26-11-2018.- La Comisión de Justicia, presidida por la diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez, inició el análisis de la minuta que contiene proyecto de decreto que crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con la participación de ciudadanos, expertos y representantes de diversos grupos de la sociedad civil.

La legisladora reconoció la importancia de la participación ciudadana en este ejercicio, para enriquecer el proyecto de dictamen, cuya presentación, análisis y discusión se prevé el 5 de diciembre, en esa instancia legislativa.

La ruta de trabajo acordada por la Comisión, establece que su Junta Directiva se reunirá el 28 de noviembre, a fin de validar el proyecto de dictamen, que deberá circularse el mismo día a sus integrantes, para efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 177, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La minuta del Senado, recibida por la Cámara de Diputados el 20 de noviembre, tiene como objetivo reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de la Fiscalía General, como órgano público autónomo, a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación.

Propone establecer como funciones del fiscal, investigar y perseguir los delitos; ejercer acción penal; procurar la reparación del daño de las víctimas; adoptar y, en su caso, promover la adopción de medidas de protección en favor de éstas y de testigos u otros sujetos procesales.

Dotar al titular de la Fiscalía General de la facultad para elaborar el Plan de Persecución Penal que deberá considerar las prioridades nacionales, establecidas en la política criminal, para orientar las atribuciones institucionales y prioridades en la investigación, persecución y ejercicio de la acción penal, así como los objetivos de la institución en el corto, mediano y largo plazos.

La Fiscalía General de la República contará con cuatro Fiscalías Especializadas: en materia de Derechos Humanos; Delitos Electorales; en Combate a la Corrupción y en Asuntos Internos. Los titulares serán designados y removidos por el Fiscal General.

La presidenta Ortega Martínez indicó que la Fiscalía General tiene connotación federal, por lo que preocupa la persecución de delitos del orden local y la desaparición de fiscalías especializadas.

La diputada Dolores Padierna Luna (Morena), vicepresidenta de la Mesa Directiva, precisó que con la Ley Orgánica se cambia toda la visión del funcionamiento de las fiscalías, y que lo valioso del ordenamiento es que habrá un plan de persecución penal para diseñar la ruta de trabajo y priorizar los delitos.

“Es la primera vez, en esta materia, que una ley expresamente lo mandata tener. Es un gran aporte”. Se priorizarán las zonas de mayor índice delictivo, las que tengan mayor necesidad de despliegue territorial y de personal de recursos; además, no estará en 32 lugares, sino en 266 lugares o microrregiones.

Agregó que se identifican los principales patrones socio-delictivos del crimen, incluyendo las zonas de mayor incidencia basándose en información estratégica de diagnósticos institucionales, estadísticas de prevención de violencia, análisis de información elaborados por centros de especialistas y en informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Verónica Juárez Piña, diputada del PRD, manifestó que la preocupación de su bancada radica en la autonomía e independencia que debería tener la Fiscalía General, la cual tendría que ir más allá de sólo reformar el artículo 102 constitucional.

La intención es discutir y, en su caso, aprobar el dictamen, con todas las propuestas que la sociedad haga llegar, el 5 de diciembre. “El objetivo es escuchar los distintos puntos de vista y también coincidencias”.

Juan Carlos Villareal Salazar, diputado de MC, consideró que se observan algunos problemas en la autonomía de Fiscalías; la aspiración es despartidizarlas, hecho que no se logra en el dictamen. “Además, tiene deficiencias orgánicas; el flagelo de la impunidad es grave, así que no debe haber resquicios en la ley”.

Comentó que la Comisión de Justicia acordó abrirse a las opiniones de las organizaciones civiles, por la importancia de promover un Parlamento Abierto en todo el proceso de esta ley, a fin de consolidarla.

Mariana Rodríguez Mier y Terán, diputada del PRI, estimó que se plantea que la fiscalía especializada en derechos humanos englobe asuntos de alta trascendencia y “no vemos, por ejemplo, el tema del secuestro”.

Su partido, dijo, está en la mejor disposición de construir y es prioridad mejorar el dictamen que viene del Senado, para que sea efectiva la procuración de justicia, clamor principal de la ciudadanía.

