• Se lleva a cabo en San Lázaro presentación del Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales

• Informe destaca que de 136 programas analizados, sólo 14 efectúan de manera óptima su propósito

24-10-2017 La presidenta de la Comisión Bicameral en Materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, diputada Minerva Hernández Ramos (PAN), sostuvo que es fundamental impulsar un consejo fiscal que dé seguimiento a los recursos, a fin de “evitar poner pesos buenos en programas sociales malos”.

Durante la presentación del Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales (INDEP 2017), donde especialistas informaron que ocho de cada diez programas sociales no están en condiciones de resolver el problema que les da origen, la legisladora apeló a detener la dilapidación de recursos, especialmente en programas relacionados con el abatimiento de la desigualdad y pobreza.

Reiteró que actualmente existe una crisis de credibilidad institucional; por ello, es necesario vigilar que los recursos sean manejados con eficiencia, pues lamentablemente los programas sociales vinculados con los derechos humanos son objeto de recortes y omisión en reglas de operación.

“Estamos equivocados en la política pública de carácter social y en la económica y este es un binomio que se tiene que abordar a profundidad, aunque soy escéptica de que este instrumento, es decir, el reporte entregado hoy, sea utilizado en el debate parlamentario para la asignación presupuestal”, reconoció.

Hernández Ramos enfatizó que “este informe índice que se nos entrega reitera que los programas no operan con suficiente trasparencia ni reglas de operación y además, a pesar de ello, se les siguen otorgando recursos y, en sentido contrario, quienes tienen una incidencia favorable son objeto de reducciones presupuestales”.

Apuntó que este acto solamente es testimonial y, aunque se tratará de incidir con un margen realmente escaso, es casi nulo cualquier cambio en los números del presupuesto. Reiteró el compromiso con la trasparencia y la rendición de cuentas.

El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública Vidal Llerenas Morales (Morena) admitió que la Cámara Diputados ha dejado de ser un espacio para discutir la calidad del gasto, ya que “básicamente en los últimos años el presupuesto se ha reducido a las cosas más obvias y ya no hay un análisis de la calidad del gasto”.

El legislador propuso establecer una línea de investigación de programas de seguridad porque este rubro es el más opaco. “Hay partidas de las cuales no hay datos, “se tiene la creencia que lo que se gasta en seguridad está bien, si lo gasta la Armada de México mejor, entonces para qué pedimos cuentas”.

En tanto, el diputado Juan Romero Tenorio, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, manifestó que lamentablemente “existe una práctica de manipular y torcer la ley para no cumplir con el objeto de la misma, lo cual deja un estatus fallido, donde no tenemos respuesta de nada”.

Ante este escenario, continuó, en la discusión presupuestaria sólo se modificará en función de una nueva asignación al tipo de cambio y estimación a la producción petrolera, donde en forma artificial se suben 43 mil millones de pesos, pero en realidad no se altera.

En la presentación del INDEP 2017, Alejandro González Arreola, director general de la Asociación Gestión y Cooperación (Gesoc), destacó que bajo las condiciones actuales, ocho de cada diez de los programas sociales no están en condiciones de resolver el problema público que les da origen, “esa es la realidad de la política social”.

Apuntó que para el 2017 se aprobó un presupuesto de 870 mil 051 millones de pesos para el funcionamiento de 136 programas y acciones federales de desarrollo social que integran la política en la materia del gobierno federal.

Destacó que la importancia de hacer este tipo de trabajos es vigilar lo que se hará en el 2018, que será un año de reconstrucción por los sismos y donde el Congreso tiene previsto asignar un incremento sustantivo de 40 mil millones de pesos, los cuales seguramente se destinarán a través de los programas sociales.

Este índice refleja, en una escala numérica que va de 0 a 100, el nivel de desempeño de cada programa, entendido como su capacidad para resolver el problema público que atiende.

Con este estudio se busca visibilizar los resultados de los instrumentos de monitoreo de los programas públicos federales, recuperar el sentido de dichos instrumentos, promover evidencia histórica sobre el desempeño de las políticas públicas que permita a los tomadores de decisiones evaluar la pertinencia y desarrollo de los esquemas de apoyo social, así como fortalecer la transparencia y rendición de cuentas.

Explicó INDEP 2017 es una herramienta ágil, sencilla y de fácil acceso que permite conocer, valorar y comunicar el desempeño de 136 programas y acciones federales de desarrollo social que integran la política social del gobierno federal.

En tanto, Lorena Cortés Vázquez, directora ejecutiva de GESOC, informó que de los 136 programas que fueron analizados, sólo 14 efectúan de manera óptima su propósito y once poseen un alto potencial de desempeño, es decir, tiene alto cumplimiento de metas, pero no cuentan con el presupuesto suficiente para su operación.

Por otra parte, ocho programas tienen algunos problemas de mejoramiento porque están limitados en sus metas y los recursos no permiten resolver el problema que les dio origen. En tanto, 42 programas reportan bajos niveles de cobertura de su población potencialmente beneficiaría y su avance es mediocre.

Asimismo, existen 35 programas que presentan un bajo nivel de cobertura, pues no están en condiciones de resolver el problema que les dio origen a pesar de que cuentan con un alta calidad en diseño y reportan buenos avances; mientras, 26 presentan problemas de opacidad, lo cual es un problema, ya que obtienen recursos de alrededor de 86 mil 346 millones de pesos, lo que representa el 9.92 por ciento del total para apoyos en materia social.

Ante este panorama, el INDEP 2017 realizó las siguientes recomendaciones: endurecer las medidas de trasparencia y rendición de cuentas en el presupuesto de los 26 programas que no presentan la información mínima necesaria para estimar su desempeño, blindar los recursos de los programas que tienen un desempeño óptimo y alto potencial, pues el Ejecutivo propone una reducción en términos reales del -1.4 por ciento, es decir, 5 mil 083 millones de pesos.

Así también, incrementar presupuesto a 44 programas con medio, bajo y escaso desempeño y mandatar dentro del Decreto del Presupuesto una agenda de mejora sustantiva pública y para los 33 esquemas con muy baja cobertura una revisión integral de su política social para evitar niveles de dispersión.

Además, solicitar una revisión profunda de 44 programas sociales que han mostrado un desempeño deficiente, ya que para el 2018 se estima una asignación de cerca de 94 mil 816 millones de pesos para que una parte de estos fondos puedan ser utilizados en el proceso de reconstrucción de los daños producidos por los sismos de septiembre.

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