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Bolet√≠n N°. 5643 La corrupci√≥n se alimenta y nutre de la impunidad: Colmenares P√°ramo

31- 07- 2018.- El titular de la Auditor√≠a Superior de la Federaci√≥n (ASF), David Colmenares P√°ramo, advirti√≥ que la corrupci√≥n se alimenta y nutre de la impunidad; es necesario atacar de ra√≠z los problemas econ√≥micos, el ejercicio del gasto, de dise√Īo del presupuesto, las √°reas de opacidad, porque no hacerlo impide avanzar en la lucha contra este flagelo.

 

El papel del Poder Legislativo en el combate a la corrupción, tiene gran importancia porque elabora y emite leyes, las cuales deben integrar en su definición el insumo que ofrece la fiscalización superior, y los que aporten las otras instancias que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

Afirm√≥ que falta mucho por hacer en este Sistema, est√° incompleto, existen nombramientos pendientes en el Senado que ‚Äúojal√° se resuelvan en el corto plazo‚ÄĚ.

 

Al participar en el foro ‚ÄúLucha Anticorrupci√≥n: la Experiencia Internacional‚ÄĚ, organizado por la Comisi√≥n Especial para dar seguimiento a los Procesos y Resultados de las Compras del Gobierno Federal, el auditor destac√≥ la importancia de conocer lo que realizan otros pa√≠ses en la lucha anticorrupci√≥n porque la informaci√≥n, pr√°cticas y conocimiento dise√Īados en otros lugares, constituyen una referencia invaluable para fortalecer las estrategias en esta materia.

 

El tambi√©n presidente de la Organizaci√≥n Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), subray√≥ que en la actualidad, el ejercicio de la fiscalizaci√≥n superior enfrenta desaf√≠os derivados de la existencia de un sector p√ļblico que tiene una naturaleza cambiante y compleja.

 

La labor de la auditoría gubernamental debe mantenerse al margen de consideraciones políticas y partidarias. El entorno político, desarrollo económico, avances tecnológicos, la dinámica social, e inclusive el contexto internacional, tienen un impacto positivo y significativo en la manera de operar de las instituciones gubernamentales. Un ejemplo, agregó, es que si cambia la política económica, se tendrá que cambiar el programa y el estilo de la elaboración de las auditorías.

 

Colmenares P√°ramo mencion√≥ que para que la Auditor√≠a cumpla sus atribuciones y su rol dentro del Sistema Nacional de Anticorrupci√≥n, la Organizaci√≥n para la Cooperaci√≥n y el Desarrollo Econ√≥micos (OCDE) recomend√≥ mejorar la contribuci√≥n de la auditor√≠a de gobernanza p√ļblica mediante la identificaci√≥n de vulnerabilidades estructurales en los sistemas de control interno y de gesti√≥n de riesgo de las entidades auditadas, que propician casos de fraude y corrupci√≥n.

 

‚ÄúComo referencia de las √°reas de oportunidad de la Auditor√≠a Superior, se cuenta con los resultados del informe sobre la gobernanza p√ļblica del sistema nacional de fiscalizaci√≥n elaborado por la OCDE en el que se destacan los temas primordiales que la Instituci√≥n debe abordar para cumplir con sus nuevas atribuciones de la auditor√≠a‚ÄĚ.

 

Asimismo, redise√Īar procesos y estructura de √°reas organizacionales para garantizar el equilibrio entre capacidades y nuevas responsabilidades, en particular, actividades estrat√©gicas, flexibilidad de recursos y unidad de liderazgo.

 

La OCDE sostiene que se debe adecuar la metodología de planeación y programación de auditorías para priorizar la asignación de recursos a temas relevantes, y considerar reducir el volumen de revisiones realizadas.

 

Se recomendó mejorar los procesos internos de control de calidad con el fin de garantizar relevancia y solidez técnica de los productos institucionales para contribuir en el fortalecimiento de la labor legislativa, y reforzar las estrategias de comunicación sobre la relevancia del impacto del trabajo entre los grupos de interés, incluidos el Congreso, las comisiones legislativas, los entes auditados y los ciudadanos.

