• Pleno cameral avaló el acuerdo para remitir al mandatario los cuestionamientos

06-11-2018.- La Cámara de Diputados aprobó y remitió al Ejecutivo un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que contiene las preguntas parlamentarias dirigidas al Presidente de la República, a efecto de que amplié la información relativa al Sexto Informe de Gobierno que presentó al Congreso de la Unión el pasado primero de septiembre.

En el acuerdo aprobado por el Pleno en votación económica, califica como legales las preguntas de los grupos parlamentarios y de los diputados sin partidos, y pide al presidente de la Mesa Directiva, conforme al Reglamento de la Cámara de Diputados, las haga llegar al titular del Ejecutivo federal y le solicite, en el marco de una responsable y respetuosa colaboración entre poderes, dé respuesta conforme a la ley.

Las preguntas que presentaron las fracciones parlamentarias por escrito y que están contenidas en el acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria corresponden a los rubros de Política Económica, Política Social, Política Interior y Política Exterior.

El grupo de Morena plantea sus interrogantes sobre temas como situación financiera de Petróleos Mexicanos, mantenimiento de refinarías, estrategias para combatir el robo de combustibles, explotaciones petroleras, generación de electricidad mediante fuentes limpias, empleos verdes y el Fideicomiso Maestro.

También, sobre los índices de pobreza en el sur del país y el fallo de los programas sociales; la llamada “Estafa Maestra”; abastecimiento de medicamentos en los hospitales del país; infraestructura en salud; empleo para jóvenes; presupuesto y acciones a favor de los pueblos indígenas, y avances de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

En relación también con el fomento de la economía social; combate a la corrupción; erradicación de la violencia contra la mujer; desapariciones forzadas; feminicidios; dreamers; acuerdos comerciales de México, Estados Unidos y Canadá, y tratados en seguridad internacional, entre otros.

Entre los cuestionamientos de Acción Nación están: conocer el ejercicio de atribuciones en materia de inteligencia; presencia de policías en las entidades, por mes y año, durante el sexenio; número de casos de delitos de corrupción y delincuencia organizada; casos de robo de hidrocarburos y tomas clandestinas.

De igual modo, sobre el Programa de Infraestructura; Áreas Naturales Protegidas; salario mínimo; adecuaciones presupuestarias; costo fiscal del subsidio a las gasolinas; volatilidad del tipo de cambio; subejercicios; asignación de plazas para docentes; evaluación educativa; Cruzada Nacional contra el Hambre; pobreza alimentaria; padrón de programas sociales; reducción de pobreza; Seguro Popular, y derechos de niñas, niños y adolescentes.

El PRI, pregunta sobre tópicos como: acciones para combatir la corrupción; balance de la seguridad pública y nacional; protección de derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres e indígenas; desaparición forzada; acciones en materia de procuración y administración de justicia; derechos de los mexicanos en el extranjero y las estrategias para cerrar brechas de desigualdad.

También, sobre el impacto económico y social, en caso de cancelar la Reforma Educativa; bienestar de los pueblos indígenas; resultados de la política de vivienda; servicios de radiodifusión y telecomunicaciones; comercio exterior; balance de la situación macroeconómica; retos del IMSS; crecimiento del sector turístico; balanza comercial agroalimentaria, e impulso a la pequeña y mediana empresas.

A su vez, el PES interroga respecto a los logros del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED); recursos para el Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores; evaluaciones educativas; creación de empleos formales; sobre los nuevos mecanismos de fiscalización; combate a la informalidad, e inversión en energías renovables.

El PT; sobre las solicitudes de refugio; medición de la pobreza; Seguro Popular y Prospera; medidas de protección a periodistas; acciones para la identificación de cuerpos; registro genético de familiares de desaparecidos; lucha contra los feminicidios; licitación y abasto de medicamentos; planes a favor de las mujeres; costo y beneficio del fracking; energía renovable; robo de combustibles; endeudamiento interno; servicio eléctrico; negociaciones con Estados Unidos; impulso para la competitividad de las empresas nacionales, y “Estafa Maestra”.

MC inquiere respecto al costo de la elusión, evasión y fraude fiscal; adecuaciones presupuestarias; recortes en salud y educación; retrasos en obras de infraestructura en Guadalajara y el Tren Ligero; reducción de precios de gasolina y gas; liberación del mercado de combustibles; avances en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción; medicamentos genéticos; criminalización de los migrantes; concesiones mineras; conflicto en la comunidad Wixárika; acciones para combatir la pobreza, y padrón de programas sociales.

El interés del PRD se centra en la llamada “Estafa Maestra”; los casos de corrupción; abandono de la Policía Federal; acciones fraudulentas; reconstrucción de viviendas, hospitales y escuelas por los sismos de 2017; uso de recursos de las donaciones nacionales e internacionales; violaciones a derechos humanos de militares; procesos de profesionalización de los policías; alza en el costo de peaje; inclusión laboral; presupuesto para la investigación científica; colapso financiero de la universidades, y obras de infraestructura.

Entre los cuestionamientos del PVEM están: acciones para combatir el robo de combustibles; beneficios del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria; Inversión Extranjera Directa; contribución del Programa Nacional de Ingles; abasto de medicamentos; aplicación de cédulas de detección; acciones sobre cambio climático; acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, y las energías limpias.

Conforme al documento de la Jucopo, la pregunta de los diputados sin partido Ana Lucia Riojas Martínez y Carlos Alberto Morales Vázquez, va en el sentido de conocer el destino de los recursos del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

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