09-10-2018.- Diputados de Morena, PAN, PRI, PES, PT, MC, PRD y PVEM, presentaron 38 iniciativas para reformar diversos ordenamientos legales en materia de decretos del presidente de la República, Fondo General de Participaciones, violencia de género, sociedades cooperativas, revertir gasolinazos, infraestructura deportiva, acabar con nepotismo, reducir carga fiscal a Pemex y CFE.

Asimismo, sobre el robo de combustible, salud, desarrollo rural, revocación de mandato, impuestos, propaganda oficial, periodos de sesiones del Congreso, capacitación electoral, personas con discapacidad, Servicio Postal Mexicano, crear Secretaría de Pesca y Acuacultura y lactancia en centros laborales, entre otros.

Presidente de la República podría constituir, por decreto, tres comisiones para el mejor despacho de sus asuntos

La diputada Rocío Barrera Badillo (Morena) presentó una iniciativa para reformar el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de que el Presidente de la República pueda constituir, por decreto, comisiones intersecretariales, consultivas y presidenciales, para el mejor despacho de los asuntos a su cargo.

La propuesta, suscrita por integrantes de Morena y remitida a la Comisión de Gobernación y Población, refiere que el principal objeto es introducir al sistema político mexicano una institución que permita al Presidente de la República asumir una posición de jefe de Estado, a través del diseño de estrategias nacionales que trasciendan a los partidos, a las posiciones políticas, a las ideologías y a los propios poderes públicos.

Las comisiones intersecretariales serían aquellas en las que intervengan varias Secretarías de Estado y las integrarían sus titulares o funcionarios de la Administración Pública Federal. Mientras, las comisiones consultivas las conformarían profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil designados por el Presidente de la República, con la finalidad de resolver una consulta determinada o emitir una opinión sobre algún tema específico.

Las comisiones presidenciales podrían estar conformadas por integrantes de cualquiera de los grupos anteriores, así como ex servidores públicos y actuales de otros Poderes u órdenes de gobierno. Se constituirían como grupos de trabajo especial para cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que deberán servir como base para la toma decisiones o el objeto que determine su Decreto de creación.

Incrementar porcentaje destinado al Fondo General de Participaciones

En tanto, el diputado Ricardo Villarreal García (PAN) planteó modificar el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para que el Fondo General de Participaciones se constituya con el 21 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la Federación en un ejercicio y no con el 20 por ciento como está actualmente.

El documento, turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, señala que en más de 30 años dicho porcentaje se ha mantenido prácticamente estático, a pesar de que han cambiado las necesidades de inversión, de impulso al desarrollo, la población y de servicios que su crecimiento conlleva.

El objetivo de la iniciativa es seguir impulsando un auténtico Federalismo, por lo que propuso incrementar el porcentaje de asignación de recursos de dicho Fondo en 1 punto porcentual.

Establece en los transitorios que, una vez aprobada la reforma y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el Fondo tendría un incremento gradual en los siguientes años de un punto porcentual hasta alcanzar en un plazo de 10 años el 30 por ciento.

Visibilizar violencia de género en instalaciones de educación superior

Por el PRI, la diputada Ximena Puente de la Mora expuso su iniciativa que modifica diversas disposiciones a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de visibilizar las denuncias e investigaciones relacionadas con los casos de violencia de género ocurridos en las instalaciones de educación superior.

La reforma, remitida a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, subraya que las instituciones públicas de enseñanza superior deberán poner a disposición de la gente y actualizar la información en materia de transparencia y acceso a la información Pública, relacionada con los casos de violencia de género perpetrados dentro de sus instituciones.

Menciona que las estadísticas deberán señalar, con precisión y oportunidad, el número de quejas presentadas por violencia de género; el incremento de denuncias; los casos que cuentan con elementos suficientes para iniciar un proceso de investigación formal, y la cantidad de denuncias y carpetas de investigación que han sido concluidas mediante sanción y/o medidas de apremio.

Además, referir las resoluciones a través del procedimiento de “justicia alternativa”, y el número de personas que iniciaron una queja por violencia de género en las instituciones de educación superior públicas y decidieron desistirse porque los agresores interpusieron un recurso de reconsideración o inconformidad por las sanciones que se les impusieron y los casos en los que el castigo fue revocado.

Ley General de Sociedades Cooperativas

El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) propuso crear la Ley General de Sociedades Cooperativas, para normar su constitución, organización, funcionamiento y extinción; establecer bases de concurrencia en materia de fomento, financiamiento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, Estados y Municipios, así como de la Ciudad de México.

Indicó que el sector social de la economía ha sido el más castigado, y en lugar de fortalecerlo, lo despojaron de estímulos y centraron el interés en crecer el capital demeritando los esfuerzos colectivos, propiciando la división social, desempleo y se intentó desterrar la cultura cooperativa.

Se busca fortalecer la cultura cooperativa y sus mecanismos de organización para que sean de crecimiento, para lo cual se debe hacer más sencilla la regulación mercantil y simplificar administrativamente el registro, la autorización y funcionamiento de la sociedad cooperativa.

Se trata de una ambiciosa propuesta de desarrollo social, económica y cultural que revisa la constitución de empresas cooperativas de ahorro y préstamo; interviene en responsabilidades de los distintos niveles de gobierno, donde el fomento cooperativo debe estar presente; integra el principio de educación cooperativa en los niveles de enseñanza medio superior y superior. Se turnó a las comisiones de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, para dictamen, y de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

Iniciativa para revertir “gasolinazos”

Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública otra iniciativa del diputado Robles Montoya, que reforma el artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para eliminar y revertir de manera definitiva los llamados gasolinazos.