 

Adelant√≥ que este a√Īo, se pretende conformar la auditor√≠a especial de obra p√ļblica, infraestructura y adquisiciones. ‚ÄúEsto nos permitir√° visualizar el Sistema Nacional Anticorrupci√≥n como una pol√≠tica del Estado mexicano, cuyo objetivo es crear las condiciones que permitan reducir la recurrencia de pr√°cticas irregulares, conductas inapropiadas y actos alejados del inter√©s p√ļblico, a partir de un enfoque basado en la cooperaci√≥n intergubernamental‚ÄĚ.

 

‚ÄúLo primordial de esta estructura a la que aspiramos es que permite establecer puntos de contacto y colaboraci√≥n entre autoridades del orden federal y local, lo que significa que ambas partes estar√°n al tanto de las problem√°ticas que afectan al sector p√ļblico del pa√≠s y consecuentemente las alternativas de soluci√≥n surgir√°n de un intercambio plural de las propuestas‚ÄĚ.

 

El titular de la ASF consideró que la Auditoría Superior como órgano técnico de la Cámara de Diputados, debe generar una nueva dinámica encaminada a incentivar que sus resultados se conviertan en insumo primordial para sus labores.

 

‚ÄúSiempre ser√° √ļtil examinar los instrumentos y pol√≠ticas que han tenido un impacto positivo en la reducci√≥n de pr√°cticas irregulares, ya que permite visualizar qu√© elementos deben ser considerados para mejorar los ambientes institucionales y, al mismo tiempo, influir en el establecimiento de una cultura s√≥lida‚ÄĚ.

 

En la Conferencia Magistral ‚ÄúCorrupci√≥n, pol√≠ticas p√ļblicas y ciudadan√≠a‚ÄĚ, Laura Chinchilla Miranda, expresidenta de la Rep√ļblica de Costa Rica en el periodo 2010-2014, extern√≥ su felicitaci√≥n al Congreso mexicano por la normativa aprobada para combatir esta pr√°ctica y castigar la impunidad.

 

Indic√≥ que las reformas recientes son de gran calado y devuelven esperanza al ciudadano pero queda pendiente la adecuada implementaci√≥n de las reformas procesales y penales, pues ‚Äúen tanto no haya avances, M√©xico seguir√° arrastrando dificultades para que los fiscales trabajen de manera m√°s efectiva y expedita‚ÄĚ.

 

Asimismo, la independencia que deben alcanzar las instituciones encargadas de la persecución penal, desde el nombramiento de los fiscales hasta los mecanismos para su destitución, así como los instrumentos que garanticen su financiamiento y la administración de la Fiscalía o Procuraduría.

 

Chinchilla Miranda mencionó que la corrupción e impunidad son los mayores lastres que tienen las naciones de América Latina. De acuerdo con el Indicador de Transparencia Internacional, en la región sólo hay tres países que se salvan: Uruguay, Chile y Costa Rica. En tanto, México ocupa la penosa posición 135 de 180 naciones.

 

Am√©rica Latina es una de las tres regiones con mayores niveles de deshonestidad a nivel global, y en los √ļltimos tres a√Īos se ha confirmado esta aseveraci√≥n, al conocer casos gigantes como el de Odebrecht, FIFAgate y Paradise Papers.

 

Precis√≥ que estos esc√°ndalos, que involucraron a figuras del √°mbito econ√≥mico y pol√≠tico, permitieron establecer una acci√≥n policial y judicial. Con ello, prosigui√≥, ‚ÄúAm√©rica Latina empez√≥ a ver detr√°s de las rejas y en el banquillo de los acusados a los corruptos de sus pa√≠ses, y se dio una refundaci√≥n de las instituciones entre 2015 y 2018‚ÄĚ.

 

No obstante, Laura Chinchilla advirtió que se enfrentan varios riesgos: el descrédito en las instituciones encargadas de combatir la corrupción y en la administración de justicia; los golpes en la reducción de presupuestos para que jueces y auditores no cumplan su misión. De la misma forma, dijo, la contrarreforma.

