14-11-2018 La Cámara de Diputados aprobó, con modificaciones en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para actualizar su estructura y funcionamiento.

Se avaló con 292 votos a favor, 38 en contra y cero abstenciones, los artículos 8, 14, 17 Bis, 26, 28, 30 Bis, 31, 32, 33, 38, 39, 41, 43 y Quinto y Décimo Séptimo Transitorios, en términos del dictamen.

Además, por 330 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones, los artículos 17 Ter, 20, 27, 32 Bis, 34, 35, 37, 40, 41 Bis y Transitorios Sexto, Décimo Noveno; y la adición de dos artículos Transitorios, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea.

Aprobado en lo general y en lo particular, el dictamen se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Las primeras modificaciones avaladas fueron presentadas por la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) a los artículos 17 Ter, 20, 27, 32 bis, 35, 37, Sexto Transitorio, Décimo Noveno Transitorio y adición de un artículo transitorio del dictamen.

Alavez Ruiz explicó que el artículo 17 Ter busca que a través de lineamientos emitidos por la Secretaría de Bienestar y la coordinación general se norme la actuación de las delegaciones para mayor certeza y transparencia. “Esta nueva figura ayudará al gobierno a dar seguimiento de los programas prioritarios de bienestar”, aclaró.

Añadió que el artículo 20 establecerá que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encargará de diseñar los lineamientos y directrices aplicables a las unidades administrativas que realicen las funciones, las cuales deberán ser aplicables a las delegaciones u oficinas de la administración pública.

En el artículo 27, fracción III, se define que los titulares de las unidades de enlace legislativo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, serán designados por el secretario de Gobernación y estarán adscritos administrativa y presupuestalmente a la secretaría o dependencia respectiva.

En lo que se refiere a la fracción V de este mismo artículo se incluye la movilidad humana como parte de las políticas adscritas a la Secretaría de Gobernación, y que no sólo es materia de esta, la de migración, sino también los asuntos de refugio, asilo, protección complementaria y desplazamiento interno.

Además, se plantea en la fracción VI del artículo 27 que la Secretaría de Gobernación se encargará de formular y conducir la política de población e interculturalidad para que sea un factor transversal en el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas y programas de la Administración Pública Federal.

En el artículo 32 Bis, fracción I, se incluirá el término “preservación”, mientras que la XXVI, propone incluir a los humedales como una categoría general sujeta a políticas de conservación hídrica, de acuerdo al instrumento internacional de la materia, y se plantea que la Semarnat intervenga en el acceso al agua para el sector productivo y energético bajo principios y criterios de equidad y sustentabilidad.

La fracción XXXI estipulará que se deben impulsar acciones para garantizar el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, así como para el sector productivo y energético.

En el artículo 35, fracción XXI, incisos d) y e), se incluyen cambios de denominación en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mientras en el 37, fracciones I, IX, XXI y XXII se armoniza en términos de inspeccionar en lugar de fiscalizar.

Finalmente, detalló que los artículos transitorios Sexto, Décimo Noveno, Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo, darán mayor certeza a la transición y se establecen las unidades de género de la Administración Pública Federal.

Asimismo, se aceptó la propuesta de la diputada Lucero Saldaña Pérez (PRI) para modificar el artículo 34, fracción IX para que la Secretaría de Economía tenga una visión integral de la cadena de valor productiva agroalimentaria.

Se busca fortalecer las atribuciones de las secretarías de Economía, de Agricultura y de Bienestar, para estimular la coordinación de programas relacionados con la gastronomía mexicana, y se vea como negocio, con visión de sustentabilidad, educación, salud y de estímulo al empleo.

También se avaló la propuesta de modificación al artículo 34 fracción XXVII, presentada por la diputada Irma Juan Carlos (Morena) a fin de que se formule y conduzca en la política nacional en materia minera, la construcción de obras de infraestructura social en coordinación con los gobiernos estatales, municipales, los pueblos y comunidades indígenas, los sectores social y privado en zonas de producción minera.

