• Coinciden participantes en que falta de oportunidades es el principal motivo de la inseguridad; Plan Mérida sólo ha provocado violencia y corrupción de alto impacto
• Advierte Triana Tena que el riesgo de la Ley de Seguridad Interior “es que no se ha reglamentado la suspensión de garantías por parte del Ejecutivo”
• Presupuesto para seguridad se ha triplicado, pero delitos no se han reducido: CESOP

14- 03- 2018.- El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados, realizó el foro “Seguridad y Participación Ciudadana en México”, donde legisladores, funcionarios, ciudadanos, académicos e investigadores analizaron las causas de la violencia y presentaron diversas propuestas para abordar el problema de inseguridad que prevalece.

Destacaron la falta de oportunidades que padecen los jóvenes y sus familias como el principal motivo de la inseguridad. El 2017, mencionaron, ha sido el año con mayor número de homicidios, con 25 mil 339. Además, señalaron, el Plan Mérida “es igual a violencia y corrupción de alto impacto”.

Propusieron que el Estado regule las drogas y no las mafias, mediante una estrategia viable para controlar el cultivo de amapola con fines médicos y permitir la mariguana recreativa.

Al inaugurar el foro, el diputado Carlos Federico Quinto Guillén (PRI), secretario de la Comisión de Marina, resaltó la importancia de escuchar a especialistas porque posen nuevas ideas, más frescas y actualizadas, para actuar a favor de la seguridad nacional, en beneficio de cada mexicano y las familias.

Reconoció el esfuerzo del CESOP para organizar este encuentro, con el fin de reflexionar sobre la seguridad, que afecta no sólo a México, ya que tiene repercusiones mundiales.

El diputado Jorge Triana Tena (PAN), presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, afirmó que existe un riesgo enorme con la Ley de Seguridad Interior por el proceso electoral en marcha, ya que “no contamos con una reglamentación al artículo 29 constitucional, relativo a la suspensión de garantías individuales, porque no sabemos el mecanismo que debe seguir el presidente de la República para llevarla a cabo”.

“Esta ley es inconstitucional de pies a cabeza, porque violenta el artículo 21 de la Carta Magna, el cual establece que las labores de seguridad pública son obligación del Estado mexicano, a través de instituciones de carácter civil, no militares”, explicó.

Sostuvo que la puerta que abre la Ley de Seguridad Interior a la violación de los derechos humanos y a las garantías individuales es riesgo enorme. “Olvídense de quién gane la presidencia de la República y tome protesta el primero de diciembre, el riesgo y la tentación autoritaria es inmensa”.

De acuerdo con esa norma, las Fuerzas Armadas podrán intervenir de facto, sin que medie convenio con autoridades locales, lo que es grave, porque abre la puerta a un régimen autoritario, y se pueden hacer cosas sin que haya ningún tipo de control, explicó.

No obstante, apuntó que las Fuerzas Armadas deben seguir realizando actividades de seguridad pública. “Estamos orgullosos de su labor. El debate es: ¿en qué momento van a regresar a los cuarteles? Tenemos un error de origen, porque las sacamos a las calles, pero no le pusimos fecha para que vuelvan a los cuarteles. No existe un artículo transitorio en la Ley de Seguridad Interior que lo señale”.

La presencia de militares y marinos en estados y municipios ha creado un círculo vicioso de confort entre gobernadores y alcaldes, quienes no invierten en capacitar a sus policías, ni en modernizar a los agentes del Ministerio Público, ya que piensan que tendrán el apoyo perpetuo del Ejército y la Armada. Es un círculo vicioso del que no podemos salir.

Ricardo Martínez Rojas, director de Estudios de Desarrollo Regional del CESOP, marcó la relevancia de identificar nuevas estrategias para lograr niveles de seguridad pública que den paz y tranquilidad a los mexicanos. “El Estado debe vigilar el orden público para garantizar la seguridad de la comunidad, preservando los derechos humanos y las libertades de los habitantes”.

Remarcó que es un derecho tutelado por el Estado para defender y preservar la vida y el patrimonio de los ciudadanos, es la esencia de la seguridad pública, que permite el uso de la fuerza para mantener el orden y la paz.

Indicó que la seguridad pública debe garantizar la vida e integridad de las personas, los derechos humanos y las libertades frente al Estado, así como el orden y la paz pública.