 

‚ÄúEl clientelismo ‚Äďafirm√≥- es la partera de la corrupci√≥n pol√≠tica de Am√©rica Latina y sigue pesando fuertemente en las naciones. El desaf√≠o que tenemos est√° en las reformas a los sistemas electorales, y el gran tal√≥n de Aquiles sigue siendo el financiamiento de las campa√Īas electorales; si no seguimos trabajando, habr√° clientelismo en la pol√≠tica latinoamericana‚ÄĚ.

 

Subray√≥ que los medios de comunicaci√≥n son fundamentales para hacer frente a la deshonestidad y la ciudadan√≠a es el mejor garante de la lucha contra la impunidad. ‚ÄúDebemos casarnos con la propuesta de un gobierno abierto, particularmente en tres √°reas que son focos de corrupci√≥n: las aduanas, las adquisiciones de bienes y la distribuci√≥n de las ayudas sociales‚ÄĚ, apunt√≥.

 

Jan-Michael Simon, coordinador general Acad√©mico de la Escuela de Doctorado en Derecho Penal Comparado del Instituto Max Planck y de la Universidad Alberto Ludovico, de Friburgo, Alemania, destac√≥ que no existe un tipo √ļnico de estrategias o camisas de fuerza para enfrentar la impunidad y corrupci√≥n.

 

El √©xito de las acciones, dijo, dependen de la voluntad del Estado que solicita la ayuda para que investigue, juzgue y sancione esos delitos; de la fuerza de la sociedad civil para hacer propuestas sobre su dise√Īo y del apoyo de la comunidad internacional para auxiliar a sortear los desaf√≠os que una naci√≥n enfrenta por la impunidad, a fin de que los funcionarios y el aparato de justicia realmente act√ļen.

 

Expres√≥ la necesidad de ‚Äúestablecer dientes afilados‚ÄĚ, a la misi√≥n internacional contra la impunidad para cooperar y colaborar en las acciones que garanticen un estado de Derecho, a trav√©s de fortalecer la posici√≥n de los funcionarios, de la sociedad y organizaciones civiles que buscan equilibrar el poder y contrarrestar esos fen√≥menos.

 

Se√Īal√≥ que cuando un Estado entra en la corrupci√≥n e impunidad pone en peligro los fundamentos de su propia raz√≥n de ser, ya que alienta la criminalidad organizada que permea los √°mbitos social, administrativo y hasta penal a trav√©s de una ‚Äúimpunidad estructural derivando en una sist√©mica‚ÄĚ, con actos il√≠citos desviando las normas b√°sicas de convivencia en un Estado democr√°tico y de Derecho.

 

‚ÄúEl panorama es poco esperanzador porque no es una ficci√≥n, ya que las causas estructurales de la corrupci√≥n son m√ļltiples, y la sanci√≥n penal no es lo plus ultra para resolverla. Por ello, el sistema penal juega un rol esencial para que nadie se encuentre por encima de la ley‚ÄĚ, afirm√≥.

 

Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto P√ļblico y Rendici√≥n de Cuentas, de ‚ÄúM√©xico Eval√ļa‚ÄĚ, mencion√≥ que la corrupci√≥n sist√©mica es concebida debido a que las instituciones trabajan a su favor, es decir, las leyes, los reglamentos y la normativa ‚Äúabren los espacios necesarios para que esta pr√°ctica sea permanente‚ÄĚ.

 

Advirti√≥ que de no atender el dise√Īo y la fortaleza de las instituciones no se podr√° terminar con la impunidad. Combatirla en el pa√≠s requiere implementar estrategias que caminen paralelamente al desarrollo de la gobernanza y para ello es fundamental la participaci√≥n ciudadana.

 

Expuso que M√©xico se caracteriza por tener un sistema presupuestario de contrataci√≥n p√ļblica discrecional, convirtiendo a este rubro en ‚Äúla joya de la corona‚ÄĚ; por ello, es fundamental definir l√≠mites a esta tarea.

