28-09-2017 La Comisión de Seguridad Pública aprobó un dictamen que modifica la Ley de la Policía Federal en su artículo 31, a fin de que el responsable de la Unidad de Asuntos Internos de dicha institución de seguridad cuente, preferentemente, con experiencia probada en materia de derechos humanos y se mantenga actualizado en dicha materia.

El presidente de la instancia, diputado Jorge Ramos Hernández (PAN), reconoció la importancia de la reforma, que instaurará en la ley que el responsable de esa área sea apto para ocupar el cargo, y lo obligará a mantenerse vigente en cuanto a sus conocimientos.

La instancia legislativa consideró que esa autoridad debe manifestar su compromiso con el respeto a los derechos humanos, con el objetivo de que pueda desempeñar una buena labor, principalmente, en un país en el que las violaciones de derechos son sistemáticas.

Deberá ser un especialista en materia de responsabilidad de servidores públicos, ya que es obligación de la Policía Federal ejercer un actuar más eficiente y la defensa de las normas.

Refirió que pese a la existencia de instancias como la Unidad de Asuntos Internos, los derechos de los policías o de los ciudadanos que denuncian actos de abuso de autoridad y corrupción, no son garantizados plenamente.

Se estima que hasta dos mil elementos policiales han sido cesados injustificadamente y existe un sin número de señalamientos sobre impunidad en las acciones de algunos policías.

Solicitan a Congresos estatales sancionar uso indebido de llamadas de emergencia

La Comisión de Seguridad Pública también aprobó un punto de acuerdo que exhorta a los Ejecutivos estatales a que, en coordinación con sus Congresos locales homologuen y, en su caso, incluyan en sus códigos penales, sanciones al uso indebido de los sistemas de llamadas de emergencia.

El presidente de la instancia legislativa, Jorge Ramos Hernández, dijo que apelando a que el buen uso de los servicios de emergencia no es sólo una tarea de seguridad, sino de conciencia social, es necesario informar a la comunidad sobre el costo de una falsa llamada, no sólo en términos económicos, sino respecto a la distracción del personal operativo que pudiera atender emergencias en las que esté en riesgo la vida de las personas.

El reporte de hechos falsos para movilizar en vano a policía, bomberos, personal de urgencias médicas o protección civil por vía telefónica, es una conducta recurrente que provoca pérdidas materiales y distrae de verdaderas urgencias.

Ramos Hernández apuntó que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de Álvaro Vizcaíno Zamora, en enero de este año, de 8.6 millones de llamadas de emergencia recibidas, el 75 por ciento resultaron falsas.

El legislador consideró alarmante que desde la implementación del número único para los servicios de emergencia (911), el 3 de octubre de 2016, 9 de cada 10 llamadas que se han hecho en todo el país son apócrifas o improcedentes.

Asimismo, en el primer semestre del 2016 se recibieron 58 millones 924 mil 507 llamadas, el 90 por ciento fueron desacertadas, y hay un incremento notorio durante periodos vacacionales escolares.

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