• En México se cometen 7 al día, de acuerdo con la ONU; este asunto requiere “solución urgente”

• Desigualdad y discriminación contra las mujeres, retos para esta Legislatura: Beatriz Santamaría

10-10-2018.- La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, María Wendy Briceño Zuloaga (Morena), sostuvo que en México se cometen 7 feminicidios cada día, de acuerdo con datos de la ONU, lo cual demuestra “la incapacidad del sistema de seguridad pública para atender este horror y dejar de hablar de todo ello como si fuera una cotidianidad”.

En el marco del LXV aniversario del sufragio femenino, al inaugurar el foro “Debates parlamentarios sobre la igualdad de género, los derechos humanos de las mujeres y la no discriminación: herramientas para fortalecer el quehacer legislativo con perspectiva de género”, la diputada agregó que los casos de feminicidio demuestran la premura de trabajar en conjunto, pues “sólo se puede hablar de pacificación en México si se atiende el urgente problema de violencia de género”.

Señaló que son los organismos de la sociedad civil, activistas e instituciones internacionales, los que denuncian de qué manera matan, violentan, desdeñan y lastiman a las mujeres en México.

La instalación de grupos multidisciplinarios con perspectiva de género y la asignación de recursos para políticas públicas que, lejos de crear mecanismos que den solución a esta terrible y dolorosa problemática, reflejan la ausencia de un compromiso de Estado, el cual hoy se vuelve imperioso.

Estimó urgente ampliar el artículo 22 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para resignificar los alcances de la alerta de género, dado que ésta ha sido reducida al reconocimiento de las áreas de riesgo para las mujeres.

Precisó que la comisión a su cargo trabajará de manera coordinada con los Poderes de la Unión y con todos los órdenes de gobierno, en el andamiaje de procuración de justicia, para que se deje de responsabilizar a las mujeres víctimas de los ilícitos, porque se suele revictimizarlas.

La representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz Luque, resaltó que la violencia es múltiple y extendida a lo largo del país; sin duda, el problema del feminicidio preocupa profundamente, pues el que “más de 7 mujeres en México sean asesinadas al día, es algo que requiere atención urgente”.

Estimó necesario atender la violencia prevalente en la vida de casi 7 de cada 10 mexicanas que han manifestado ser víctimas en alguna forma a lo largo de su vida.

Precisó que en México, sólo el 43 por ciento de las mujeres en edad productiva participan en la fuerza laboral, comparado con un 78 por ciento de los hombres. “Es una de las brechas de la participación en la economía más pronunciadas entre los países de la OCDE”.

Además, cerca del 60 por ciento de este sector trabaja en empleos informales, y la brecha salarial entre ellas y los hombres alcanza un 16.5 por ciento. Los trabajos y la carga de cuidados no remunerados recaen específicamente en el sector femenino, quienes dedican hasta tres veces más tiempo que el género masculino y no tienen un reconocimiento económico.

En el ámbito de lo político, señaló que todavía hay varios poderes del Estado donde se tiene que avanzar rápidamente; las mujeres sólo representan el 18 por ciento en la Suprema Corte de Justicia. A nivel estatal, sólo 3 de 32 entidades tienen gobernadoras, y únicamente el 26 por ciento de los municipios están presididos por ellas.

Reconoció que México ha hecho grandes avances normativos respecto a la igualdad de género, “es un país ejemplar en la materia”. Sin embargo, todavía prevalecen brechas que requieren atención colectiva.

Enfatizó que el Congreso de la Unión es una de las demostraciones más claras de que el trabajo con acciones afirmativas funciona. Hoy las mujeres representan el 49.2 por ciento de la Cámara de Senadores, 63 de un total de 128, y el 48.2 por ciento de la Cámara de Diputados, es decir, 241 de 500.

