• También avaló pedir a Sedesol estrategia para abatir la pobreza frente al cambio de proyecciones económicas

17-01-2018.- La Comisión Permanente avaló exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a que presente un informe pormenorizado, en un plazo no mayor a 15 días, respecto a las acciones económicas y fiscales para enfrentar las repercusiones inflacionarias, así como los alcances en la economía real por el incremento de la tasa de referencia del Banco de México y de la Reserva Federal sobre las actividades productivas del país.

Pidió a la SHCP realice un análisis del impacto del plan fiscal aprobado por el gobierno de los Estados Unidos para 2018 sobre la competitividad fiscal de la economía mexicana, en un plazo no mayor a 15 días, donde incluya las acciones para garantizar la productividad y competitividad de las empresas nacionales y mantener la estabilidad de las finanzas públicas que garanticen la generación de empleos con salarios dignos en el país.

El dictamen de la Tercera Comisión -Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas- argumenta que si se requiere profundizar sobre la información remitida, se evaluará la pertinencia de una reunión de trabajo ante esta instancia de la Permanente.

Relata que la posición del presidente Donald Trump respecto a México, la insistencia en renegociar el Tratado de Libre Comercio, la implementación de medidas proteccionistas contenidas en la reforma fiscal recién aprobada, que afecta la competitividad fiscal del país y que podría significar una caída en los flujos de inversión extranjera directa, así como la salida de capitales, vulnera las expectativas económicas para este año.

También, lo hace el aumento de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto y de las tasas de interés, con sus implicaciones en el costo del financiamiento de los proyectos productivos y de la infraestructura del país, así como el costo del servicio de la deuda pública.

Además, el encarecimiento del dólar y sus implicaciones en la importación de insumos industriales y agroalimentarios que refuerza el aumento de precios en los artículos de consumo básico de los mexicanos.

Abatir pobreza y desigualdad nacional

En votación económica, la Permanente también aprobó el dictamen de la Tercera Comisión que solicita a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) remita un informe detallado de su estrategia, acciones y programas para abatir la pobreza y la desigualdad nacional, frente al cambio de las proyecciones económicas para el ejercicio fiscal 2018.

Igualmente, se le pide a la Secretaría de Economía que, en el marco de sus atribuciones, continúe implementando campañas y acciones tendentes a la promoción y fortalecimiento del desarrollo del mercado y consumo interno.

El documento precisa que las altas tasas de desigualdad y pobreza ameritan reexaminar las medidas que se han tomado e implementado para combatirlas. Actualmente, se refleja un aumento notable de las precarias condiciones de vida con las que alcanzan a sobrevivir ciertos sectores de la población y la desigual proporción de oportunidades, recursos y acceso a los mismos.

Se considera conveniente replantear estas medidas y fortalecer las existentes, amén de dotarlas de un sistema eficaz que permita localizar y remediar aquellos problemas que bloquean la adecuada atención a éstas problemáticas.

Salvaguardar derechos de contribuyentes

Otro dictamen exhorta a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para que implemente un programa de difusión y orientación respecto de las prácticas de las empresas facturadoras de operaciones simuladas, con el fin de salvaguardar los derechos de los contribuyentes.

Menciona que en la actualidad, los compradores que llevan a cabo actos o actividades, toda vez que el vendedor no tiene operaciones verificadas o ficticias, no podrá registrar sus gastos para efectos fiscales. Por lo tanto, le está trasladando la responsabilidad a un tercero que se origina por la falta de respuesta del actor directo.

En este contexto, las autoridades tributarias sólo tienen la obligación de publicar un listado de los contribuyentes que simulan operaciones, haciendo poco por disuadir los abusos. “Tales medidas no han sido suficientes ya que es una actividad que subsiste y prolifera. El daño fiscal recae sobre la parte que por desconocimiento adquirió bienes o servicios por el contribuyente que simula operaciones�.

Se requiere que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y sus delegaciones estatales, emprendan o fortalezcan un programa de difusión y orientación respecto de las prácticas de las empresas facturadoras de operaciones simuladas, a fin de salvaguardar los derechos de los contribuyentes en todo el país y la certeza tributaria.

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