“Es un tema de inmediata justicia y de respuesta a protestas legítimas, ante un régimen tributario desproporcionado que comprime los bajos ingresos de la población”. Consideró necesario colocar la discusión de un nuevo sistema impositivo de hidrocarburos a favor del bienestar de la economía familiar y bajar el precio de la gasolina Magna, Premium y Diésel.

En enero de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó un aumento al combustible, fijando la gasolina Magna en 13.57 pesos por litro, la Premium en 14.38 pesos y el diésel en 14.20; sin embargo, al día de hoy, su valor al público se ha elevado hasta casi 20 pesos por litro, convirtiendo a México en el país con el combustible más caro de Latinoamérica.

Establece en el artículo 2º sección I, inciso D, numerales 1 y 2, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que a la gasolina menor a 92 octanos (Magna) se aplique una cuota de 1.15 pesos por litro, en lugar de 4.59; a la de 92 octanos o más (Premium), 0.97 pesos por litro, en vez de 3.88 pesos, y al Diésel, que actualmente se le aplica una cuota de 5.04 pesos por litro, propone que sea de 1.26 pesos. A los combustibles no fósiles se propone disminuir la cuota de 3.88 pesos por litro, a 0.77 pesos.

Censo de infraestructura deportiva en escuelas

El diputado Juan Francisco Ramírez Salcido (MC) propuso adicionar una fracción V al artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para integrar entre las atribuciones de la Conade, en coordinación con la SEP y con apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la realización de un censo nacional de instalaciones deportivas escolares, el cual será inscrito en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte.

Se debe contar con herramientas básicas que permitan identificar carencias y fallas de las instalaciones deportivas escolares para estar en condiciones de atender sus necesidades fundamentales, y fomentar el sano desarrollo de la infancia y la juventud mexicanas.

El documento precisa: actualmente, son alarmantes las cifras existentes en torno al tema de obesidad infantil derivado de la falta de actividad física en los menores; en los últimos 40 años el número de niños obesos en el mundo se ha multiplicado por diez, y de mantener las condiciones actuales para 2022, existirá más población infantil y adolescente con obesidad, que desnutrida.

De ahí que considera vital contar con espacios adecuados en planteles educativos para contrarrestar la grave problemática de obesidad infantil, y reducir que las futuras generaciones desarrollen enfermedades crónico-degenerativas. “La escuela es el primer espacio donde se debe contar con la infraestructura necesaria para el pleno desarrollo de las actividades físicas”. Se turnó a la Comisión de Deporte.

“Acabar con nepotismo” en Poder Judicial

El diputado Javier Salinas Narváez (PRD) presentó reformas al artículo 100 de la Constitución Política, para establecer que no se podrá otorgar nombramiento a personas que fuesen cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, de algún titular de un órgano jurisdiccional o área administrativa del Consejo.

Asimismo, adiciona el artículo 105 Bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para sancionar administrativamente el incumplimiento de esa disposición en términos de las medidas aplicables, quedando además sin efectos el nombramiento o nombramientos que en su caso se hubiesen otorgado.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, y a la Comisión de Justicia, para opinión, señala que el objetivo es “acabar de tajo con el nepotismo, pues a 25 años de la reforma judicial, hay un grave déficit meritocrático en el Poder Judicial, producto de limitaciones de la arquitectura institucional y organizaciones administrativas”.

De acuerdo con un estudio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de los más de 50 puestos en el Poder Judicial de la Federación, sólo 11 participan en el procesamiento de casos y producción de sentencias; de ellos, cinco son parte de la carrera judicial, sólo 2 se obtienen por concurso de oposición y exámenes escritos, y los otros 3 piden sencillos exámenes. “El resto se obtiene esencialmente a discreción de jueces y magistrados; se cumplen requisitos mínimos”.

Reducir carga fiscal para Pemex

Enseguida, Salinas Narváez pidió transformar a Petróleos Mexicanos (Pemex) en “una verdadera empresa productiva del Estado”, mediante una propuesta de modificación a las Leyes de Ingresos sobre Hidrocarburos, y de Petróleos Mexicanos. Señaló que en los últimos tres años esta empresa registró pérdidas por más de un billón 184 mil millones de pesos.

El mayor problema de Pemex, explicó, es su elevada carga tributaria, pues operaba con un régimen fiscal especial confiscatorio de casi la totalidad de sus ingresos y, vía presupuesto, se le regresaba una cantidad apenas suficiente para operar y realizar pequeñas inversiones.

Propuso reformar el artículo 39 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, para reducir entre 2019 y 2022 la tasa del Derecho por la Utilidad Compartida, de 65 a 50 por ciento.

Planteó modificar los artículos 5, segundo párrafo, fracciones IV y V; 44, Primer Párrafo; 46, fracciones XI y XV; y 78, fracciones VIII, XIV, XX y XXII, de la Ley de Petróleos Mexicanos para establecer una relación de negocios obligada entre Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP); integrar al Comité de Estrategias e Inversiones al director general de dicho instituto. Entre otras cosas, también contempla asesoría del instituto a Pemex en materia de prevención de derrames, contingencias ambientales y remediación de suelos. Se remitió a la Comisión de Energía.

Recursos suficientes a CFE para llevar energía a todo el país

El diputado Salinas Narváez propuso, en una tercera iniciativa, reformas a las Leyes de la Industria Eléctrica, de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y de Coordinación Fiscal, para transformar a la Comisión Federal de Electricidad en una empresa competitiva, con ingresos suficientes que pueda llevar el servicio a todo México.

