20-11-2018.- La Comisión de Justicia presidida por la diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez (PAN), aprobó cinco dictámenes con punto de acuerdo; uno solicita al Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, proceda a la reparación del daño a los afectados del equipo de fútbol Avispones, informe sobre las medidas específicas que tome, y haga públicos los procedimientos establecidos por dicha Comisión.

Asimismo, le pide actuar de manera transparente, a efecto de que los mecanismos de protección y reparación a las víctimas, sean acordes a su finalidad y criterios nacionales e internacionales que prevean un mayor beneficio.

Además que con base en los principios de máxima protección, complementariedad, interdependencia e integralidad, proceda a reparar de manera integral a las víctimas del grupo de Avispones por las graves violaciones a sus derechos humanos de que fueron objeto, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los mismos.

También exhorta al comisionado a que de manera inmediata, evite todo acto que entorpezca los procesos de reparación integral de las víctimas, y en su caso, se desista de cualquier medio de defensa, recurso o, en general, cualquier procedimiento entablado en contra de estas personas.

El segundo dictamen exhorta a la Fiscalía General del estado de Oaxaca, a agotar las investigaciones que permitan detener y procesar al o a los responsables del homicidio de la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín.

El documento establece que entre septiembre de 2017 y mayo de 2018 se registraron 112 homicidios de políticos y aspirantes a cargos de elección popular, equivalente a un 385 por ciento más que el periodo de elecciones de 2015. La entidad que encabeza el mayor número de ejecuciones y agresiones a políticos es Guerrero, seguido de Oaxaca.

Es grave y preocupante la cantidad de reacciones violentas suscitadas en el pasado periodo electoral porque no solo afectan la paz y la seguridad de los mexicanos, también, a la democracia del país, por lo que este tipo de acciones no pueden quedar impunes, destaca.

El tercer punto exhorta al titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a presentar un informe de los avances en la investigación y la etapa que guarda el proceso penal en contra de los detenidos y probables responsables del secuestro y homicidio de José Andrés Larrañaga Canalizo. También a la comisión Estatal y Nacional de Víctimas para que revisen lo correspondiente a la reparación e indemnización de daños.

Señala que de acuerdo con el reporte nacional de la asociación Alto al Secuestro, de diciembre de 2012 a septiembre de 2018, se han cometido 11 mil 642 incidentes; es decir, 166 mensuales, 39 semanales y 6 cada 24 horas.

Los secuestros y homicidios adquieren una trascendencia especial cuando afectan a grupos como el de los jóvenes; que además han sido reconocidos por su ejemplar comportamiento como ciudadanos funcionales de la sociedad, e incluso por sus logros académicos y deportivos.

Otro punto de acuerdo exhorta al titular de la Fiscalía General del estado de Veracruz, para que haga públicos los avances de las investigaciones para el hallazgo y recuperación de cuerpos en la ribera de la laguna de Alvarado, toma de muestras de 25 mil 300 perfiles genético que aún faltan de obtener, y facilidades dadas a familiares de desaparecidos para presenciar las exhumaciones.

Asimismo, garantizar los derechos de familiares de personas desaparecidas a conocer en todo momento los resultados de las investigaciones realizadas en el predio Arbolillo, evitando en todo momento, su revictimización y se promueva la participación conjunta.

También que las 25 mil 300 muestras genéticas de familiares de personas desaparecidas que se necesitan, sean tomadas bajo los protocolos de actuación.

Aprobaron exhortar a la Procuraduría General de la República, a efecto de que se investiguen los asesinatos ocurridos en Reynosa, Tamaulipas el pasado 29 de septiembre de 2018.

En los últimos años se ha incrementado el número de homicidios en este estado; de 2016 al 2017 de acuerdo a las estadísticas del INEGI, se colocó en la posición 11 a nivel nacional; siendo las principales formas de homicidio por arma de fuego y uso de drogas.

El documento establece que es necesario redoblar esfuerzos en materia de seguridad, y sancionar los delitos federales asociados con asesinatos por el crimen organizado.

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