Detalló que otro tema fundamental es eliminar cualquier tipo de discriminación en las leyes existentes y que, desde distintos actores y sectores, se construya una agenda común que atienda los objetivos de desarrollo sostenible a los que México se ha comprometido.

En su oportunidad, Beatriz Santamaría Monjaraz, titular de la Unidad para la Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados,dijo que México ocupa el cuarto lugar en el mundo con un Congreso paritario; sin embargo, aún persiste la desigualdad y discriminación contra la mujer, retos y desafíos que enfrenta esta Legislatura para lograr una vida libre de violencia.

Después de 65 años, el país tiene un Congreso con una legislatura paritaria, producto del avance del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en la participación política, afirmó.

Las mujeres, añadió, enfrentan diariamente distinciones de género en todos los ámbitos de la vida, en el hogar, trabajo, instituciones, y en el ámbito público. Desigualdades que generan violencia sistemática, desde la más sutil como acoso y hostigamiento sexual hasta la violencia más extrema como los feminicidios.

Consideró importante legislar con perspectiva de género para garantizarles acceso a los beneficios de desarrollo y justicia. “Se deben desmontar estereotipos que día a día recibimos las mujeres por el color de piel, sexo, condición indígena; tenemos que transformar la legislatura y construir herramientas para legislar con igualdad”.

Mencionó que con este evento, la Cámara de Diputados inicia la conmemoración del 65 aniversario del Sufragio femenino. “La Unidad para la Igualdad de Género en San Lázaro tiene un mandato muy claro: ser el órgano ejecutor que se encargue de institucionalizar la perspectiva de género en todo el sistema parlamentario y cambiar la cultura”.

Durante el Panel 1 “Desafíos para superar las desigualdades de género: hacia una agenda legislativa para la igualdad sustantiva”, la representante de ONU Mujeres en México, Juliette Bonnafé reconoció los avances en materia de paridad de género; no obstante, dijo, existen desafíos como eliminar la brecha de implementación de las leyes en la vida cotidiana.

Señaló que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), recomienda la eliminación de leyes discriminatorias y erradicar la exclusión por causas de género, armonizar las definiciones jurídicas y sanciones relativas a los actos de violencia hacia las mujeres.

Es necesario que exista un Estado paritario en todos los órganos del sector público y los tres órdenes de gobierno y que se adopten medidas para armonizar la legislación estatal, a fin de tipificar la violencia política.

Asimismo, diseñar leyes que aborden la prevención, protección y apoyo a las sobrevivientes de violencia y la sanción y rehabilitación de sus agresores. En materia de empoderamiento económico, es fundamental que se modifiquen las leyes Federal de Trabajo, y del Seguro Social, elevar el presupuesto y promover inversiones con el propósito de reducir la brecha de género.

Carlos Javier Echarri Cánovas, coordinador Académico de la Maestría en Demografía de El Colegio de México, subrayó que las mujeres que viven en los estratos más pobres y las que hablan alguna lengua indígena son más vulnerables a la desigualdad de género, por lo cual es fundamental diseñar políticas públicas con perspectiva de género.

Una de cada 50 mujeres, apuntó, tiene privaciones en la decisión de su sexualidad, derecho a la educación, al trabajo remunerado y son obligadas al matrimonio infantil; esta cifra se multiplica por cuatro cuando se trata de indígenas.

Consideró necesario implementar estrategias para erradicar el embarazo adolescente y terminar con las dispensas que existen en materia de matrimonio infantil, pues 41 por ciento de mujeres rurales se casan antes de alcanzar la mayoría de edad.

Patricia Olamendi Torres, consultora, especialista en Igualdad de Género y Acceso a la Justicia, mencionó que para asegurar los derechos de las mujeres, es necesario un presupuesto y diagnóstico claro sobre las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

Aseguró que el sector femenino del país está extremadamente vulnerable, ya que posee nulo acceso a la justicia; por ello, urgió a eliminar la discriminación, crear nueva legislación familiar y juzgados mixtos.