En la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, pide adicionar la fracción II Bis al artículo 41 para que la Comisión Reguladora de Energía licite y suscriba contratos para servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, y llevar a cabo subastas a fin de adquirir potencia para asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, determinar la asignación de los costos que resulten de dichas subastas y expedir protocolos para la contratación de potencia en casos de emergencia;

En los artículos 37, 47 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, propone incluir que las aportaciones federales con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, se destinarán también a satisfacer los requerimientos y pago de energía eléctrica. Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Hacienda y Crédito Público.

Sancionar y suspender derechos político-electorales hasta por seis años a quien cometa violencia de género

El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) propuso modificar la Constitución Política, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para reconocer la violencia política de género como conducta sancionable, y suspender los derechos político-electorales hasta por seis años, a quien cometa acciones de este tipo.

Asimismo, declarará la nulidad de una elección cuando se acredite que los partidos políticos o candidatos cometieron violencia política de género durante el proceso electoral.

La iniciativa también plantea que para ser Presidente de la República y legislador federal se requerirá no haber sido sancionado, mediante sentencia firme, por estos actos.

Gómez Alcantar puntualizó que desde 2013 se estableció la violencia política de género como conducta sujeta sanciones legales desde un punto de vista electoral; sin embargo la ley en la materia no lo reconoce. “Se pretende atender esta omisión y dar un paso adelante para consolidar los derechos de la mujer en igualdad de oportunidades con un hombre”. Se remitió a las Comisiones de Puntos Constitucionales para dictamen, y Gobernación y Población para opinión.

Robo de combustible aumentó 400 por ciento en cinco años

A las comisiones unidas de Economía, Comercio, Competitividad y Justicia se turnó la iniciativa de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (PES), que reforma la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el fin de combatir la práctica indebida de litros incompletos en las gasolineras al momento de vender el combustible.

La diputada afirmó que se debe hacer énfasis en la expedición de bombas expendedoras de gasolina y evitar su manipulación para vender cantidades menores. “Es impensable que a pesar de que se realizan operativos, éstos registren anomalías mínimos, cuando la realidad es otra. En los últimos cinco años el robo de combustible aumentó en 400 por ciento y los Estados con más de mil casos en seis años son Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Veracruz y Nuevo León”.

La propuesta plantea establecer acciones coordinadas para coadyuvar con las autoridades competentes en el caso de aquellos establecimientos de servicio de hidrocarburos que presenten irregularidades, y que puedan ser susceptibles de delito y que hayan sido detectadas en los instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro.

También, crear programas de supervisión focalizada, permanente y prioritaria de productos que integran la canasta básica, a fin de evitar que aumenten sus costos de manera indiscriminada, y cualquier práctica comercial abusiva. Para ello, La Federación se coordinará con las instituciones locales, municipales y de seguridad pública, así como con autoridades del sector energético y la Procuraduría de Federal del Consumidor.

Crear Registro Nacional de Enfermedad Renal Crónica

La diputada Lorena Cuéllar Cisneros (Morena) propuso modificar la Ley General de Salud para crear un Registro Nacional de Enfermedad Renal Crónica con base poblacional, que se integrará de la información proveniente del Sistema Nacional de Información Básica en materia de Salud y estará dividido en regiones norte, centro y sur.

La legisladora afirmó que no existe una base de datos con estadísticas confiables que permita conocer el número de casos en el país, que complica la aplicación de programas y políticas públicas focalizadas en la prevención, detección oportuna y tratamiento.

Destacó que la Organización Panamericana de la Salud, la Sociedad Latinoamericana de Nutriología e Hipertensión y la Academia Nacional de Medicina de México, coinciden en la necesidad de crear estrategias que amplifiquen las medidas para prevenir y mejorar el acceso a tratamiento de estas enfermedades, que destacando la importancia de crear un registro nacional.

Dijo que 70 por ciento de las muertes del país se debe a enfermedades crónicas no transmisibles; se estima que se destina 50 por ciento de los recursos del sector salud para tratar estos padecimientos, entre los renales, y si el número de casos aumenta en las etapas más avanzadas, su atención podría poner en severos problemas la viabilidad financiera del sector. Se envió a la Comisión de Salud

Establecer Sistema Nacional de Información Agraria

El diputado Armando Tejeda Cid (PAN) propuso reformar las Leyes Agraria y la de Desarrollo Rural Sustentable, para de establecer el Sistema Nacional de Información Agraria, promover la regulación de la tenencia y la propiedad social, lo que generará seguridad jurídica y se traducirá en beneficios específicos para el sector.

El sistema permitirá ubicar tierras ejidales y comunales para optimizar los recursos y hacer reconversión productiva, así como focalizar programas para pequeños productores y campesinos sin tierra.

Se crearán condiciones para que las comunidades crezcan ordenadamente, delimitando las zonas más adecuadas para evitar desastres naturales.

Puntualizó que establecer el Sistema es estratégico para los proyectos específicos de algunos sectores y para la planeación de desarrollo municipal, rural y regional. “Esta iniciativa es importante porque brinda la posibilidad de tener orden y fomentar el desarrollo de las personas que más lo necesitan”. Se remitió a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria.

Revocación de mandato para que Presidente de la República pueda ser destituido

La diputada María Alemán Muñoz Castillo (PRI) expuso una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política y expide la Ley General de Participación Ciudadana, con el fin de que el Presidente de la República pueda ser destituido por el pueblo mexicano, una vez transcurrida la mitad de su mandato, a través de la consulta popular con carácter de revocación de mandato.

La reforma precisa que serían derechos del ciudadano votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, que puedan tener carácter de plebiscito, referéndum o revocación de mandato.

Explicó que la nueva Ley General de Participación Ciudadana busca establecer, regular, fomentar y promover los instrumentos que permitan y fortalezcan la organización de los ciudadanos. Serían mecanismos de participación ciudadana: la Consulta Popular, el Presupuesto Participativo y la Iniciativa Ciudadana.

