13-11-2018.- La Cámara de Diputados aprobó con 305 votos a favor, 97 en contra y 62 abstenciones, en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, el dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de contar con un diseño institucional y de organización del poder público, a través del cual opere la próxima administración.

El dictamen destaca la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que se encargará de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendentes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes, así como proponer la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de esta estrategia entre las dependencias de la Administración Pública Federal.

La nueva dependencia coadyuvará a la prevención del delito; ejercerá el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales. Asimismo, le corresponderá salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como la preservación de las libertades, el orden y la paz públicos.

Otros objetivos son proponer acciones encaminadas a asegurar la coordinación entre la federación, la Ciudad de México, los estados y los municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública y plantear al Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas y lineamientos en materia de carrera policial. Además, organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción a la Policía Federal, garantizar el desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario.

La citada secretaría presidirá el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el de Seguridad Nacional en ausencia del presidente de la República; propondrá a éste el nombramiento del Comisionado General de la Policía Federal y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los cambios también modifican el nombre y funciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por el de Secretaría de Bienestar, así como el de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) por el de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El dictamen precisa que corresponderá a la Secretaría de Bienestar instrumentar políticas de atención preponderante a los derechos de la niñez, juventud, adultos mayores, pueblos indígenas y personas con discapacidad. Además, impulsar programas para promover la corresponsabilidad de manera equitativa entre las familias, el Estado y las instituciones de asistencia social y privada, para el cuidado de la niñez y de los grupos vulnerables.

Respecto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, le atañerá asegurar la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de consumo básico de la población de escasos recursos, con la intervención de las secretarías Economía y de Bienestar, bajo principios que eviten su uso o aprovechamiento indebido o ajeno a los objetivos institucionales. Asimismo, contribuir a la seguridad alimentaria, garantizado el abasto de productos básicos.

Destaca que a la Secretaría de Gobernación corresponderá formular y conducir la política interior que competa al Ejecutivo federal y no se atribuya expresamente a otra dependencia; fomentar el desarrollo político y contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, entre otras.

El documento subraya que el titular del Poder Ejecutivo federal contará en las entidades con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, que tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las Secretarías, las dependencias y entidades, así como la supervisión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población.

Aclara que para la coordinación de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo y la implementación de sus funciones, el titular del Poder Ejecutivo federal tendrá la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, que quedará adscrita jerárquicamente a la Presidencia de la República.

Entre las funciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estará promover la democracia sindical y el acceso a la contratación colectiva, así como impulsar el cumplimiento de los convenios internacionales en materia de derechos laborales.

En el dictamen también se establece que corresponderá a la Oficina de la Presidencia definir las políticas de informática, tecnología de la información y la comunicación, y del gobierno digital.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo (Morena) explicó que se trata de un diseño que funda una nueva realidad jurídica y política, al establecer una organización administrativa más eficiente, orientada al cumplimiento de los objetivos que el gobierno entrante ha definido como prioritarios.

Destacó que el dictamen contempla los temas sociales de control de gasto público, uso racional de recursos, seguridad y adelgazamiento del aparato burocrático.

Explicó que se plantea la recuperación de un modelo de seguridad basado en la existencia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que atienda de manera exclusiva esta materia.

Agregó que se adicionó una fracción relativa a las competencias en materia de reinserción social, supervisión de la libertad condicional, medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, que realizará la nueva dependencia en acompañamiento con las autoridades competentes como la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación.

Respecto de las unidades administrativas y de finanzas, dijo que se sustituyen las oficialías mayores de las dependencias por las unidades de administración y finanzas, cuyos titulares serán designados por el secretario de Hacienda y Crédito Público, “lo que reducirá los gastos de funcionamiento de las estructuras administrativas y mejorará el control del ejercicio presupuestal”.

La SHCP, continuó, establecerá el modelo organizacional y de operación de dichas unidades en el sector centralizado, así como los lineamientos y directrices aplicables a las unidades administrativas que realicen las funciones análogas en las entidades paraestatales.

También consideró necesario dar un impulso y trascendencia en la materia de tecnologías de la información y la comunicación, por lo que las áreas ejecutoras de estas políticas fueron incorporadas a las unidades de administración y finanzas de cada secretaría.

En los posicionamientos, el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé (Morena) resaltó que con estas reformas se recomponen todos los males que aquejan al país como la inseguridad y la corrupción. Afirmó que el próximo gobierno federal pondrá énfasis en la gobernabilidad democrática y la seguridad pública, por lo que se pondrá en práctica una estrategia integral que atienda las causas estructurales; se prevé una política de bienestar y un cambio radical en la estrategia al combate a la pobreza, y se buscará erradicar la corrupción.