Reiteró que el clima en el que viven las mujeres es de gran desigualdad, diariamente nueve son víctimas de feminicidios, sin contar lo que pasa con las que viven en sitios ocupados por el crimen organizado.

Mencionó que 12 niñas de cada cien son madres antes de los 15 años. “Esto no se han abordado porque nos da miedo legislar y poner que va a ser violación cuando tengas relaciones con una menor de 18 años; sino legislamos en la materia, estamos diciendo a la adolecente que es su responsabilidad embarazarse”.

De acuerdo con el Reporte Global de Brechas de Género, del Foro Económico Mundial, México retrocedió 15 puestos este año en temas como acceso a la educación, salud y supervivencia, oportunidades económicas y empoderamiento político. “Crecimos en empleo, pero en el menos calificado, hoy tres de cada 10 hogares encabezados por jefas de familia viven con dos salarios mínimos”.

Cuatro de cada 10 mujeres están económicamente activas, “en la medida que no se les incorpore al trabajo no habrá crecimiento económico. México está tirando a la basura un capital humano fundamental, lo que impide un crecimiento”.

Martha Ferreyra Beltrán, directora de Promoción y Cultura y No Discriminación del Conapred, informó que esta instancia abrió 2 mil 600 expedientes, entre 2012 y 2018, por actos de discriminación vinculados con mujeres; casi tres cuartas partes se dieron en el mundo laboral, la principal causa fue el embarazo, género y discapacidad.

Dijo que entre los desafíos para lograr la igualdad, destacan un cambio cultural que respete los derechos de niñas y mujeres; promover la igualdad y no discriminación en el mundo laboral; disminuir la brecha digital de género; ratificar el Convenio sobre los Derechos de las Trabajadoras del Hogar; revisar la Ley del Seguro Social sobre la protección de madres que laboran y servicios de estancias infantiles, así como fomentar políticas que garanticen su seguridad en espacios públicos y privados.

Refirió que “vivimos en un mundo en el que menos del 10 por ciento de los países están gobernados por mujeres; 24 por ciento de las empresas están dirigidas por el sector femenino; 155 países de 173 tienen al menos una diferencia jurídica que frena la igualdad de oportunidades”.

Agregó que “hoy compartimos territorio con cientos de miles de mujeres que no han tenido en su vida ni una sola experiencia de autonomía, de liderazgo y mucho menos de poder, y una de las principales razones de este rezago y desigualdad es la discriminación a las que se ven sometidas”.

La Cuarta Visitadora General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Eréndira Cruzvillegas Fuentes, dijo que a pesar de que esta Legislatura se distingue porque hay una mayor participación de mujeres, es histórico que éstas no ocupan un lugar en la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Subrayó que aún existen diferencias entre ambos sexos para tener acceso a la justicia y al desarrollo. Un estudio sobre puestos y salarios realizado por la CNDH muestra que la mayoría de quienes toman decisiones son hombres, mientras que las mujeres llegan hasta ciertos niveles, incluso, las secretarias de Estado no ganan lo mismo que los secretarios.

Puntualizó que es importante realizar cambios en las leyes estatales y federales en materia de procuración e impartición de justicia, seguridad pública y erradicación de pobreza. “Existen más de mil 624 enmiendas que hay que cambiar. Hay que poner especial atención en la Ley de la Igualdad entre Mujeres y Hombres”.

Quienes elaboran y aprueban leyes, añadió, deben entender que las mujeres no son sujetas de tutela, ni de vulnerabilidad; por el contrario, son activas de derecho porque “somos sujetas políticas”, y subrayó que hay que revisar los instrumentos del derecho a la vida, a la seguridad jurídica y pública y a la no discriminación.

Finalmente, comentó que la CNDH tiene disposición de trabajar con el Legislativo en construir una agenda que contenga herramientas adecuadas para generar políticas públicas con diseño arquitectónico y presupuesto pertinente.

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