Refiere que la Consulta Popular es el mecanismo de participación ciudadana, a través del cual los ciudadanos expresan su opinión respecto de uno o varios actos de trascendencia nacional, mediante el voto directo. Se envió a las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Población y a la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Proponen exentar del impuesto general de importación a vehículos usados de procedencia extranjera

Por su parte, la diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz (Morena) planteó adicionar el artículo 61 de la Ley Aduanera, con el objetivo de exentar del impuesto general de importación a los vehículos usados de procedencia extranjera.

No se pagarán los gravámenes al comercio exterior por su entrada o salida del territorio nacional, y la regularización de su importación será atendiendo las características previstas.

Lo anterior, de conformidad con el TLCAN y el Decreto del Ejecutivo que establece que a partir del 1o. de enero de 2009 y gradualmente hasta el año 2019, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos usados, provenientes de Canadá o de Estados Unidos, en función del año modelo de antigüedad. Asimismo, de acuerdo con el Anexo 302.2 del propio Tratado, que prevé una desgravación progresiva de aranceles a bienes originarios, incluidos los vehículos usados.

La legisladora refirió que el costo para realizar la importación de dichos vehículos usados está compuesto por diversos gravámenes y derechos, tales como el Impuesto General de Importación, el Impuesto al Valor Agregado, el Derecho de Trámite Aduanero, los costos de prevalidación y los honorarios del agente aduanal que realiza el trámite, entre otros, lo cual resulta ser muy alto y difícil de cubrir por los ciudadanos.

Conade debe integrar Registro Nacional de Infraestructura Deportiva

Del PAN, el diputado Ricardo Flores Suárez presentó una iniciativa que reforma los artículos 4, 30, 94 y 95 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el fin de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) tenga la atribución de integrar y actualizar el Registro Nacional de Infraestructura Deportiva (Renaid), su Reglamento y los Lineamientos que para tal efecto emita y los demás ordenamientos jurídicos aplicables.

La iniciativa, turnada a la Comisión del Deporte, precisa que la Conade enviará a la Cámara de Diputados el Renaid actualizado a más tardar el 8 de septiembre de cada año, para contribuir al manejo transparente de los recursos federales, su mejor distribución y garantizar la óptima operación de la infraestructura deportiva existente y de aquella de nueva creación.

El diputado mencionó que, de acuerdo con el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, uno de los 10 problemas e insuficiencias más importantes del sistema deportivo mexicano actual es el conjunto de instalaciones deportivas de uso social, ya que es insuficiente y de baja calidad. Por ello, la implantación del Renaid tiene como objetivo la realización de un inventario nacional de infraestructura deportiva y el desarrollo de un sistema de actualización.

Consideró indispensable contar con registro nacional de instalaciones deportivas, actualizado y sistematizado, de manera efectiva, para ser reconocido como un instrumento obligado de consulta objetivo, en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación en cada ejercicio fiscal.

Proponen Ley General de Propaganda Oficial

El diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) presentó una iniciativa que expide la Ley General de Propaganda Oficial, a fin de evitar el uso de recursos públicos para la promoción personal, y eliminar el incremento a partidas destinadas a la publicidad durante el ejercicio presupuestal.

“El propósito es impedir que el 10 de enero entre en vigor una Ley aprobada por el Congreso, con la protesta de una gran cantidad de legisladores en ese momento de la anterior legislatura; esa ley es una tomadura de pelo”, explicó el legislador.

Indicó que se trata de no sólo limitar el gasto en propaganda, sino que ésta cumpla con la norma constitucional, que señala que está prohibido publicar anuncios en forma de noticias, lo que es algo que realizan todos los gobernantes. “Está prohibida la propaganda personalizada, ya sea con nombre, símbolo, cara alusión cualquiera de un servidor público”.

Aseguró que hay gobernadores que todos los días aparecen en los periódicos de la capital del país, pues “pagan con dinero que no es suyo”, lo que está prohibido por la Carta Magna. “En este proyecto estamos presentando un sistema de propaganda oficial que también distribuya el tiempo de radio y televisión del Estado entre las entidades federativas, y que las partidas de propaganda no se puedan incrementar durante el ejercicio”, agregó.

Se turnó a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su opinión.

Aumentar tres meses a los periodos de sesiones

Gómez Álvarez presentó otra iniciativa que reforma el artículo 66 Constitucional con el propósito de aumentar las sesiones ordinarias del Congreso de la Unión tres meses más. “No es correcto que los miembros del Legislativo trabajemos seis meses y medio y cobremos 12, más el aguinaldo”.

La modificación puntualiza que el segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 31 de julio del mismo año.

El texto menciona que esta modificación podría propiciar alguna mejoría en la percepción pública que se tiene de los legisladores, si, además, en los dos meses y medio de receso que ahora se proponen, se llevara a cabo un verdadero trabajo de estudio y dictamen en las comisiones.

“Bajo cualquier análisis, es necesario que los miembros del Congreso trabajen efectivamente la mayor parte del año en su labor propiamente legislativa y de control del gobierno, tal como lo marca la Constitución del país”, enfatiza la iniciativa.

Proponen cambios a Comisiones Investigadoras

También planteó reformas al artículo 93 de la Constitución, el cual da marco a las Comisiones de Investigación de la Cámara de Diputados y el Senado pues “ninguna de ellas ha funcionado”, por lo que, aseguró, es necesario cambiar su búsqueda de resultados a fin de mejorarlos.

