06- 11- 2018.- Durante el segundo día del foro “Fabricación de Culpables, hacia una política pública para su atención y erradicación”, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre (Morena), pidió unidad a las víctimas de falsas acusaciones, a fin de empoderarlas, brindarles justicia y resarcir los daños sufridos.

“Necesitamos unirnos y establecer una ruta que nos empodere para demandar resultados; de lo contrario, nuestro dolor no habrá alcanzado todo su efecto”, apuntó.

Convocó a presentar una iniciativa jurídica que priorice el estado de la víctima, más que buscar acciones faraónicas que poco o nada dejan. “Necesitamos ser resarcidos del daño sufrido”.

En la mesa 3, “Responsabilidad de medios en la fabricación de culpables”, José Reveles, periodista y escritor, destacó que los informadores tienen dos obligaciones primordiales: ejercer la libertad de expresión, dudando de las verdades oficiales; y salvaguardar el derecho que tiene la gente a estar informada y saber la verdad y no las mentiras oficiales. “La fabricación de culpables nace en la autoridad, pero tiene la colaboración de los medios. Si éstos fueran críticos, no ocurriría”.

David Bertet, presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad EnVero, advirtió del uso perverso de recursos legales y jurídicos, contrarios a Derecho y a los mecanismos de impartición de justicia. “Se recurre al montaje teatral para presentar los casos; de manera maniquea se hacen pasar ciertos elementos como verdaderos cuando no lo son, al difundir imágenes de supuestos operativos policiacos y opiniones de seudoespecialistas que comentan e interpretan los hechos”.

Emmanuelle Steels, corresponsal en México de Radio France, explicó que en muchas ocasiones los medios participan inconscientemente en la elaboración de versiones oficiales “de consumo inmediato y fácilmente digeribles, pues la verdad es muy compleja, con historias binarias, que simplifican la realidad y con culpables malévolos y víctimas que se crean con la fabricación de montajes”.

Enfatizó que muchas veces las declaraciones de víctimas y detenidos ni siquiera están en el expediente o en la versión oficial, por lo que pareciera que hay un expediente paralelo. “En el caso de Florence Cassez, las condenas a algunos de los inculpados no habrían sido posibles sin la construcción de un relato mediático que influyó en lo judicial, incluso impactó en la mente de los jueces y en decisiones que se tomaron”.

Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, consideró prudente aplicar una miscelánea penal restaurativa o restitutiva que rectifique estos casos y establezca penas máximas de 20 años. Pidió abrogar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, porque provoca que prevalezca la tortura e invención de delitos.

“Este sexenio termina con casi 300 mil muertos por la guerra contra el crimen organizado y miles de falsos culpables detenidos, cuya manutención de algunos de ellos cuesta hasta mil 500 pesos diarios”, comentó.

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