• Deben fortalecerse rubros ante constante pérdida de nuestro patrimonio natural y deterioro de calidad de vida

24-04-2018.- La Cámara de Diputados aprobó por 348 votos un dictamen por el que las entidades federativas contarán con instituciones estatales especializadas en procuración de justicia ambiental, cuya adscripción orgánica y naturaleza jurídica, deberá determinarse de acuerdo a las disposiciones que para tal efecto emitan.

La reforma al artículo 189 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente, destaca que pese a la estructura de nuestras autoridades ambientales, quedan rubros que deben fortalecerse ante la constante pérdida de nuestro patrimonio natural y el consecuente deterioro de la calidad de vida de las y los mexicanos.

El documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, refiere que los cambios globales del clima evidencian nuestra vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos extremos como sequías, huracanes, inundaciones y demás afectaciones al medio ambiente y sus recursos naturales provocadas por la intervención del ser humano.

Frente a esta situación, “resulta indispensable, además de la armonización de nuestra legislación ambiental adaptada a las exigencias presentes, fortalecer a las autoridades ambientales en todos los órdenes de gobierno”.

El dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, resalta que actualmente sólo Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas, han establecido instituciones especializadas en la procuración de la justicia ambiental.

Consecuentemente, los restantes 14 estados de la República Mexicana no cuentan con una procuraduría ambiental que ejecute acciones indispensables para la protección y vigilancia de los recursos naturales existentes en sus territorios.

Ante ello, la reforma permitirá establecer la obligatoriedad de las entidades federativas a contar con instituciones estatales especializadas en materia de justicia ambiental.

Destaca que tanto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cuentan con representación, a través de delegaciones en todos los estados; sin embargo, la propia distribución de competencias les impide dar atención a una serie de problemáticas por ser competencia local.

Por lo anterior, la reforma facilitará y estandarizará los mecanismos de participación ciudadana en materia de denuncia popular, que permita a la sociedad colaborar de manera activa en posibles delitos que pongan en peligro el ecosistema.

El dictamen precisa, en uno de sus artículos transitorios, que los estados contarán con un plazo de 365 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para el establecimiento de dichas instituciones estatales.

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