“Yo inicié la primera en el año de 1980 para investigar las interferencias de los teléfonos; no logró nada, sólo que fuera delito en el Código Penal pues interferir y escuchar llamadas era únicamente falta administrativa, además que no ha habido procesados”, expresó.

La modificación precisa que estas comisiones investigadoras tendrán la facultad de indagar a cualquier ente público, con excepción del Poder Judicial y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues estos últimos son un poder y de un organismo que ejercen capacidades de control sobre el Poder Legislativo.

Además, todo individuo mayor de edad y con plena capacidad está obligado a comparecer bajo protesta de decir verdad, en persona, o, por imposibilidad material, por escrito, ante la comisión investigadora que le cite formalmente. Toda entidad pública está obligada a entregar, por requerimiento formal de la comisión investigadora, copias certificadas o autenticadas de documentos, contratos y cuentas bancarias, así como informaciones documentales de fideicomisos y otras formas de administración.

Piden cambios en materia de educación y capacitación electoral

De igual forma, propuso una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a efecto de fusionar las Comisiones de Capacitación, Organización Electoral y Educación Cívica, pues, consideró, éstas deben estar juntas para evitar duplicidades.

“Tenemos 333 vocales ejecutivos duplicados con sus respectivas oficinas, no tiene sentido pues al final de cuentas Organización y Capacitación se unifican y operan simultáneamente, no paralelas, sino ensambladas”.

La iniciativa expone que siendo el INE una de las instituciones que ha implementado un servicio profesional de carrera, el conocer y dar seguimiento a las actividades de organización, capacitación y educación cívica no implica un reto extraordinario para su personal, pues los responsables de una u otra función participan de manera cotidiana en el proceso de toma de decisiones de ambas materias.

Puntualiza que la finalidad es hacer más eficiente el desarrollo de funciones aparejadas, unificando la toma de decisiones en distintos procesos relacionados, lo que garantiza su correcto desarrollo, y generar menor gasto al Instituto, al simplificar y hacer más eficiente su estructura.

Garantizar inclusión de personas con discapacidad en partidos políticos

El diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre (Morena) presentó una iniciativa que reforma los artículos 3 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos, a fin de establecer que esas agrupaciones reserven el 5 por ciento de sus candidaturas a personas con discapacidad.

Las modificaciones legales también buscan que las instituciones políticas garanticen la participación de ese sector poblacional en todas las acciones dentro del partido.

El legislador recordó que nuestro país ha signado Tratados Internacionales que lo obligan a tener espacios de inclusión. Además, dijo, hay instrumentos que han marcado a México a modo de defensor de esos grupos, como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Recordó que en 2010, los partidos de ese entonces, firmaron un acuerdo emitido por el otrora IFE, donde se comprometieron a elevar la inclusión del sector; sin embargo, todo ha sido letra muerta. Su iniciativa se envió a la Comisión de Gobernación y población para dictamen.

Proponen cambios en la Ley del Servicio Postal Mexicano

La diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río, planteó modificar el artículo 4 de la Ley de Servicio Postal Mexicano, para establecer que el gobierno federal tenga a su cargo la recepción, transporte y entrega de correspondencia y paquetería, así como la planeación, establecimiento, conservación, operación, organización y administración de esos servicios.

Además, propone la modernización del Sepomex a través de las tecnologías de la información y comunicación, así como la gestión de nuevos productos que permitan lograr eficiencia y calidad en el mercado nacional.

La diputada estimó que el Sepomex no ha podido ser eficaz por distintas omisiones e insuficiencia financiera, pues pese a una inversión por más de 6 mil 400 millones de pesos en el sexenio, no se detonó su fortalecimiento.

Manifestó que “la actual administración firmó contratos millonarios con empresas privadas para enviar correspondencia gubernamental, en lugar de utilizar el servicio público. Usar el Sepomex mejoraría temas económicos y, sobre todo, de seguridad nacional. La iniciativa se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Diputado propone crear Secretaría de Pesca y Acuacultura

Fernando García Hernández, diputado de Morena, propuso cambios a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objetivo de crear la Secretaría de Pesca y Acuacultura.

El propósito, dijo, es brindar atención eficiente a las demandas de los trabajadores e industrias pesqueras. “Con una secretaría en el rubro, se fortalecerían las actividades del sector y se otorgaría certidumbre a inversionistas”.

Entre las atribuciones de la nueva secretaría estaría lograr la soberanía alimentaria, ser creadora de empleos, así como generar divisas para las finanzas nacionales.

Asimismo, el titular de esa dependencia tendría facultad para acordar junto con el Ejecutivo federal, los asuntos relevantes para la industria pesquera. La propuesta se envió a la Comisión de Gobernación y Población para su dictamen.

Aumentar multas para quien haga mal uso del agua

Mariana Dunyaska García Rojas, diputada del PAN, presentó iniciativa que reforma y adiciona los artículos 88 Bis y 120 de la Ley de Aguas Nacionales, para aumentar en 30 por ciento las multas para quien haga mal uso del agua, como afectar descargas sin el tratamiento que mandata la normatividad; explotar o aprovechar aguas nacionales sin el título respectivo; impedir u obstaculizar las visitas que realice la autoridad; ocasionar daños ambientales, y desperdiciar el líquido vital.

Plantea que las personas físicas o morales que efectúen descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores deberán adoptar dentro de sus procesos materiales biodegradables. Se sustituye, además, el término salario mínimo por el de Unidad de Medida y Actualización.

“Es necesario que todo aquel que contamine sea castigado de una manera ejemplar, y que las sanciones respondan al daño y al deterioro ambiental causado, pues a la fecha, a muchas industrias les resulta más redituable pagar una que otra multa que darle el tratamiento debido a sus desechos”, destacó.