Por el PAN, la diputada Adriana Dávila Fernández expresó que este dictamen evidencia el sello de la casa: “autoritarismo”. Añadió que se prometió futuro y se otorga regresión. “Hoy empieza la dictadura obradorista. Lo peor de todo es que los destinatarios de esta ley son los que sufrirán las consecuencias de este mal diseño institucional. No se distingue inteligencia civil de la policial. Esta reforma los llevará directamente al fracaso”.

La diputada María Lucero Saldaña Pérez (PRI) mencionó que las modificaciones representan un retroceso en los avances democráticos del país; restaura la concentración del poder en la figura presidencial; no ofrece un diseño institucional que permita desarrollar una nueva estrategia de seguridad a la altura de las necesidades de las y los mexicanos. Por el contrario, continuó, “tiene graves confusiones conceptuales sobre seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior”. Además, prevé instaurar un sistema de inteligencia policial persecutor por parte del gobierno y construir un estado policiaco.

Del PES, el diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez llamó a reordenar las atribuciones de las dependencias, así como establecer nuevas reglas y procedimientos que permitan dar cauce a un gobierno abierto, transparente, eficaz, capaz de hacer frente a los problemas que aquejan al país. “Es urgente posibilitar, desde este Poder Legislativo, un gobierno que dé resultados, centrado en la ciudadanía, focalizado en los más vulnerables y en los que menos tienen, y que entienda y atienda las necesidades más apremiantes y urgentes”.

Reginaldo Sandoval Flores, diputado del PT, sostuvo que hoy se dota al próximo gobierno de los instrumentos legales que permitan impulsar con el apoyo del pueblo un cambio de régimen. “El gobierno que tomará posesión el primero de diciembre estará al servicio de la gente, y no estará subordinado a las presiones de los poderes fácticos. Las cosas cambiarán para bien y el ciudadano será el centro de la atención gubernamental; el poder público servirá a la gente”.

La diputada Martha Tagle Martínez (MC) mencionó que este dictamen posee una característica: centralista y concentrado del poder, pues le dará confianza a 32 delegados que al mismo tiempo de coordinar e implementar programas para el desarrollo y de atención ciudadana, supervisarán servicios en los estados y municipios; además, bajarán programas sin reglas de operación con el riesgo de caer en prácticas electoreras. “¿Qué no es eso que desde la oposición le criticábamos al PRI?”, cuestionó.

Por parte del PRD, el diputado Emmanuel Reyes Carmona apuntó que se abstendría de votar, ya que este dictamen es una estrategia de concentración del poder a costa del buen funcionamiento de las instituciones. “No seremos comparsa de la implementación de medidas que atentan con el federalismo y la estructura democrática”.

El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) se pronunció a favor de estas modificaciones, toda vez que existirá una supervisión directa de las oficinas del Presidente sobre cada secretario de Estado. La figura de los delegados para el desarrollo, dijo, permitirá tener mayor control de los gobernadores y presidentes municipales y asegurar su compromiso por atender los temas sensibles, asimismo se implementará una estrategia de seguridad en coordinación con los organismos en la materia.

Durante la discusión en lo general, el diputado César Agustín Hernández Pérez (Morena) mencionó que su voto sería positivo, ya que se fortalecerá un engranaje jurídico y social del nuevo gobierno para atender el flagelo de la inseguridad, y con ello, pacificar a “un México cada vez más convulsivo por los registros históricos de asesinatos”.

Su compañero de bancada, el diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría afirmó: se requiere un nuevo mecanismo institucional eficiente, que combata la corrupción y atienda urgencias del desarrollo, lo que será garantizado en este dictamen.

La también diputada de Morena, Sandra Paola González Castañeda, explicó que la Secretaría de Gobernación no será ningún cascaron, “lo que deseamos es terminar con la violencia atendiendo las causas que la han provocado como la desigualdad, equidad, deserción escolar, falta de profesionalización, y de oportunidades en la educación y el empleo”.

De esa misma fracción, la diputada Flora Tania Cruz Santos, señaló que en el camino para recuperar a México, se debe trabajar para dignificar de nuevo a la función pública y erradicar la corrupción que tanto daño le ha hecho al país. “Debemos emprender una restructuración del aparato de gobierno que busque su eficiencia con austeridad. No se va a permitir un sexenio de opacidad y corrupción”.

Aleida Alavez Ruiz, diputada de Morena, resaltó que con este dictamen se marca la pauta de la destrucción del departamentalismo gubernamental que se estableció para repartir el erario y controlar la clientela política. “Con estos cambios, vamos a resaltar muchas cosas que no se quieren ver y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de manera transversal en la Administración Pública Federal buscará fortalecer en transparencia y en rendición de cuentas”.

