26-04-2018.- La Cámara de Diputados avaló con 320 votos a favor y uno en contra, el dictamen que permite la reincorporación de agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales de la Federación, estados y municipios, separados de sus cargos y demuestren en un juicio su inocencia o despido injustificado.

El documento que reforma y adiciona la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política y enviado al Senado de la República para sus efectos Constitucionales, precisa que dicha reincorporación no procederá cuando el servidor público haya sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública emitirá dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de este decreto, los lineamientos correspondientes para la certificación y condiciones de reingreso para servidores públicos que se encuentren en esta situación.

La finalidad es modificar la norma prohibitiva prevista en la Carta Magna que contraviene los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y crea una de las condiciones necesarias para el fortalecimiento de las instituciones civiles encargadas de la seguridad pública en el país.

No se apoya la permanencia de agentes policiales que infrinjan la ley, sino exclusivamente velar por el fortalecimiento de las corporaciones, otorgando estabilidad en el empleo a elementos que conforme a derecho, cumplan con su función, y en el presupuesto base para el mejoramiento de sus condiciones laborales.

Se cambia el texto constitucional por uno más garantista en favor de dichos servidores públicos, además se armoniza la Carta Magna con los estándares internacionales más altos en materia de derechos humanos.

El documento expone que a la más alta inseguridad en materia de empleo, se le suman los bajos sueldos y el gran riesgo que implica combatir al crimen organizado de estos días, lo que lejos de permitir que más y más mexicanos con valores aspiren a ingresar y permanecer como Policías Federales de carrera, provoca la desarticulación de los cuerpos policiales, con la consecuente incorporación de las fuerzas militares en las funciones de seguridad pública y lo que esto conlleva en perjuicio de la sociedad civil.

Sugiere tomar medidas, dentro de las cuales se puede estimar el reconocimiento social a la función policial y el consecuente mejoramiento de las condiciones legales que actualmente imperan, ya que, partiendo del rechazo y menosprecio institucional de las corporaciones policiacas, no es posible pretender su dignificación, menos el reclutamiento de personas con el perfil necesario para ingresar y permanecer en la carrera policial.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Daniel Ordoñez Hernández (PRD), expresó que se garantiza y otorga el derecho humano al trabajo.

Relató que este artículo no le permitía a los cuerpos policiales, a los agentes del Ministerio Público y peritos que habían sido cesados de sus funciones reincorporarse a las mismas, a pesar de que hubiesen acreditado ante los tribunales correspondientes, su inocencia o despido injustificado.

“Esto iba en contra de la garantía del derecho al trabajo y estamos haciendo la corrección eliminando por completo esta disposición que no les permitía reintegrarse a su trabajo aun acreditando ante las instancias correspondientes, su inocencia o que se trataba de un despido injustificado”, enfatizó.

Desde su curul, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC) expresó que hoy se hace justicia a los policías del país, Ministerios Públicos y peritos, pues se pone en concordancia el 123 constitucional con el 1, 14, 16 y 20, “precisamente para darles derechos y respetarles sus garantías a quienes día con día arriesgan su vida, pues sólo el año pasado perdieron la vida más de 500 policías”.

Este es un primer paso para replantear el modelo de seguridad y de justicia, y para que en el país realmente haya seguridad. “Se requiere reconocer los derechos humanos a quienes dan la vida día con día y a quienes arriesgan la seguridad de sus familias”.

María Gloria Hernández Madrid, diputada del PRI, señaló que a partir de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, la función policial, los peritos y los agentes del Ministerio Público tuvieron que transitar por situaciones complejas, toda vez que sus derechos humanos estaban siendo de alguna manera dejados de tomar en cuenta.

Esta reforma les permitirá realizar a cabalidad su función. “Hemos cumplido una deuda que teníamos con ellos”, abundó.

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