Enrique Esquivel Fernández, asesor general del CESOP, comentó que si bien el presupuesto se ha triplicado para la seguridad nacional de 2004 a 2017, los índices de inseguridad, delitos y violencia no se han reducido.

Mencionó los resultados de una reciente encuesta del CESOP sobre seguridad, donde se identificó que cerca del 70 por ciento de los ciudadanos mexicanos está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas participen en las labores de seguridad en el país.

El 70 por ciento también se siente inseguro tanto en sus casas como en la calle, mientras que en la incidencia de la inseguridad lo atribuyen a los bajos ingresos, falta de educación y desigualdad social.

En la primera mesa “La seguridad en México, contexto y situación actual”, Santiago Roel Rodríguez, director fundador de Semáforo Delictivo, sostuvo que es multifactorial el origen de la extrema violencia que se registra en el país, la mayor parte provocada por el narcomenudeo en su pugna por marcar influencia y ganar territorios.

Es decir, explicó, la violencia se vincula al mercado negro de drogas, ya que el crimen organizado tiene la protección de la autoridad, alentando altos índices de corrupción e impunidad, con la inserción de jóvenes y policías a esas actividades.

Propuso un cambio a través de “la regulación de drogas, entendida no como una promoción, sino como el control del mercado por parte del Estado, con criterios médicos, mediante un enfoque de prevención atención oportuna y tratamientos”, pero con el propósito de eliminar el poder del dinero y de las balas del crimen organizado, que ha colapsado a la sociedad e instituciones. “No se trata de culpar a los estadounidenses, ya que es un tema nuestro que se registra en todos los estados”, advirtió.

Este enfoque, abundó, debe entenderse por todos los sectores, para lograr una regulación de drogas en manos del Estado y no de las mafias, y al mismo tiempo, alentar su aprovechamiento terapéutico, insistió.

Cuestionó la efectividad del Plan Mérida iniciado en 2008, “porque no ha logrado nada, y más bien atomizó a las mafias. Ha capturado a algunos capos para extraditarlos a Estados Unidos, con el fin de “justificar la existencia de la DEA y el propio fracaso de la política de drogas del vecino país”, donde en 2016 hubo 64 mil muertos por sobredosis de opiáceos y heroína, exacerbando la guerra entre mafias, refirió.

“El Plan Mérida es la principal causa de violencia de alto impacto y de la corrupción de plata y plomo. El mercado negro de drogas es la causa, no el efecto de la corrupción”.

Martín Barney Montalvo, director del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, apuntó que la violencia ejercida por los cárteles de la droga es una amenaza a la seguridad nacional, porque socaba la legitimidad del Estado para gobernar, debilita instituciones, afecta la economía y deteriora la calidad de vida de los ciudadanos.

“El futuro, la estabilidad y prosperidad de México están amenazados por la corrupción que provoca el alto índice de violencia, afectando la economía, modificando las relaciones sociales y la forma de vida de ciudadanos, deteriorando el tejido social, empeorando la percepción de inseguridad”, subrayó.

Asimismo, continuó, “la inseguridad y la legitimidad dañada, ocasionan un distanciamiento entre el gobierno y la sociedad, provocado por una insuficiente presencia de la autoridad, por la impunidad con más libertad de maniobra, debilitando a las instituciones, extendiendo la cultura de ilegalidad y deteriorando la credibilidad y confianza de la sociedad”.

Las organizaciones criminales usan corrupción, cooptación y terror para ganar impunidad, imponer su autoridad e influir en la vida ciudadana. Su objetivo es “captar el mayor número de ganancias ante la alta demanda de drogas, utilizando la violencia extrema para controlar territorios y responder al acoso militar y policial, mediante sobornos para neutralizar el ejercicio del gobierno para atacarlos”.

Afirmo: “los cárteles impiden el bienestar y la convivencia armónica de los ciudadanos, corrompen a quienes deben aplicar la ley, afectan la salud física y mental, y representan una amenaza real a la seguridad, debilitando a la autoridad al controlar territorio”.

Los capos se convierten en algunos lugares en actores políticos de facto con capacidad de influir en el sector económico y social, y apoyar campañas políticas de algún candidato a cambio de favores”, señaló.