La mala gestión del agua en México es, sin duda, un problema grave que por décadas ha exigido su atención. “Hoy se tiene más agua tóxica cortesía de la industria y de la laxitud de las leyes”, indicó; en el país, la contaminación y el cambio climático han disminuido la disponibilidad del líquido per cápita de 11 mil 500 metros cúbicos (m3) en 1955 a tan solo 4 mil 263 m3 en 2011. Se mandó a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento.

Salas de lactancia en centros laborales públicos y privados

Por el PRI, la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez, planteó reformar los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de promover la instalación de salas de lactancia o lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado.

Estas salas tienen como objetivo atender el derecho a la salud de los menores, a través de una nutrición adecuada y completa; generar lugares que posibiliten la lactancia con instalaciones adecuadas; que el tiempo utilizado se contabilice como trabajado, y respeto de la mujer de tener derecho a una o varias interrupciones diarias o a una reducción de las horas laborales diarias para esta práctica.

Precisó que la protección de la maternidad para las trabajadoras debe ser un elemento prioritario de la política laboral nacional; atenderlas significa apoyar el desarrollo económico, reconocer el derecho que tienen las mexicanas y atender el interés superior del menor. El Unicef ha establecido la lactancia materna en el lugar del trabajo como un derecho, no sólo de la madre sino también de los infantes.

Relató que la Secretaría de Salud y Unicef han iniciado una importante campaña para incrementar el consumo de leche materna en los infantes, debido a que únicamente el 14.4 por ciento de las madres llevan a cabo la lactancia, lo cual se debe, en gran medida, a que trabajan y no cuentan con espacios idóneos. El documento que también suscribe Soraya Pérez Munguía (PRI) se remitió a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Incluir sellos de advertencia en etiquetas de alimentos

El diputado Francisco Javier Saldívar Camacho (PES) propuso reformar el artículo 212 de la Ley General de Salud, a fin de incluir dentro de las etiquetas de alimentos y bebidas no alcohólicas frases de prevención de contenido de energía, sodio, azúcares totales y grasas saturadas en los productos, así como contemplar la frase “El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud”, cuando se rebasen los límites de las características nutricionales.

Además, se prevé incluir un sello de advertencia “Alto en”, seguido de: grasas saturadas, sodio, azúcares o calorías. Esto permitirá distinguir con sólo una mirada aquellos alimentos menos saludables y optar por los que no tienen sellos o con menos.

El objetivo es mitigar el excesivo consumo de la comida chatarra, generando conciencia al mostrar de manera clara y precisa los efectos de una ingesta frecuente y de mayor cantidad de azúcares, grasas y sodio, lo que ayudará a la prevención de los problemas dentales, cardiovasculares, obesidad adulta e infantil y que a la postre se genere diabetes.

Mencionó que de acuerdo con Unicef, México tiene el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en adultos, precedido por Estados Unidos. Este problema está presente no sólo en la infancia y adolescencia, sino también en población en edad preescolar. La ingesta de azúcares libres, entre ellos los contenidos en productos como las bebidas azucaradas, es de los principales factores que dan lugar al aumento de la obesidad y diabetes. Se canalizó a la Comisión de Salud.

Transparentar otorgamiento de concesiones a carreteras, autopistas y puentes

Del PT, el diputado Santiago González Soto presentó una iniciativa que reforma la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el propósito de dar mayor transparencia, así como una participación igualitaria, a los concursantes de licitaciones referentes a concesiones de carreteras, autopistas y puentes de cuota, contemplados en la norma.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para dictamen y que reforma el artículo 7, fracción III, de dicha ley, establece que los criterios para el otorgamiento de las concesiones dadas por concurso público, deberán beneficiar al usuario en precios y tarifas.

González Soto destacó que el artículo 7, como se encuentra actualmente, genera que las administraciones responsables del sector carretero elijan el concesionario ganador, sin importar que el usuario tenga que pagar por el uso de carreteras un precio tarifario que duplica el costo de lo que debería cubrir.

Por ello, dijo, “tenemos que acabar con las obras que sólo se hacen para llevarse una comisión o moche, sin importar las necesidades reales de las comunidades”.

Iniciativa para eliminar pensiones a ex presidentes

La diputada Lourdes Celenia Contreras González (MC) presentó una iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución Política, con la finalidad de establecer, de forma explícita, la eliminación de las pensiones de retiro y otros beneficios en materia social y administrativa para los ex presidentes de la nación.

Resaltó que esas erogaciones, que surgen desde 1987, en materia de seguridad social para los trabajadores, son cuantiosas para los ex presidentes que, “con solo 6 años de aciertos y desaciertos, gozan de una pensión vitalicia, equivalente a la de un secretario de Estado en funciones, cuyo monto oscila en los 201 mil pesos”.

“Los costos por las polémicas pensiones y apoyo son por 40 millones de pesos anuales. Por los últimos 30 años, si lo multiplicamos, nos da un total de mil 200 millones de pesos; cuando un pensionado recibe en México entre 5 y 6 mil pesos mensuales, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro”, abundó.

De la misma manera, sostuvo que el artículo 104 de nuestra Carta Magna señala que los recursos públicos deben manejarse de manera eficaz, transparente y honrada. Sin embargo, “las cuantiosas pensiones para ex presidentes solo demuestran ineficiencia, ineficacia, despilfarro y opacidad en el manejo del dinero de todos los mexicanos”.

Actividad minera no debe atentar contra pueblos y comunidades indígenas

Por el PRD, el diputado Teófilo Manuel García Corpus presentó una iniciativa que busca garantizar que la actividad minera no atente contra la existencia de los pueblos indígenas, como colectivos humanos, y establecer mecanismos para que se garantice la preservación de sus tierras y territorios, así como los recursos naturales, incluidos los minerales.

