09-11-2018.- El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Óscar González Yáñez (PT), manifestó que es necesario crear instrumentos jurídicos a los que se ciña el servidor público, independientemente de si es honesto o no, y que sea castigado si comete un acto de corrupción.

En el segundo y último día del “Sexto Foro Nacional Anticorrupción”, el legislador afirmó que se deben cortar las alas de la inmoralidad, pues no es normal robar, recibir una dádiva por dar un contrato o usar recursos del erario para otro fin que no sea el público; la corrupción ha sido conceptualizada y adoptada como cultural.

Expresó que “un servidor público tiene que ser como la tierra: buena semilla, buen abono, riego, fertilizante para que dé buena cosecha; el problema es que el funcionario tiene todo y no entrega buena cosecha”.

Subrayó que la transparencia debe ser un elemento fundamental para la convivencia social y administrativa, y de la relación entre los ciudadanos y el poder público.

“Los servidores públicos no deben tener negocios, a fin de evitar caer en conflicto de intereses, aunque eso significa hacer muy delgada la franja burocrática”, enfatizó el legislador.

Juan Carlos Sánchez Magallán, Integrante del Comité de Acompañamiento Ciudadano para la designación del Fiscal Anticorrupción, mencionó que la participación de la población es el mecanismo que permitirá desterrar a la corrupción y la impunidad. “En una democracia, es fundamental que la sociedad tenga un vínculo estrecho con el gobierno, en la elaboración y evaluación de las políticas públicas, y conozca de qué forma gasta los recursos.

Expresó que una de las causas por la que hay bajos índices de participación ciudadana es la falta de confianza en las instituciones, pues de cada cien delitos, 98 no son sancionados por una u otra razón; además, las autoridades públicas no sufren ningún castigo, ni procesos penales, cuando incurren en algún ilícito. Por el contrario, se le encubre, protege y solapa. “Nuestro Estado de Derecho es una caricatura”, enfatizó.

Diana Cristal González Obregón, Investigadora especialista en Juicios Orales y colaboradora de la Procuraduría General de la República (PGR), apuntó que para combatir la corrupción es necesario que los sistemas nacionales de Transparencia, de Anticorrupción y el Penal Acusatorio trabajen de la mano y difundan a la ciudadanía el procedimiento de denuncia. “Si no se tiene una sociedad empoderada, no se puede criticar, porque la ignorancia es la mejor amiga de la corrupción y la impunidad”.

Aseguró que existen herramientas que evitan la posible comisión del delito de corrupción contra las personas morales, las cuales serán penalmente responsables si el ilícito es cometido en su nombre, por su cuenta, en su beneficio, o cuando se haya determinado que, además, existió inobservancia del debido control en su organización.

Sostuvo que el Ministerio Público deberá ejercer la acción penal en contra de las personas jurídicas, lo que puede implicar el decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito, suspensión de sus actividades, clausura de sus locales o establecimientos, e inhabilitación temporal consistente en la suspensión de derechos para participar de manera directa en procedimientos de contratación del sector público, entre otras consecuencias.

Lizbeth Padilla Sanabria, candidata a Fiscal Anticorrupción en 2017, aseguró que en México se tienen las herramientas legales para perseguir a los funcionarios corruptos y llevarlos a la cárcel. “Lo importante es que exista buena comunicación entre las autoridades, para hacer frente a la atrocidad que significa la comisión de actos deshonestos”.

Afirmó que para terminar con ese mal, es indispensable elevar tanto el nivel económico como educativo de los ciudadanos. Además, nombrar al Fiscal Anticorrupción y dar mayor relevancia a la figura de testigo protegido en la legislación.

Añadió que es necesario aplicar el llamado “derecho penal del enemigo”, a través del cual se restringen derechos de los imputados, a fin de aplicar, de manera efectiva, las penas. “Esos hechos deben enfrentarse desde la perspectiva penal, fiscal y administrativa”.

Mario Velasco Torres de la Vega, quien aspira ser Fiscal Anticorrupción, estimó que las instituciones de seguridad están dañadas por la corrupción y lamentó que “terminar con ese flagelo se ve, cada vez más, como una utopía”.

Consideró necesario nombrar a este Fiscal, pero con “muchos dientes”, a fin de perseguir a los funcionarios deshonestos. “El tema se enfrascó en un debate bizantino y se postergó”, opinó.

Agregó que un asunto importante es plantear un nuevo sistema de testigos protegidos, ya que los testimonios son torales en las investigaciones.

Alba Herlinda Flores Domínguez, presidenta de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM), solicitó a los legisladores leyes sobre la prescripción de delitos relacionados con la corrupción, para que quienes atenten en contra del Estado, la prescripción se duplique o aumente a la que se establece en los ilícitos normales.

Se manifestó por revisar los principios de territorialidad y jurisdicción, dado que no permiten que las entidades del país puedan sancionar a particulares y funcionarios federales que atenten contra el patrimonio de los estados.

Otra propuesta, dijo, va enfocada a que los funcionarios o exfuncionarios que resulten responsables de algún hecho relacionado con la corrupción, se les cancelen sus beneficios y derechos, como la pensión, y se le quiten todos los bienes adquiridos. Además, sugirió revisar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a fin de incorporar las figuras de agentes encubiertos.

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