En los últimos once años, las organizaciones criminales han asesinado a cien alcaldes y ex alcaldes, ocurriendo la mitad de estos homicidios en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz. Su incidencia es tema fundamental de gobernabilidad, “es una situación seria que se ha convertido en amenaza para la seguridad y estabilidad de la sociedad y el gobierno”.

Frente a ello, se ha reforzado la presencia de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública en diversas entidades federativas.

En la segunda mesa “Seguridad interior y derechos humanos. El camino hacia una cultura de la legalidad”, Carolina Espinosa Luna, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, afirmó que es fundamental discutir la Ley de Seguridad Interior. “No es solo cuestión de que pueda ser pertinente, o no, la intervención del Ejército, sino de a qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos en México y de su ejercicio cotidiano”.

En su ponencia “Situación actual de los derechos humanos de las personas defensoras”, reconoció que en los últimos 80 años han surgido numerosas instituciones y leyes en todos los ámbitos dedicadas a velar por ellos, y “hay presencia de los derechos humanos como nunca antes en la vida del país, pero eso no se traduce de una institucionalización a su ejercicio cotidiano”.

Se dio una reconfiguración de los derechos humanos y de sus defensores, en el contexto de inseguridad y violencia de México, en el que temas como tortura, desaparición forzada, ejecuciones y otras violaciones graves, “que ya no habían sido tan puestos en la agenda desde los años 70 y 80”, vuelven a colocarse en la discusión pública.

Ello pone en situación de vulnerabilidad a defensores de derechos humanos, por lo que organismos nacionales e internacionales han llamado la atención sobre el tema y emitido numerosos informes de 2009 a la fecha sobre esta grave situación.

El investigador nacional Nivel III, del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), del Departamento de Sociología, UAM Iztapalapa, Adrián Gimate-Welsh, señaló que el concepto de seguridad debe incluir el de seguridad ciudadana, pues la sociedad es principio sustantivo y fundamental para la seguridad pública, interior e incluso nacional.

Apuntó que la participación de las Fuerzas Armadas en esta materia es importante, se necesita reglamentarla pues una gran preocupación es que en su articulado establece que pueden tomar decisiones sin que haya garantías. “Si no hay un diagnóstico de por qué deben intervenir, lo que ocurrirá es que se diluyan las responsabilidades y puedan pasar otras cosas”.

José Carlos Beltrán Benítez, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, afirmó: “las Fuerzas Armadas en las calles no son generadoras de la violencia en México, ni violan sistemáticamente derechos humanos”.

Indicó que en 2012, se tenían mil 450 quejas contra las Fuerzas Armadas por violaciones a derechos humanos y para 2017, hubo una reducción de menos del 76 por ciento, producto de la constante capacitación en materia de derechos humanos a las fuerzas castrenses.

El contexto de violencia del país, dijo, no son las Fuerzas Armadas, sino el narcotráfico, la delincuencia organizada y el tráfico de armas de alto poder. Por ello, se determinó que “tendríamos que participar en ayudar y auxiliar a las fuerzas públicas en materia de seguridad a la ciudadanía, porque estuvieron superadas no sólo en equipo y adiestramiento sino en principios éticos y de convicción, porque se vendieron a la delincuencia”.

Un ejemplo “–que me duele mucho”, señaló-, es la desaparición de 43 jóvenes en Iguala, coludidos con la policía municipal y otros cuerpos de seguridad; es grave esa situación, ante la cual el gobierno ha actuado para atender este problema.

Beltrán Benítez mencionó que las acciones de las Fuerzas Armadas para coadyuvar con las públicas “no las suplantan ni sustituyen ni hay una militarización; no hay un control de la seguridad a petición; nos hemos adaptado y ahí están los resultados”.

Las fuerzas castrenses, expuso, “hemos estado muy puntual en la consciencia de educación, cultura y respeto a los derechos humanos”.

Prueba de ello, es la capacitación que se ha dado con el apoyo de organizaciones civiles, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto Nacional de Lenguas Indígena, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de las Mujeres, y organismos internacionales, como la Cruz Roja y el Instituto Interamericano de los Derechos Humanos.

Las leyes no las hacen las Fueras Armadas sino las civiles. Un ejercicio, afirmó, es la Ley de Seguridad Interior que podrá tener deficiencias y observaciones, “pero habrá que definirlas, ya que todos exigimos ese marco jurídico normativo que nos dé certeza y seguridad de cómo servir mejor a la ciudadanía”.

