• Es un delito complejo que deteriora la confianza en las instituciones políticas: Montalvo Luna

• Piden académicos desaparecer el uso del pago en efectivo y sea sólo por transacciones electrónicas

08-11-2018.- Durante el Sexto Foro Nacional Anticorrupción, el diputado José Luis Montalvo Luna (PT), secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, señaló que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, del INEGI, en el 2017 el costo total de este fenómeno en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos, fue de 7 mil 218 millones de pesos.

“No es de extrañarse que las instituciones públicas en México estén pasando por una grave crisis de credibilidad”, subrayó.

Este delito complejo deteriora la confianza en las instituciones políticas y representa un obstáculo para el desarrollo. “Es vergonzoso decir que ocupamos el lugar 135 de 180 naciones evaluadas por la Organización Transparencia Internacional, dijo.

Afirmó que conocer cómo este tipo de acciones deteriora a la administración pública, es tema de primer orden, porque “un gobierno con altos niveles de corrupción será irrespetuoso con el Estado de Derecho y tendrá pocos resultados”.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), integrante de la Comisión, pidió estar atentos a las conclusiones de este encuentro en un tema que debe abordarse a fondo.

“Tenemos fe en el aporte que desde esta Cámara se puede hacer en algo tan complejo y podamos cambiar las cosas”, expresó.

Este foro, subrayó, es punto de enlace para trabajar juntos, profesionales y representantes del pueblo, para hacer un México mejor.

Al inaugurar los trabajos de este Sexto Foro que durará dos días, la consejera presidenta de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM), Alba Flores Domínguez, afirmó que se abordarán temas de interés que permitirá elaborar propuestas útiles para los trabajos de esta legislatura en materia de anticorrupción.

El presidente del Consejo Consultivo de la CONCAAM, Juan Francisco Alcaraz García, propuso atacar la corrupción con valores éticos y mediante la Cruzada Nacional. “Es importante tener un antídoto al menoscabo de funcionarios públicos y empresarios, porque es delicado que los recursos etiquetados para servicios no lleguen a la gente, porque se los roban”.

La sociedad no puede tolerarlo más, por lo que se debe completar el Sistema Nacional Anticorrupción con el nombramiento de un fiscal nacional autónomo, con sus propios “dientitos” y no dependa de la fiscalía general. Pidió fortalecer las leyes y establecer castigos ejemplares para funcionarios y empresarios. “El pueblo no aguanta más un ‘no se pudo’ ni otro fracaso. Espera buenos resultados”.

A su vez, Alberto Tejada Ramírez, asesor parlamentario del Congreso de la Ciudad de México, destacó que en la agenda de seguridad nacional aparece el tema de corrupción en México, junto al de narcotráfico y guerrilla, algo grave en un país que aspira a desarrollarse y se dice democrático. Advirtió que la democracia no se fortalecerá “mientras se lacere a un pueblo de desiguales que ha sufrido en el atraso y su salario mínimo no le alcanza”.

Aseguró que la corrupción no se combatirá si no se conforman códigos de ética, que sigan ciudadanos, empresas, gobiernos, organizaciones y estados, países, “ello es corrompernos”, por lo que se deben anteponer valores y el derecho natural. Pidió luchar contra este fenómeno con el poder social que ejercen los poderes públicos legalmente constituidos, como la Cámara de Diputados.

Antonio Cortés Mayorga, asesor en materia penal del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, afirmó que el sistema penitenciario atraviesa por una crisis generada por problemas de corrupción, autogobierno, violencia y altas tasas de incidencia penitenciaria, traducidos en una actuación de la autoridad, fuera del margen de la ley.

Ello exige una política criminológica de revisión normativa, profesionalizar servicios de reinserción y mejorar las condiciones de internamiento como mecanismos para reducir la problemática penitenciaria. Planteó una revisión profunda del marco legal para reducir el porcentaje de delitos sancionados con cárcel, e impulsar una alta capacitación para dar un trato de respeto a los derechos humanos y dignidad de las persona privadas de la libertad.

Emilio Alejandro Hazas Sánchez, maestro de la Universidad Anáhuac, propuso que el Congreso de la Unión ponga en marcha un mecanismo jurídico que permita desparecer la moneda en efectivo y pasar a realizar todas las operaciones económicas mercantiles y civiles a forma electrónica, a partir de cinco millones de pesos, integrando a su vez una plataforma nacional que sea llevada por la SHCP para que avale las operaciones.

“Se evitarían delitos de alto impacto y fraudes, así aquellos que van en incremento como el secuestro, la extorsión y, desde luego, la corrupción”.

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, autor de diversos libros de derecho, dijo que el combate a la corrupción debe ser asumido como una política de Estado, pues aunque existen leyes y reglamentos, estos no se aplican en el mundo real.

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