 

En este sentido, dijo que la naci√≥n debe actualizar la ley en la materia, ya que no contiene las pr√°cticas internacionales para cerrar los espacios al mal manejo de la contrataci√≥n de servicios. ‚ÄúLa mayor√≠a se adjudican de manera directa sin una licitaci√≥n, toda vez que est√° ultima se estipula en la Constituci√≥n‚ÄĚ.

 

Agregó que si bien es cierto la Auditoría Superior de la Federación realiza las observaciones en el rubro de adquisiciones éstas se concretan cuando ya se hizo una afectación al bienestar o el desvío de recursos.

 

Aseguró que se ha querido combatir la corrupción discutiendo leyes de adquisición y adjudicación de los contratos, pero hay un problema mayor: la política de infraestructura, que no está planteada en una ley y el resultado es que existe un sistema politizado.

 

Mariana Campos propuso que en la segunda fase de discusi√≥n del Sistema Nacional Anticorrupci√≥n se aborde la contrataci√≥n p√ļblica, desde una perspectiva que incorpore procesos que fomenten la competencia, la profesionalizaci√≥n del servicio p√ļblico y el uso de la tecnolog√≠a que garantice la fiscalizaci√≥n y evite el desv√≠o de los recursos p√ļblicos.

 

De la Comisi√≥n Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el comisionado Iv√°n Vel√°squez G√≥mez, explic√≥ que las actividades de esta dependencia est√°n vinculadas a la investigaci√≥n criminal, as√≠ como incidir en proponer pol√≠ticas p√ļblicas y reformas jur√≠dicas e institucionales que permitan erradicar o que reaparezcan los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.

 

Subray√≥ que el dise√Īo de esta comisi√≥n de apoyo internacional a la lucha contra la impunidad, garantiza la actividad humana de quien ostenta la titularidad de la acci√≥n penal en el pa√≠s; es decir, la CICIG no es un mecanismo de sustituci√≥n de autoridades nacionales sino contribuye con la fiscal√≠a general en la investigaci√≥n de estructuras criminales; pero, aclar√≥, la titularidad de la acci√≥n penal contin√ļa en el Ministerio P√ļblico.

 

Enfatiz√≥ que la independencia de la CICIG contribuye en la consolidaci√≥n o el proceso de formaci√≥n de un verdadero Estado de Derecho, pues carece de v√≠nculos e intereses con actores nacionales y s√≥lo se gu√≠a por los elementos probatorios recaudados en una investigaci√≥n. Asegur√≥ que lo que pretende fundamentalmente con esta cooperaci√≥n internacional, es poder ‚Äúconstruir en nuestros pa√≠ses la cultura de la legalidad‚ÄĚ.

 

Consideró que para que acciones y colaboraciones de la comunidad internacional como las de la CICIG tengan sus frutos adecuados, se requiere el compromiso estatal fuerte en la conformación de un poder judicial realmente independiente y que sólo criterios de idoneidad, capacidad y honradez sean los que determinen la selección de estos funcionarios. Además, continuó, es indispensable, que el sistema de justicia en general, pueda dar efectivamente respuesta a la criminalidad.

 

Al clausurar este foro, la presidenta de la Comisión Especial para dar seguimiento a los Procesos y Resultados de las Compras del Gobierno Federal, la diputada Claudia Corichi García destacó que la cultura de la legalidad es la aspiración de todos los pueblos y, para ello, es fundamental combatir la impunidad y la corrupción.

 

Se congratul√≥ por los aportes de los ponentes y resalt√≥ que una coincidencia es cerrar la discrecionalidad en el sector p√ļblico en el tema de las reformas al art√≠culo 1 de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de Obra P√ļblica.

 

Otro tema, dijo, es el dinero p√ļblico en las campa√Īas, ya que es delicado, importante y debe profundizarse. Adem√°s, destac√≥ la labor de la ASF en su funci√≥n para combatir la opacidad.

 

Corichi Garc√≠a hizo ver la importancia de las reformas en el Poder Judicial, no solamente en Am√©rica Latina sino en M√©xico, es decir, ‚Äúla necesidad de un ente que act√ļe de manera pronta, expedita y con independencia‚ÄĚ.

 

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