La legisladora sostuvo que no se puede hablar de justicia e igualdad sino se trabaja para saldar la deuda histórica que se tiene con los pueblos y comunidades indígenas, los cuales siguen siendo marginados de las oportunidades del bienestar y el desarrollo del país. Denunció que en la actualidad, cerca del 30 por ciento del territorio nacional se encuentra concesionado a empresas mineras extrajeras y existen 312 conflictos indígenas ocasionados por megaproyectos mineros.

Se aceptó modificación de la diputada priista Anilú Ingram Vallines, al artículo 37 para eliminar las funciones de fiscalización que el dictamen otorga a la Secretaría de la Función Pública (SFP), toda vez que es inconstitucional.

La legisladora argumentó que no se puede permitir que la SFP sea juez y parte en materia de fiscalización, pues se abre la puerta a actos de corrupción e invade, delimita y menoscaba las funciones que tiene la Cámara de Diputados y como Poder revisor de la Cuenta Pública.

De igual manera, la reforma de la diputada priista Dulce María Sauri Riancho, la cual busca modificar el artículo 37 para que la SFP coadyuve en la revisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de archivos, ya que puede estar pendiente de la aplicación de las normas.

Indicó que otro propósito de integrar esta tarea a la SFP, es reforzar el correcto funcionamiento del Nuevo Sistema Nacional de Archivos, que será determinante para que opere eficazmente y se logre preservar la memoria histórica.

También se aprobó la proposición la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) de adicionar el artículo Vigésimo Primero Transitorio, para que el Ejecutivo garantice el principio de igualdad y no discriminación e impulse acciones afirmativas que beneficien la institucionalización de perspectiva de género en las entidades y dependencias de Administración Pública Federal.

El diputado Silvano Garay Ulloa (PT) presentó modificación al artículo 40 fracción XX para establecer que se debe dar cumplimiento a los convenios internacionales laborales en beneficio de los trabajadores, esta fue aceptada por el Pleno.

Se avaló modificación del artículo 41 Bis, propuesta por el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) con el objetivo de preservar las lenguas indígenas, toda vez que en el actual dictamen se omitió su protección, difusión y conservación.

Añadió que esta reforma logrará salvaguardar el valioso legado cultural que forma parte de la identidad nacional, pues en México existen 68 lenguas indígenas, por lo que su conservación es prioritaria.

Además, se aceptó y aprobó la propuesta de la diputada Dulce María Sauri Riancho para que en el artículo 41 bis, fracción XIX, se agregue la palabra “histórico” al catálogo del patrimonio cultural nacional en todos sus ámbitos.

Para pronunciarse a favor de las modificaciones de la diputada Alavez Ruiz , el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena) dijo que uno de los sentidos de los ajustes consiste en modificar las fracciones I y XXI del artículo 37, de manera que el concepto fiscalización, que se le asignaba a la Secretaría de la Función Pública se sustituye por inspección y control, para respetar el ámbito de competencia de la Auditoría Superior de la Federación, que realiza la función de fiscalización con autonomía técnica y de gestión, como establecen los artículos 74 y 79 de la Constitución.

Su correligionaria, la diputada Laura Martínez González, aseguró que el artículo 27 del dictamen pretende definir la conducción de la Política Interior, es decir, la tarea de la Secretaría de Gobernación, quien deberá dar cumplimiento a los preceptos constitucionales en materia de derechos humanos, ser garante del ejercicio de las libertades, proteger a los grupos vulnerables y encargarse de la relación del gobierno y los medios de comunicación.

El también diputado de Morena, Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses, expuso que la modificación al artículo 26 permite el cambio de secretarías, tanto de la de Bienestar, que suple a la de Desarrollo Social, y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que es suplida por la de Agricultura y Desarrollo Rural y se crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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