29-12-2018.- Con el prop贸sito de mejorar el marco regulatorio para reclusos que trabajan en centros de readaptaci贸n y garantizar sus derechos laborales y prestaciones que por ley les corresponden, el diputado Santiago Gonz谩lez Soto (PT) impulsa reformas a los art铆culos 9 y del 91 al 93 de la Ley Nacional de Ejecuci贸n Penal.

Se帽al贸 que el Estado mexicano ha desamparado los derechos de los presos, y dio a conocer que los centros penitenciarios estatales albergan un total de 111 mil 214 hombres y mujeres, integrantes de la comunidad carcelaria trabajadora.

La reforma establece que se asegurar谩, de manera enunciativa y no limitativa, la relaci贸n laboral, la cual atender谩 las caracter铆sticas particulares de los detenidos, en el marco de las condiciones de operaci贸n del centro penitenciario.

El legislador puntualiz贸 que para tener acceso a la seguridad social y 茅sta beneficie a sus familiares, el recluso deber谩 encontrarse en calidad de procesado o, si cuenta con sentencia condenatoria, su delito tiene que ser no grave.

Adem谩s, cada empresa que genere empleos en el interior de la c谩rcel establecer谩 una relaci贸n laboral conforme a la Ley Federal del Trabajo, atendiendo la situaci贸n jur铆dica del confinado. Este v铆nculo se podr谩 llevar a cabo a petici贸n del reo y con la aprobaci贸n consensuada de la empresa y el centro penitenciario.

Destac贸 que la compa帽铆a har谩 evaluaciones de desempe帽o y resultados, para el apoyo y promoci贸n del trabajador al ser puesto en libertad, logrando as铆 los fines de la reinserci贸n social.

El patr贸n proveer谩 obligatoriamente el acceso a la seguridad social del encarcelado y sus beneficiarios; adem谩s, se le notificar谩 de manera mensual sobre las ganancias o salarios.

Agreg贸 que, previas deducciones que por raz贸n de seguridad social e impuestos le sean descontados, el reo podr谩 disponer de las ganancias o salarios que se acumulen a su favor en la cuenta, para destinar el porcentaje que indique a la reparaci贸n del da帽o.

El Inegi report贸 que al cierre de 2016 se encontraban en los centros penitenciarios de las entidades federativas un total de 188 mil 262 personas; 95 por ciento correspond铆a a hombres y 5 por ciento a mujeres; de esta comunidad, 35 por ciento no ten铆a sentencia y, de este grupo, el mayormente afectado era el de la mujer, dado que 44 por ciento estaba en proceso.

Afirm贸 que las instancias civiles se han manifestado por la necesidad de otorgar facilidades fiscales e infraestructura que den oportunidades laborales dentro de los penales, ante la dificultad de encontrar trabajo cuando las personas son puestas en libertad, debido al estigma que prevalece en la sociedad y a que su estancia en prisi贸n queda registrada, incluso, en diversos sitios de internet.

Actualmente, agreg贸, la reinserci贸n social no ha dado resultados, pues quienes han obtenido la libertad vuelven a prisi贸n por delinquir, lo que implica una problem谩tica enorme y, por lo tanto, una se帽al de que el sistema de reinserci贸n requiere cambios.

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