22-11-2018.- La Cámara de Diputados aprobó con 430 votos en pro, cero en contra y una abstención, el dictamen que expide la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la cual reconoce a las comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.

Señala que en ejercicio de su libre determinación, tendrán el derecho de autodefinirse bajo el concepto que mejor se adapte a su historia, identidad y cosmovisión.

El dictamen, que también abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La nueva ley crea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, con sede en la Ciudad de México.

El objetivo de ese organismo es definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de estas comunidades, así como su desarrollo integral y sostenible, y el fortalecimiento de sus culturas e identidades.

Entre sus atribuciones y funciones estará el definir los lineamientos normativos que permitan conducir y orientar las políticas públicas; aprobar y participar en la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos que realicen las dependencias, garantizando la transversalidad institucional, la interculturalidad y la pertinencia económica, social, cultural, política, lingüística y de género.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos (Morena), resaltó que en México, por fin, los indígenas y afromexicanos serán atendidos, escuchados y, sobre todo, se les devolverá su lugar en la historia.

Con el Instituto, resaltó, se implementa y fomenta el desarrollo de estos pueblos con identidad propia, y está pensado en términos de transversalidad e intersectorialidad.

Destacó que el dictamen se encuentra sustentado en la propia versión de nuestros pueblos, ya que se realizaron foros de consulta en los cuales se tuvo acercamiento directo con ellos, donde se abordaron los ejes temáticos que orientaron la discusión, la naturaleza jurídica, el objeto del nuevo organismo y los principios que deben regir la actuación institucional.

Afirmó que estas disposiciones sentarán las bases para que las comunidades puedan ejercer sus derechos por sí mismos, evitando la intermediación y la intervención de figuras ajenas a sus formas de organización, en todos los aspectos de su vida cotidiana.

En los posicionamientos, el diputado Javier Manzano Salazar (Morena) se congratuló por el apoyo que hoy se da a las comunidades originarias y destacó la importancia de hacerles justicia. “Son estos pueblos los que siempre han estado presentes en cualquier movimiento para el desarrollo del país; sin embargo, son los que más viven situaciones de extrema pobreza. Se requiere una reforma constitucional para reconocerlos como sujetos de derecho público, para que tengan autonomía, acceso a la consulta, al territorio y a la libre determinación”.

Marcelino Rivera Hernández, diputado del PAN, mencionó que la nueva ley reconoce a los ejidos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público; no obstante, pidió que no sólo se dé en la norma, sino en la práctica. “Estaremos vigilantes del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, confiando en que su quehacer será transparente y dentro del marco de la legalidad y con un profundo respeto”.

El diputado priista, Eduardo Zarzosa Sánchez, expresó que este dictamen también reconoce a las comunidades de afromexicanos y celebró que el nuevo gobierno fije su atención en los pueblos indígenas, pues su cultura y su historia constituye una de las riquezas más importantes de la nación; sin embargo, demandó pasar de los discursos a los recursos.

El diputado Miguel Acundo González (PES) se pronunció a favor de reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derechos públicos. Asimismo solicitó a la colegisladora atender el decreto y, con ello, coadyuvar a elevar la calidad ciudadana de los pueblos originarios.

En tanto, la diputada María Roselia Jiménez Pérez, del PT, aseguró que este instituto atenderá autónomamente las necesidades de cada uno de los pueblos originarios y garantizará sus derechos y desarrollo, pues en la actualidad sufren altos índices de pobreza, discriminación y desprecio.

De MC, el diputado Ariel Rodríguez Vázquez resaltó que es innegable que se tiene una deuda histórica con este sector de la población, pero el dictamen permitirá dar un paso importante. Indicó que el Instituto los considerará como sujetos de derecho, para que sean creadores de los rumbos de su desarrollo y “no solamente objetos de dádivas”.

El diputado Raymundo García Gutiérrez (PRD) señaló que este dictamen representa la cimentación real del respeto a los derechos de los pueblos originarios y la oportunidad para impulsar su desarrollo. Mencionó que con la inclusión de los afromexicanos, se respaldan las aportaciones históricas que han tenido en la lucha indígena, y se les reconoce el ejercicio de sus derechos.

Por el PVEM, el diputado Rogelio Rayo Martínez expresó que los integrantes de los pueblos indígenas son de los más pobres del país y afirmó que son muchos los pendientes para reconocer sus derechos. “Es imperativo reducir el rezago en el que viven miles de comunidades, y ello no será posible, si las estrategias se diseñan de manera unilateral”.

Delfino López Aparicio, diputado de Morena, afirmó que los indígenas fueron los primeros en llegar a tierras americanas; sin embargo, dijo, “hemos sido tratados como extraños, humillados, discriminados, excluidos y despojados de recursos materiales e inmateriales. Llegó el momento de recuperar esa dignidad y los derechos que nunca debieron ser pisoteados”.

La diputada del PAN, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, sostuvo que los pueblos indígenas conforman los cimientos nacionales y culturales que enaltecen al país. Agregó que el nuevo gobierno tendrá la obligación de emprender políticas focalizadas para transformar su calidad de vida y saldar la deuda social que hay con los 68 pueblos originarios, ubicados en 25 regiones.

En tanto, el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas (MC) destacó que estas comunidades son una pieza fundamental del mosaico de culturas y tradiciones; han contribuido a la construcción del México de hoy.

El diputado Alfredo Vazquez Vazquez (Morena) sostuvo que se tiene la oportunidad de devolverles aquellos derechos humanos que el Estado les había negado. Se manifestó a favor de la ley porque recoge los sentimientos y sueños de los pueblos indígenas.

Por el PAN, la diputada Alejandra García Morlan dijo que el nuevo instituto velará por sus principales derechos, entre ellos, su libre determinación y autonomía; participación y representación política; derecho a la tierra y el territorio, a la consulta previa, y el fortalecimiento de su patrimonio cultural, material e inmaterial.

La diputada Beatriz Dominga Pérez López (Morena) destacó que el organismo que hoy se crea tiene la obligación ineludible de emprender políticas públicas que se encuentren focalizadas a trasformar la calidad de vida de nuestros pueblos y comunidades indígenas, articulando las acciones institucionales, transversales y de carácter multidimensional.

Desde su curul, las diputadas Margarita García García y Maribel Martínez Ruiz, del PT, así como Araceli Ocampo Manzanarez y Gonzalo Herrera Pérez, de Morena, dijeron que el dictamen reconoce a los pueblos indígenas y afromexicano como sujetos de derecho público.

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