04-12-2018.- La Cámara de Diputados exhortó al gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a dar pronto esclarecimiento, y deslindar responsabilidades, a los hechos ocurridos durante el operativo instrumentado en San Juan Ixhuatepec, el 11 de noviembre del año en curso, y determinar la reparación urgente y perentoria de los daños materiales, físicos y psicológicos a las personas agraviadas.

La petición fue modificada para que ambas instancias también informen a la Cámara de Diputados sobre el uso de la fuerza pública y el deslinde de responsabilidades por el empleo excesivo de ésta, en los eventos del 1 de septiembre al 16 octubre del año en curso, en contra de habitantes del pueblo originario de Apatlaco, Iztapalapa, y de padres de familia de la colonia de San Juan de Aragón, en la alcaldía de Gustavo A. Madero, así como determinar la reparación urgente y perentoria de los daños materiales, físicos y psicológicos a los afectados.

Al fundamentar el punto de acuerdo, la diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena) refirió que el pasado domingo 11 de noviembre, un contingente policíaco de la SSP de la Ciudad de México llevó a cabo de forma violenta y arbitraria, un operativo en la comunidad de San Juan Ixhuatepec, conocida también como San Juanico, municipio de Tlalnepantla, Estado de México, para realizar la detención de una persona acusada del robo a una gasolinera situada en Gustavo A. Madero, casi en los linderos del municipio y el poblado citados.

En razón de que el presunto delincuente logró huir hacia el territorio mexiquense, la corporación policíaca organizó su persecutoria con alrededor de 150 granaderos, logrando cercarlo y efectuar la detención.

Sin embargo, apuntó,en su cometido actuaron con brutalidad y saña hacia los pobladores que encontraron, sin que éstos hubieran tenido algo que ver con el supuesto hecho delictivo; asimismo, realizaron detenciones ilegales y arbitrarias y destrozos a vehículos, comercios ambulantes y puertas de varios inmuebles, sin razón alguna, “más que la impunidad y la ira desmedida”, de todo lo cual existen y circulan evidencias, tanto en diversos medios de información como en redes sociales.

De acuerdo con la información proporcionada por un clérigo de la comunidad, se estima que por lo menos 40 personas fueron agredidas por la fuerza pública, tanto con toletes, tubos, puñetazos y patadas, y el uso de varias armas de fuego de parte de algunos granaderos, lo cual provocó el bloqueo de vialidades importantes como la autopista México-Pachuca.

Enfatizó que, como el Ejecutivo federal lo ha reiterado, nunca se usará la fuerza pública para dañar o lesionar a la población. “Exigimos justicia pronta y aclaración de los hechos en de San Juan Ixhuatepec”, manifestó.

Su correligionario, el diputado Marco Antonio González Reyes, destacó que no es justificable que la policía capitalina deambule por la colonia mexiquense, destrozando a su paso vehículos y comercios e ingresado ilegalmente a domicilios privados, además de golpear a la ciudadanía y generar un ambiente de terror en la comunidad. “El vigilar el cumplimiento de los derechos fundamentales, es la base para constituir una sociedad que pueda convivir en paz”.

En tanto, el legislador panista, Luis Alberto Mendoza Acevedo, estuvo de acuerdo en que se esclarezcan los hechos y se deslinden responsabilidades. “No permitiremos abusos ni hechos delictivos de cualquier índole”.

La diputada priista, Sara Rocha Medina, se solidarizó con las víctimas y las familias, y se pronunció por la rápida explicación, señalamiento de responsabilidades y sanción a los policías que actuaron fuera de la ley, faltando al respeto y a la dignidad de las personas y de quienes salieron perjudicados. “La seguridad pública es fundamental para salvaguardar la integridad y las libertades de la ciudadanía”, expresó.

En representación del PES, el diputado Armando González Escoto subrayó que el exhorto cobra relevancia, porque lamentablemente lo sucedido el domingo 11 de noviembre no es el primer caso en que policías de la Ciudad de México se ven involucrados en violaciones a los derechos humanos.

Por el PT, el diputado Emilio Manzanilla Téllez, hizo un llamado al procurador y al gobernador del Estado de México para que se atienda esta región y se garantice la seguridad, ya que existen problemas de robo de autos, a transporte, a casa habitación y homicidios.

La legisladora Carmen Julia Prudencio González (MC) coincidió en sancionar a los policías, mediante procesos penales y administrativos, en caso de que se demuestre su culpabilidad, además de escuchar a las víctimas y a la comunidad en torno a estos hechos. Pidió revisar la estrategia de seguridad del Estado de México.

La diputada perredista, Mónica Bautista Rodríguez, manifestó que quien haya cometido alguna irregularidad sea sancionado de manera enérgica y pronta, en estricto apego a derecho y mediante investigaciones claras, rápidas y justas. Subrayó que “el interés del gobierno de la CDMX en realizar mesas de diálogo y procesos de investigación, ha generado buenos resultados para los pobladores”.

El diputado del PVEM, Oscar Bautista Villegas, estimó importante que se aplique justicia de forma imparcial, y que los civiles o policías que actuaron fuera de la ley, sean castigados y resarzan los daños cometidos hacia las personas agredidas sin razón alguna.

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