• Deseable lograr armonización normativa en todos los países de Centroamérica y El Caribe: titular de CNDH

19-04-2018.- El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, consideró determinante continuar los esfuerzos y la convicción para consolidar la vigencia y el respeto de los derechos humanos, pues es un tema inaplazable en nuestro tiempo.

El legislador resaltó la importancia de cerrar las brechas políticas, jurídicas y sociales, a fin de que la integración entre naciones, en favor de los derechos de las personas, sea cada vez más sólida.

“En una época en la que el quehacer político tradicional, con o sin razón, se ve cuestionado por nuevos actores sociales, es indispensable exponenciar la labor cotidiana de los parlamentos, revalorar el diálogo y la búsqueda de consensos, así como generar acuerdos en lo fundamental; en otras palabras, hacer política”, manifestó.

En la sexta reunión de la Comisión Interparlamentaria de Derechos Humanos del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (Foprel), hizo votos por que los encuentros entre naciones y sus congresos, mantengan el propósito de afrontar los retos regionales de manera conjunta y con una sola visión.

Los espacios de diálogo, dijo, invitan a determinar directrices y tomar decisiones que contribuyan a lograr mejores condiciones de vida, satisfactores y convivencia social y política.

Romo García apuntó que los objetivos originales del Foro aún son válidos, ya que proponen crear mecanismos ágiles de consulta entre Poderes Legislativos, generar iniciativas encaminadas a fortalecer los marcos jurídicos, así como promover el desarrollo de estudios legislativos.

“Hace ya casi 24 años que este foro existe, actúa y genera experiencias positivas para nuestros pueblos y contribuye a elevar la calidad del trabajo parlamentario sobre temas comunes”, comentó.

Resaltó que más allá de los objetivos específicos, la conformación del Foprel cobra gran importancia por el intercambio de experiencias y propuestas entre parlamentos.

Finalmente, el diputado presidente reconoció la generación de acuerdos y propuestas para mejorar la legislación de los países de la región. “Se trata de enriquecernos unos a otros, a través de las visiones distintas de cada país ya que, sin duda, tenemos como fin la protección del ser humano”.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Armando Luna Canales, explicó que en el encuentro interparlamentario se abordarán distintos temas deben atenderse de manera conjunta y coordinada en aras de lograr mejores resultados y la protección de nuestros connacionales, particularmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que los coloca en un riesgo latente de padecer trasgresiones a sus derechos humanos.

Detalló que los trabajos de esta reunión se enfocan en tres importantes temas: respeto a los derechos humanos de las mujeres, retos y desafíos del combate a la tortura y la desaparición de personas, así como asignaturas pendientes del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria.

Se pronunció en favor de que el diálogo y las reflexiones que se generen, sirvan para que nuestros congresos, y ante los gobiernos de sus países, impulsen medidas legislativas y políticas que coadyuven a la solución de los problemas comunes y para establecer sinergias que ayudan a abordar estas temáticas de manera conjunta con mayor efectividad y eficiencia.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez (PRI), resaltó que este encuentro permitirá profundizar en el análisis de la situación de los derechos humanos en los distintos países integrantes.

Hizo votos para que las conclusiones de este evento abonen a la protección y mejora de los derechos humanos en la región.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, manifestó que en el ámbito legislativo lo deseable es lograr la armonización normativa en todos los países de la región centroamericana y del Caribe.

El propósito es generar un piso común que permita combatir bajo bases semejantes la violencia y discriminación en contra de las mujeres, prevenir y sancionar la trata de personas en sus distintas modalidades, así como proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Destacó la importancia de atender la problemática de menores no acompañados en contexto de migración internacional, ya que al no existir registros adecuados sobre ese hecho, se dificulta poder identificar, ayudar y proteger a esa población, lo que genera un entorno propicio para la violación de sus derechos humanos, que sean objeto de violencia y abusos, o bien, que puedan ser captados con mayor facilidad por el crimen organizado.

Afirmó que las violaciones a los derechos humanos que sufren las personas en la región, están frecuentemente vinculadas con problemáticas como violencia, inseguridad, exclusión, precariedad, debilidad del estado de derecho, bajos niveles educativos y desigualdad. “Ojalá en los esfuerzos que realiza la Foprel se tomen en cuenta medidas para atacar las causas que ocasionan o esos problemas”.

Dijo que la integración y atención de una agenda común en materia de derechos humanos para los Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, debe asumirse como una medida indispensable para mejorar el reconocimiento y vigencia de los derechos fundamentales en la zona.

El Foprel, aseguró, abre una ventana de oportunidad, no sólo para el intercambio de impresiones, sino para la pronta implementación de acciones conjuntas, partiendo de la realidad que se vive en la región.

Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que a nivel regional existen desafíos compartidos que deben ser enfrentados por los poderes Legislativos como la violencia, impunidad y corrupción. “Son tres grandes retos que están cuestionando fuertemente los sistemas democráticos en toda América Latina junto con la discriminación, la desigualdad y la pobreza”.

Asimismo, agregó, la situación de los pueblos indígenas, los movimientos migratorios y el desplazamiento interno forzado de muchas poblaciones; por ello, consideró que se debe impulsar el intercambio de buenas soluciones y el aprendizaje mutuo y también de lo que no ha funcionado.

Afirmó que el trabajo del Poder Legislativo puede tener un impacto positivo en la situación de derechos humanos en varios ejes de su actuación como la armonización legislativa con los estándares internacionales; el goce real de los derechos a través de las decisiones presupuestales; representa un importante lugar para el diálogo y la construcción conjunta que debe contribuir a la cultura democrática de un país y tienen un importante rol del control del Poder Ejecutivo.

Enfatizó que en México, en la Legislatura que está por terminar, “podemos observar que las leyes que han sido objeto de discusiones amplias e inclusivas de las distintas opciones políticas, con importantes aportes de la sociedad civil y de las víctimas de violaciones de derechos humanos, han contribuido de manera destacada a esta cultura de derechos humanos”.

El secretario ejecutivo del Foprel, Santiago Ulises Rivas Leclair, consideró necesario homologar la legislación en los países integrantes del Foro, a fin de hacer frente a problemáticas como la violencia contra las mujeres, la migración de infantes no acompañados y la trata de personas.

Detalló que según la Unicef entre 2015-2016, en 80 países se han registrado 300 mil menores migrantes no acompañados, por lo que el tema cobra vital relevancia.

Informó que el Foprel trabaja en alianzas especializadas con organismos como Unicef, FAO, Unicef, el Banco Interamericano de Desarrollo, Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y la Unión Europea.

Reconoció que hay pasos importantes que han fortalecido la garantía de los derechos humanos en la región de Centroamérica, aunque han surgido nuevos retos.

Leticia Bonifaz Alfonzo, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comentó que el Poder Judicial en México ha sido detonador de políticas públicas encaminadas a garantizar los derechos humanos.

Resaltó la importancia de abordar temas de seguridad, principalmente en la frontera sur de nuestro país, donde existen violaciones sistémicas a los derechos de migrantes.

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