La propuesta que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Minera, adiciona el Capítulo Segundo Bis “De la Explotación Minera y los Derechos de los Pueblos Indígenas”, en donde destaca que en caso de que por alguna causa se destruyan recursos minerales existes en sus tierras y territorios, tendrán derecho a una reparación justa por parte del Estado.

La reforma que también modifica la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y que se envió a las Comisiones Unidas de Economía, Comercio y Competitividad y de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales para dictamen, refiere que será responsabilidad de la Secretaría de Economía la realización de la consulta, cuando pretenda obtener el consentimiento previo al otorgamiento de concesiones mineras en territorios indígenas.

Destaca que en caso de que los pueblos indígenas o sus comunidades otorguen su consentimiento, antes de autorizar las concesiones, el Estado deberá asegurarse que las actividades de exploración, explotación y beneficio que se pretendan realizar no pongan en peligro la existencia de esas comunidades.

Ampliar licencia de paternidad por nacimiento y adopción de un hijo

La diputada Ana Patricia Peralta De La Peña (Morena) presentó iniciativa para ampliar de cinco días a seis semanas el periodo de licencia de paternidad con goce de sueldo, a todos los trabajadores en caso del nacimiento o adopción de un hijo.

Con ello, se promoverá la igualdad y equidad entre la mujer y el hombre en materia laboral, redistribuir las actividades en el cuidado de los menores y en las del hogar, así como eliminar las grandes barreras laborales que enfrentan las mujeres y que el empleo femenino no se resienta por la maternidad y no sean consideradas como las únicas cuidadoras familiares.

Planteó adicionar el artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, y reformar el precepto 132 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de atender el interés superior del menor. La propuesta fue suscrita por la legisladora del PVEM, Beatriz Manrique Guevara. Se remitió a la Comisión del Trabajo y Previsión Social para dictamen.

Para acreditar la relación del parentesco por consanguineidad o adoptiva, el padre trabajador deberá presentar documento que establezca su estado civil de casado o concubinato con la madre del menor, y exhibir con su solicitud el certificado médico de nacimiento del hijo o la resolución judicial que autorice la adopción. La petición de licencia deberá resolverse en forma inmediata y dará inicio en los tres primeros días después del hecho. Este permiso se concederá sin perjuicio del que se otorgue a la mujer por maternidad.

Elevar a rango constitucional la educación superior en México

Para elevar a rango constitucional la educación superior en México, la diputada del PAN, Sonia Rocha Acosta, impulsa iniciativa para reformar los artículos tercero y 31 de la Constitución Política, ya que sólo tres de cada 10 jóvenes de 18 a 22 años de edad tiene la oportunidad de asistir a alguna universidad o institución de este nivel escolar.

“La enseñanza superior no está reconocida con el carácter de obligatorio, por ello resulta necesario, indispensable e impostergable incorporarlo y reconocerlo en la Carta Magna”, para que el Estado promueva y atienda esta modalidad de aprendizaje, a fin de apoyar la inserción productiva, la investigación científica y tecnológica, fortalecer y difundir nuestra cultura, y acceder con mayor facilidad a un mejor nivel de vida con menores desigualdades sociales, subrayó.

Destacó que el referido nivel educativo debe ser prioridad estratégica en la agenda pública, porque es herramienta que permite la plena inserción en el desarrollo económico del país, en beneficio personal y social. Además, constituye el cimiento en el que descansa el proyecto de desarrollo nacional y la edificación de una nación justa, solidaria, incluyente y democrática.

“El reto no es menor” ante los desafíos de desarrollo que enfrenta México en el futuro inmediato, que obligan a tomar decisiones necesarias. Con la cobertura actual no existen las condiciones para que las aspiraciones de los mexicanos se alcancen. Por ello, convocó a redoblar el paso y ampliar el acceso de los jóvenes a la educación superior. La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

Establecer penas suficientes por abuso sexual contra menores

Con el propósito de evitar la impunidad y establecer castigos suficientes a quienes cometen abuso sexual contra menores, el diputado del PRI, Fernando Donato de las Fuentes Hernández presentó iniciativa para derogar y reformar varios artículos del Código Penal Federal porque hay duplicidad con algunas normas de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y disparidad en las penas.

Propuso modificar el inciso d, del artículo 201, porque establece penas por debajo de la mitad de las que impone la ley general. Se observa el contraste entre los castigos, que daría la posibilidad a un delincuente, por derecho, de acogerse a la que más le favorece, lo que representa para él una ventaja en su proceso, no repercute en justicia para la víctima.

Explicó que el Código Penal Federal incluye como corrupción de menores la explotación de la mendicidad y la inducción o sometimiento para realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo o sexual, y estos delitos se encuentran en la Ley General de trata de personas en los artículos 10, 13 y 24.

Respecto al delito de turismo sexual, el código impone prisión de 7 a 12 años, mientras el artículo 18 de la Ley vigente de trata de personas establece cárcel de 15 a 25 años. Precisó la necesidad de derogar el artículo 204, vinculado al lenocinio de menores e incapaces de comprender o resistir el hecho, pues no solo está contenido en el artículo 13 de la Ley vigente de trata, sino que en ningún caso un menor de 18 años es apto para consentir tal tipo de explotación. La iniciativa se remitió a la Comisión de Justicia para dictamen.

Estado debe garantizar bienestar y desarrollo integral en todos los casos de adopción de menores

La diputada Rosalba Valencia Cruz (Morena) presentó una reforma a los artículos 4 y 73 de la Constitución Política, con el propósito de que el Estado garantice que en todos los casos de adopción de menores se asegure su bienestar y desarrollo integral, teniendo como objetivo garantizar el interés superior de la niñez y la dignidad humana.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, también establece que el Congreso tenga la facultad de expedir leyes en materia de adopción de menores.