El legislador Rubén Terán Águila (Morena) dijo que la obra pública se va a manejar de manera transparente y llegará directo a los municipios. Asimismo, habrá más de 28 millones de apoyos sin distingo y priorizando a la clase más desprotegida de este país.

El diputado panista, Jorge Romero Herrera anunció que su voto en contra, pues estas modificaciones eliminan todo tipo de contrapeso en la misma administración pública.

También de Acción Nacional, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván, sostuvo que se tiene un dictamen apresurado y poco meditado. “Es un despropósito e incongruente con los intereses, aspiraciones y objetivos nacionales. No a la dictadura de López Obrador. Tenemos que cuidar a México. Aquí nos vemos en un año y vamos a ver cómo está el país. Esperemos que a México le vaya bien. Pero con las actitudes de berrinche del dictador no se va a poder”.

Su compañero de bancada, el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, aseguró que con esta reforma se inicia un gran periodo lamentable para el país, se está concentrando en algunas secretarías un poder absoluto; se le dará control político a áreas que deben perseguir el delito.

El legislador panista Felipe Fernando Macías Olvera, comentó que un país fuerte se construye con municipios y estados, y la creación de los súper delegados vulneraria la autonomía de los gobiernos y la vida democrática de millones de mexicanos que eligieron a sus representantes y, porque “les quieren imponer figuras autoritarias inventadas por un marco legal espontaneo”.

De mismo grupo parlamentario, el diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela resaltó que la iniciativa presenta fallas graves de forma y fondo; no se respetó el proceso legislativo y está generando un sistema antidemocrático. “La gente necesita empleo y este esquema no sacará adelante a nuestro país”.

El diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez (PES) señaló que de ser aprobadas la reformas planteadas, se estarán sentando las bases para la reconfiguración del régimen político a través de un nuevo diseño de la administración pública federal a efecto de evitar los diques existentes, y en su lugar, establecer nuevas reglas y procedimientos que permitan dar cauce a un gobierno abierto, transparente y eficiente.

Su compañero de bancada, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz expuso que esta reforma permitirá fortalecer la capacidad del Ejecutivo Federal para mejorar los niveles de dirección y coordinación institucional, confiriendo elementos indispensables para fortificar procesos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

El legislador Gerardo Fernández Noroña (PT) puntualizó que votarán a favor porque con esta reforma se darán todas las herramientas al próximo Presidente de la República para que cumpla al pueblo de México. “No nos vamos a enriquecer al cobijo del poder, no daremos la espalda al pueblo, vamos a honrar los compromisos y cambiar este país”.

La diputada Carmen Julia Prudencio González (MC) consideró lamentable que no se tomará en cuenta los Foros de Escucha para la Pacificación y la Reconciliación Nacional, donde se expresó que la seguridad pública debería tener un enfoque de prevención social, programas de cohesión y un modelo menos represor y más preventivo, además que la secretaría posea facultades de carácter nacional.

Su correligionario, el diputado Alan Jesús Falomir Saenz, consideró que su voto sería en contra, pues se tendrá a un secretario de seguridad pública y protección ciudadana con un poder impresionante, “volveremos a la época donde reinaba la ausencia del Estado de Derecho, lo cual es un peligro. Es deber de la Cámara de Diputados salvaguardar el interés nacional y cuidar que se arme una estructura que apoye a los más desprotegidos”.

La también diputada de MC, Julieta Macías Rábago manifestó que se pretende violentar el pacto federal imponiendo un intermediario sin la necesaria especialización o experiencia, cuyo propósito en los hechos será condicionar y supeditar la entrega y aplicación de recursos federales en las entidades, a las órdenes y voluntad del Ejecutivo Federal.

Por el PRD, el diputado Javier Salinas Narváez llamó a construir un equilibrio en los poderes públicos y una descentralización; sin embargo, dijo, el dictamen es contrario, “ya que no sólo es una centralización de las facultades que tendrá el Presidente de la República sino una concentración del poder en manos de un sólo individuo”.

Previamente, se rechazaron las mociones suspensivas de los diputados María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) y Ricardo Villarreal García (PAN), las cuales proponían que el dictamen se regresara a la Comisión de Gobernación y Población, por considerar que no se tomaron en cuenta a todas las instancias legislativas involucradas.

Artículos reservados

Después de la votación, se dio a conocer que los artículos reservados son: 8. 14, 17, 20, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41 y 43. Los transitorios: 5º, 6º, décimo séptimo, décimo noveno y adición de un artículo transitorio.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo informó, antes de la votación nominal, que seguiría el debate en lo particular de 159 propuestas.

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