilegal, se inyectó a la campaña del año 2012, en la que se habla de no menos de un millón y medio de dólares”.

Argumentó que seguirán lo que resuelva el Senado sobre la remoción del fiscal. “El encargado de despacho debe transparentar y demostrar qué fundó y motivó esa resolución. Como dijimos, no a un fiscal carnal electoral. Lo de Santiago Nieto no es un hecho aislado, actualmente no tenemos procurador general de la República, no tenemos fiscal general, no tenemos fiscal anticorrupción y ahora tampoco tenemos fiscal electoral, todo gracias al PRI y su necedad de controlar absolutamente todo para manipular e intervenir en las elecciones del 2018”.

El diputado Braulio Guerra Urbiola (PRI) señaló que el fiscal depuesto, Santiago Nieto, “flagrantemente con sus acciones ha violentado el debido proceso, los derechos humanos y el funcionamiento que requiere una fiscalía de tal envergadura, como es la Fepade”.

Planteó la creación de una Comisión Especial para la transparencia y rendición de cuentas de los recursos de los partidos políticos. “Hay quienes pretenden y quieren sacarle los ojos a la justicia y distorsionarla y no darle la luz, la ética, los principios y la ley para que sean la brújula de nuestro sistema jurídico en el país”.

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