La diputada Cecilia Soto González, presidenta de la Comisión de la Ciudad de México, propuso crear la Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, a fin de impulsar su crecimiento incluyente, funcional y eficiente, así como permitir una convivencia ordenada y armónica que mejore las condiciones de habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y calidad de vida.

La iniciativa, turnada a la Comisión legislativa correspondiente, plantea establecer mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones metropolitanas para la prestación de servicios públicos entre la Federación, la Ciudad de México, sus demarcaciones territoriales, al igual que los estados y municipios conurbados.

El ordenamiento reglamentaría el artículo 122, apartado C, de la Constitución, a través de 48 artículos y 12 capítulos que englobarían aspectos generales, naturaleza jurídica, estructura gubernativa, mecanismos de planeación del desarrollo y las acciones regionales para la prestación de servicios públicos.

El documento precisa que el alcance territorial es la escala metropolitana actual para el Valle de México, la cual abarca 88 municipios del Estado de México e Hidalgo y 16 demarcaciones de la Ciudad de México.

El proyecto busca regular la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, así como definir mecanismos e instrumentos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales.

Estipula medidas de coordinación para proteger, preservar y recuperar la biodiversidad, los ecosistemas y el patrimonio genético, atendiendo a criterios de sustentabilidad y reversión de daño ambiental; minimizar la huella ecológica en términos de emisión de gases de efecto invernadero; garantizar la recarga de acuíferos, incrementar áreas verdes, recuperar suelos y resiliencia ante fenómenos naturales, así como impedir la contaminación de aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y de cualquier tipo.

Impulsa una política habitacional con base en la ordenación territorial que asegure el derecho a la vivienda adecuada y favoreciendo la integración social; promueva, además, la conectividad con acceso universal, equitativo, asequible, progresivo y gratuito en el espacio público y garantice la movilidad en condiciones de máxima calidad, y la seguridad de las personas con medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgo.

Plantea que en toda política y acciones se respeten los derechos humanos en general y específicos sobre los pueblos y comunidades indígenas; igualmente, que serán de observancia obligatoria los principios de derechos humanos, de transversalidad de la política pública, interculturalidad, sociales, económicos, ambientales y del ejercicio de la función pública.

Estipula las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, el cual deberá acordar acciones en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte y tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, así como la seguridad pública.

Refiere que el Consejo incorporaría representaciones municipales y de demarcaciones territoriales, mediante coordinaciones para su toma de decisiones, y se ampliaría con las autoridades federales y estatales cuando se trate de recursos del Fondo Metropolitano.

Indica que este modelo de gobernabilidad metropolitana permite una mejor viabilidad metropolitana del Valle de México, la coordinación de políticas públicas y recursos financieros; la planeación del desarrollo metropolitano y su ordenación territorial, y la instauración de mecanismos de gobernanza metropolitana.

Además, aseguraría que toda política y programa metropolitano incluya la perspectiva de interculturalidad, el respeto e inclusión de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, barrios originarios, comunidades complementarias y personas en movilidad humana, así como establecer bases para coordinar la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno.

Define conceptos como Asentamientos humanos, lnterculturalidad, Justicia distributiva, Movilidad urbana, No regresividad y Progresividad, los cuales serían rectores y se aplicarían en toda política y acciones de gobierno, previendo el respeto a los derechos humanos en general y los específicos sobre los pueblos y comunidades indígenas.

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