Sostuvo que las Fuerzas Armadas están sometidas a las autoridades civiles y cumplen las directivas del presidente de la República. Además, precisó que la Ley de Seguridad Interior no es para el Ejército ni la Fuerza Área ni la Marina, sino de coordinación de todas las autoridades civiles y, en su momento, las militares.

“Las Fuerzas Armadas atendemos, respetamos y cumpliremos lo que el ejercicio de un poder independiente civil, como lo es el Poder Judicial, determine lo que tengamos que hacer; sin más miramientos que el respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos”, enfatizó.

El coordinador General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rubén Francisco Pérez Sánchez, expresó que México acaba de vivir el año más violento de las últimas décadas y los índices de criminalidad van en aumento.

“La evidencia es irrefutable; es necesaria la reconstrucción de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia, colocando en el centro de las mismas a las personas y sus derechos, bajo un enfoque que vea la integralidad de los problemas y evite buscar soluciones parciales”.

La sociedad seguirá viendo frustrada su legítima expectativa de que los derechos que reconoce la Constitución puedan ser vigentes, mientras padezca un entorno de inseguridad e incertidumbre, “reflejo de la ineficacia e incapacidad de sus autoridades para atender las demandas de seguridad personal, familiar, social y a su patrimonio”.

Pérez Sánchez mencionó que en los últimos años, el miedo y la desconfianza pasaron a ser los constantes de la convivencia cotidiana entre los mexicanos. Según la más reciente Encuesta de Seguridad de Percepción y Victimización sobre la Seguridad Pública del INEGI, tan sólo entre 2015 y 2016 la cifra total de víctimas del delito creció en 900 mil, pasando de 23.3 a 24.2 millones.

En 2016, se habrían cometido cerca de 31 millones de delitos y más 90 por ciento no denunciados; 60 por ciento de quienes no denunciaron lo atribuyeron a personas de la autoridad o desconfianza en las mismas. Conforme a la encuesta, en 29 entidades la mayoría de las personas se sentirían inseguras y, en 11 de ellas, la percepción de inseguridad rebasaría el 75 por ciento.

El país requiere seguridad “pero no a cualquier costo ni a cualquier medio. La seguridad que se necesita es la que corresponde a un Estado democrático de derecho, sustentado en el respeto irrestricto a los derechos humanos, así como al cumplimiento y aplicación oportuna y debida de la ley “.

Las estrategias de seguridad, añadió, tienen un carácter eminentemente reactivo y se ha dejado de lado la prevención. Además, la situación de inseguridad pública que hoy se vive no es consecuencia de una baja asignación presupuestaria, sino que no se han tomado las mejores decisiones en la manera de hacer frente y prevenir que el delito y violencia crezcan.

“Los habitantes de este país no podemos seguir sujetando nuestro destino y planes de desarrollo y vida al miedo, desconfianza, así como a la incertidumbre que genera la inseguridad, la violencia y la impunidad; requerimos una transición a la genuina legalidad que sustentada en el respeto a los derechos humanos nos permita restablecer la paz y concretar la promesa de un horizonte verdaderamente democrático y de derechos humanos”, afirmó.

En la tercera mesa, “Seguridad y participación ciudadana. ¿Cómo acabar con el problema de la inseguridad?”, Luis Villalobos García, profesor de Derecho en la Universidad Anáhuac, subrayó la importancia de que policías ganen y se capaciten más, que haya más recursos y equipo, así como cámara de videovigilancia, a fin de garantizar una seguridad pública real.

Manuel Palma Rangel, profesor de Economía de la UNAM, señaló que la policía debe tener un modelo de gestión, con protocolos homologados para que sepa qué hacer, tenga equipamiento y modos similares de acción, infraestructura y tecnología, independientemente de la entidad que sea.

Ariana Ángeles García, coordinadora de Proyectos e Investigación del Colectivo “Causa en Común”, propuso crear un censo policial que ayude al reclutamiento según las necesidades de cada entidad, una profesionalización eficiente, mejor equipamiento, crear cuerpos de investigación y abrogar la Ley de Seguridad Interior, pues, dijo, altera el equilibrio entre lo civil y militar, así como volver a poner en marcha la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

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