La legisladora resaltó que hasta ahora no se cuenta con un marco legal homogéneo ni con políticas que permitan tener transparencia en los procesos y que cierren la puerta a malas prácticas, lo que ha generado adopciones ilegales o discriminatorias a cargo de instituciones privadas.

Refirió que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México 30 mil niños viven en espera de una familia en espacios residenciales alternativos. Por ello, la iniciativa busca el reconocimiento, protección, respeto y garantía del derecho de los menores a vivir en familia.

Plantean expedir Ley Federal que Prohíbe Fractura Hidráulica

En su turno, el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera (PAN) planteó un proyecto de Decreto para expedir la Ley Federal que Prohíbe la Fractura Hidráulica, a fin de inhibir la exploración y la explotación de los hidrocarburos no convencionales, en el territorio nacional mediante esta técnica.

Precisa que la Secretaría de Energía sancionaría la exploración o extracción de hidrocarburos sin la asignación o contrato de los hidrocarburos no convencionales mediante la técnica de la fractura hidráulica, con multa de entre cinco millones a siete millones 500 mil veces el importe de la Unidad de Medida y Actualización, más un monto equivalente al valor de los hidrocarburos que hayan sido extraídos conforme a la estimación que al efecto lleve a cabo la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Asimismo, este organismo sancionaría la realización de perforaciones sin la autorización correspondiente en los términos de la regulación, con multa de entre 150 mil a 375 mil veces el importe de la Unidad de Medida y Actualización.

El diputado señaló que la iniciativa busca garantizar la protección de la salud, un medio ambiente sano, el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, derechos que se encuentran consagrados en la Constitución Política y que el Estado debe velar por su cumplimiento. Se mandó a las comisiones de Energía y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Garantizar derecho a alimentación nutritiva con impulso a la producción

Por Morena, el diputado Alejandro Candelaria Maximino propuso cambios a diversas disposiciones de la Constitución Política para que el Estado garantice el derecho de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, mediante el impulso de la producción nacional de alimentos.

La iniciativa, remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales, también establece que la producción de alimentos sería considerada un área estratégica del Estado, el cual promovería las condiciones del impulso a la agricultura familiar para la producción de alimentos en el país.

Asimismo, precisa que el desarrollo rural integral y sustentable que tiene entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos, sería a partir de la producción nacional de alimentos y de las unidades familiares de producción.

El diputado subrayó que el impulso a la agricultura familiar, la producción nacional de alimentos y el derecho humano a una comida adecuada, suficiente, y de acuerdo a las realidades culturales y regionales del país, debe reconocerse desde el marco constitucional.

Retirar rejas que rodean al Palacio Legislativo

El legislador Javier Hidalgo Ponce (Morena) planteó reformar el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General para establecer que la Cámara de Diputados será un congreso abierto, el cual buscará que su recinto facilite el contacto entre los legisladores y la ciudadanía.

La iniciativa cita que la expresión arquitectónica del recinto “refleja su asilamiento” e, incluso, ha sido considerada “un búnker que prefiere darle la espalda a los ciudadanos y contemplarse en el espejo de sus ambiciones, y presenta un cerco artificial que contribuye a expresar el efecto de divorcio entre pueblo y legisladores”.

“El edificio enrejado refleja un completo aislamiento y una fortaleza inaccesible, cuya percepción es tomar decisiones de forma oscura y sin escuchar a la gente”, afirmó el diputado.

Puntualizó que el recinto de San Lázaro debe expresar en su arquitectura la vocación original de ser accesible, abierto y la casa del pueblo. “Derrumbemos las murallas”. Se turnó a la Comisión de Régimen Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.

Combatir el tráfico de cabello humano

La diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano (Morena) planteó modificar la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para dotar de elementos normativos suficientes al Estado y combatir el tráfico de cabello humano, acercando su descripción típica a la figura del tráfico de órganos.

Propone facilitar a legislaturas de estados y la Ciudad de México las adecuaciones legales suficientes para luchar contra este delito.

“Existe un mercado negro de cabello que trae serios indicios de delincuencia organizada. Estamos ante un contrato lucrativo de todas las opciones de la delincuencia que se parece al flagelo del tráfico de órganos”, aseguró.

Subrayó que los legisladores están limitados para legislar en materia de este delito, por lo que es indispensable un análisis del orden jurídico nacional y voluntad política para devolver la paz a las personas. Se envió a las comisiones unidas de Salud y Justicia para dictamen

Otorgar seguridad social a jornaleros

El legislador Francisco Javier Borrego Adame (Morena) propuso modificar las leyes del Seguro Social y Federal del Trabajo, con el fin de incluir a los jornaleros como sujetos beneficiarios al régimen de derechos del seguro social.

La iniciativa cita que los patrones podrán convenir con los trabajadores un programa de seguridad social que permita que el Instituto Mexicano del Seguro Social pueda asegurarlos tomando en cuenta sus condiciones socioeconómicas y valorando si los jornaleros se encuentran en estado de pobreza extrema.

El diputado dijo que de 95 por ciento de ellos no tiene acceso a seguro social; por ello, añadió, con esta iniciativa se beneficiará a una población que alcanza los 2.5 millones de peones.

Borrego Adame mencionó que cada trabajador recibe alrededor de 18.5 pesos por hora laborada y de cada 100 peones, 66 son remunerados y 34 no reciben ningún ingreso. Se envió a las comisiones unidas de Seguridad Social, y del Trabajo y Seguridad Social.

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