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05-08-2018.- El diputado Jos茅 Refugio Sandoval Rodr铆guez (PVEM) propuso un exhorto para solicitar a los Congresos locales, que a煤n no lo han hecho, armonizar a la brevedad su legislaci贸n con las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupci贸n (SNA). Lo anterior, debido a que en cuanto a objetivos generales, s贸lo 16 de las 32 entidades del pa铆s cumplen totalmente con las premisas del SNA, mientras que el resto coincide s贸lo parcialmente. La corrupci贸n, afirm贸, se ha convertido en el gran malestar social, pues representa un fen贸meno atemporal y omnipresente que obstaculiza el correcto funcionamiento del Estado y sus instituciones. El legislador, secretario de la Comisi贸n de Desarrollo Metropolitano, consider贸 fundamental continuar los esfuerzos para lograr asentar un sistema coherente y bien coordinado, con el objetivo de hacer frente al flagelo que significan los actos deshonestos. En su punto de acuerdo, presentado en la Permanente y turnado a la Primera Comisi贸n -Gobernaci贸n, Puntos Constitucionales y de Justicia- refiere que Transparencia Internacional coloc贸 a M茅xico en el lugar 95 entre 168 pa铆ses en el 铆ndice de percepci贸n de corrupci贸n a nivel mundial y en el sitio 11 de los 22 pa铆ses de Am茅rica Latina. Esta medici贸n nos otorg贸 s贸lo 35 de 100 puntos en lo relacionado a c贸mo se combate esta pr谩ctica, lo mismo que en 2014, y un punto por arriba de lo registrado en 2012 y 2013. Asimismo, M茅xico ocupa el 煤ltimo lugar en esta materia entre las naciones que conforman la Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y el Desarrollo Econ贸micos (OCDE), y nos separan 86 y 79 lugares respectivamente, de nuestros principales socios comerciales, Canad谩 y Estados Unidos. Rodr铆guez Sandoval record贸 que el SNA entr贸 en vigor en julio de 2017, con el prop贸sito primordial de prevenir, detectar y sancionar hechos corruptos, as铆 como fiscalizar y controlar los recursos p煤blicos; sin embargo, 鈥渁煤n estamos lejos de contar con un andamiaje completo que funcione plenamente鈥. Asegur贸 que poner en marcha el SNA no s贸lo implicar铆a una inversi贸n de recursos humanos y financieros, sino tambi茅n una enorme labor legislativa para armonizar las disposiciones jur铆dicas que sustenten la actividad del propio sistema. Se帽al贸 que 鈥渄ebemos reconocer que todos los esfuerzos no han sido suficientes, ya que la corrupci贸n en M茅xico a煤n es un obst谩culo para el desarrollo, as铆 como para el ejercicio pleno de derechos鈥. 鈥淟a magnitud de la corrupci贸n e impunidad es enorme. Ni un s贸lo pa铆s est谩 libre de este tipo de pr谩cticas, pero ello no puede servir de consuelo, especialmente cuando por este problema se pierde una cantidad de dinero diez veces mayor a la dedicada a la asistencia social鈥, concluy贸. --ooOoo-- |
