07-10-2018.- El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), de la Cámara de Diputados, destaca que a pesar de que la reforma al esquema pensionario, normado en la Ley del Seguro Social, tiene más de 20 años, el costo de transición aún muestra una tendencia creciente.

Se estima que, entre 2035 y 2040, el total de obligaciones pensionarias alcanzará su máximo; se calcula que en 2035 ascenderán a 1.2 billones de pesos, cifra equivalente al 20.1 por ciento del presupuesto total aprobado para el ejercicio fiscal 2018 y más de una tercera parte de los recursos del gobierno federal, vertidos en la Ley de Ingresos de este año.

En el documento “Gasto en Pensiones y su Perspectiva de Largo Plazo�, el CEFP aclara que dicho monto no es el total del gasto en pensiones, pues hay otros esquemas de beneficio definido, “de los que no se cuenta con información para realizar alguna estimación, ni conocer su flujo de obligaciones, pero que demandan recursos, ya sea para fondearlos o hacer frente a sus compromisos no fondeados en el pasado�.

Algunos de esos casos son: los sistemas pensionarios de los estados; de las universidades y de algunos organismos autónomos, como el esquema de retiro del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en donde, si bien el monto de sus obligaciones pensionarias pueden no representar demasiado respecto al total nacional, las cuantías que obtienen los trabajadores son significativamente mayores a la pensión mínima que tienen garantizada los cotizantes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Puntualiza que desde la reforma al esquema pensionario del IMSS, el diseño de cuentas individuales se vislumbraba como muy prometedor en cuanto a la reducción del costo fiscal en pensiones. Tal efecto se acentuaría al reformarse en 2007 la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

No obstante, dichos esfuerzos por reducir el costo fiscal se ven disminuidos por diversos factores, entre ellos, porque las reformas que se dieron en algunos otros esquemas pensionarios importantes, como el de Petróleos Mexicanos (Pemex), surgieron casi 20 años después de la reforma a la Ley del Seguro Social. En el caso de Pemex, se siguieron acumulando, por 20 años más, nuevos trabajadores con derechos pensionarios bajo un esquema de beneficio definido.

El CEFP resalta que sumando el tiempo que pasó de una reforma a otra, el efecto de la reducción del costo fiscal se vio limitado. Refiere que si bien los primeros esquemas reformados cubrían desde entonces a la mayoría de las personas del sector formal, la pensión mensual promedio que se otorgó en 2013 bajo el esquema de beneficio definido del IMSS-Asegurador ascendió a tres mil 700 pesos, en tanto que la de Pemex en el mismo año fue de 33 mil 200 pesos; es decir, en promedio la pensión de un retirado de Pemex es equivalente a ocho de las que en promedio se les otorga a los retirados de la generación de transición.

Tal situación, añade, explica en parte que tres de cada 10 pesos del presupuesto que se propone destinar al pago de pensiones contributivas se apliquen al pago de regímenes de pensiones complementarios como el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) de Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza, cuya población beneficiaria es de aproximadamente una décima parte de los beneficiarios por pensiones del IMSS y del ISSSTE.

Subraya que el financiamiento de los sistemas pensionarios en México persiste como un desafío, pues si bien se ha ido migrando a un esquema basado en cuentas individuales, éste ya comienza a llamar la atención por el monto de las pensiones que obtendrán los trabajadores a su retiro.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el trabajador promedio obtendrá como pensión un monto equivalente al 26 por ciento de su último salario; esto es, al momento de pensionarse, los ingresos con los que contará para enfrentar sus gastos, serán de poco más de una cuarta parte de los que tenía al estar activo.

El Centro de Estudios precisa que aunque se ha optado por migrar del esquema de retiro de beneficio definido al de cuentas individuales como un medio para liberar presión a las finanzas públicas por el gasto, es importante valorar si este esquema otorgará pensiones suficientes para que los adultos mayores puedan hacer frente a sus gastos básicos y si no representará en el futuro una presión a las finanzas públicas.

Argumenta que de mantenerse las condiciones actuales, las personas cotizantes al IMSS, cuyo salario base de cotización sea menor a cinco salarios mínimos (en 2017 representaron el 78.9 por ciento de los cotizantes) muy probablemente obtendrán, como pensión, la mínima garantizada, lo que implica una erogación de recursos del gobierno federal para hacerles frente.

Sobre la viabilidad del actual esquema de pensiones (cuentas individuales), añade que es claro que incrementar la edad de retiro no hará gran diferencia en las pensiones que obtendrán los trabajadores formales al final de su vida laboral.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en 2015 la población que comenzó a cotizar en 1997 y que en 2021 tendrá 65 años de edad, en promedio, tenían cinco años de cotización, lo que significa que les falta cotizar 19 años para poder tener derecho a una pensión vitalicia, meta que alcanzarían a los 78 años de edad, siempre y cuando hayan comenzado a cotizar ininterrumpidamente desde ese año; de otra forma, la edad a la que podrían solicitar su pensión de retiro por Cesantía en Edad Avanzada sería mayor y es muy probable que la mayoría obtendrá como pensión, la mínima garantizada.

Tal situación, abunda, pone a los adultos mayores en vulnerabilidad, en tanto que de llegar a pensionarse, la mayoría lo haría con recursos muy limitados, comparado con los ingresos estando en activo, por lo que se espera que en caso de disfrutar de salud, esta población tendría que seguir trabajando para hacer frente a sus necesidades, lo que a su vez podría impactar a los sectores de la población con edad plena para laborar.

El CEFP considera fundamental que instituciones, dependencias y comisiones publiquen información con mayor desagregación para poder llevar a cabo estimaciones que permitan, entre otras cosas, valorar si realmente la mejor opción es migrar completamente a un esquema de cuentas individuales o, bien, analizar otras opciones.

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