De Morena, el diputado Rubén Cayetano García, secretario de la Comisión, apuntó que hay un gran compromiso ético y moral para lograr impartición de justicia. Explicó que la Ley Orgánica es sólo una norma administrativa; la situación mejorará cuando se apliquen los códigos Penal Federal, y el de Procedimientos Penales.

“Es una legislación que da vigor a las instituciones de procuración de justicia; sin embargo, para materializarla deben trabajar juntos Ministerios Públicos, Fiscalías y Poder Judicial”, precisó.

Aseguró que no se busca crear una procuraduría ad hoc, sino que será para la República. Pidió evitar consignas políticas porque “cuando se politiza la justicia tenemos un grave retroceso”.

María Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, consideró que la minuta operativamente no es funcional. “Puede generar corrupción; además, el artículo 20 da facultades extralimitadas al Coordinador de Investigaciones y Persecución Penal, pero no establece un control”.

Destacó que es prioritario crear una fiscalía especializada en extinción de dominio, y alertó del problema que puede provocar que se elimine la certificación de Ministerios Públicos.

Señaló que al generar una entidad autónoma es necesario fortalecer el régimen de rendición de cuentas. “Una ley orgánica no debe regular aspectos procesales; desaparecer al MP propiciará que la declaren inconstitucional”.

Explicó que en las funciones se omite la intervención del amparo, la extinción de dominio, y las asistencias jurídicas internacionales, así como la representación de menores o incapaces en el fuero federal.

“Más que un plan de persecución, parece el reglamento de la ley para establecer las funciones de los servidores. Lo que estamos buscando es que este ordenamiento no nazca con deficiencias, porque los que pagan los platos rotos son las víctimas; no se va a acabar la corrupción sólo con amor y paz, debemos entrar a la realidad y ver qué se requiere”, aseguró.

David Alejandro Jiménez Padilla, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, señaló que el modelo que se plantea en la nueva ley proviene de diagnósticos del CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre las disfunciones que hay en la PGR.

Uno de los principales problemas es que el modelo de persecución penal es altamente disfuncional y se tiene un archipiélago de información donde cada fiscalía especializada no alcanza a compartirla, respecto a fenómenos delictivos altamente complejos, dijo.

Agregó que la delincuencia y la forma en que se despliega en nuestro país, no obedece a la forma en que se intenta procurar justicia, ya que ésta funciona únicamente como reacción a la actividad que hace la policía, y no tiene una política de persecución penal clara, con prioridades y metas que permita evaluar si fue un buen año o una buena gestión al frente de la fiscalía.

Aclaró que la propuesta de ley refleja la intención de construir un nuevo modelo de procuración de persecución penal más estratégica, con prioridades claras, flexible y efectiva que rinda cuentas. Reconoció que ésta puede ser perfectible, pero no se intenta hacer una camisa de fuerza para que la política pública se empiece a desarrollar en un esquema legal que permita tomar decisiones estratégicas.

Samuel González Ruiz, representante de Alto al Secuestro y doctor en Derecho por la UNAM, pidió especificar todas las facultades de los Ministerios Públicos que actuarán en los casos, de otra forma los abogados van a controvertir sus funciones.

Debe decirse con claridad, de acuerdo al artículo 78 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, que la Fiscalía está facultada para tener policía investigadora, porque así lo exige la ley, esos son los elementos esenciales para complementar las actividades”.

Destacó que se analiza la autonomía del Fiscal, pero para el 95 por ciento de los delitos, esa facultad es intrascendente y no se aplica; sólo en delitos vinculados a la corrupción, violación de derechos humanos y delitos electorales.

A falta de un Fiscal, dijo, no existe coordinación entre el MP, ya que sin liderazgo, éstos no se sienten fuertes si no tienen un jefe que los respalde, además no se aclara si son o no autónomos, si es técnica esa facultad y en qué consiste. Se carece de reglas claras con el riesgo de caos, porque los abogados tratarán de presentar amparos para argumentar en contra de dicha autonomía.

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