16-10-2018.- Diputados de todos los grupos parlamentarios cuestionaron a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, respecto al combate a la pobreza; la opacidad, corrupción y manejo de los recursos públicos; duplicidad de programas, reconstrucción de viviendas por sismos y los avances en la implementación de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Durante su comparecencia ante diputados, como parte de la Glosa del VI Informe de Gobierno, la funcionaria afirmó que el 70 por ciento de la pobreza se concentra en las ciudades, las cuales crecieron de manera desordenada y desigual. Al lado de las grandes zonas residenciales y corporativas, se generaron cinturones de miseria.

Aseguró que “recibió un sector de la vivienda en depresión, las empresas que cotizaban en la bolsa habían quebrado. Hoy se entrega un sector dinámico, creciendo y generando empleos”. Consideró que el siglo XXI debe ser el de la reforma urbana, con el compromiso de todos y visión de Estado.

En la primer ronda de preguntas, la diputada Sandra Simey Olvera Bautista (Morena) cuestionó: ¿en dónde quedó el dinero para los más pobres y más de dos mil millones de pesos? ¿en la Sedesol?, ¿en las universidades del Estado de México, de Colima, de Morelos? o ¿en las empresas fantasma, en cuentas en el extranjero o en campañas políticas?, y luego le dijo ¿qué pensaba o qué hacía?, ¿por qué fue cómplice de la estafa maestra, o es la maestra de la estafa?

De ese mismo grupo parlamentario, el diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez expresó que hablar de la estafa maestra es hablar de esta administración y preguntó si fue o no parte de la misma. ¿Cómo se triangularon miles y millones de pesos que eran para todos los mexicanos, para combatir la pobreza y la marginación?

Rosario Robles afirmó que no necesita que nadie la defienda, porque su trabajo y trayectoria lo hace. Mencionó que estuvo en los sismos de 2017, desde el primer momento y “nos quedamos ahí por más de un mes y medio, todos los días los funcionarios del Gabinete de la República, subsecretarios, directores generales, haciendo frente a esa emergencia, y lo mismo sucedió cuando el sismo del 19 de septiembre”.

Destacó que los fondos del 98 por ciento de las tarjetas de apoyo se retiraron. “Eso no se puede esconder, porque son movimientos bancarios que cada día se registran. Se han retirado más de siete mil millones de pesos por los beneficiarios, tanto para el daño parcial como el total, que implicaba una parte en efectivo y otra en materiales. “A la gente se le cumplió”, sostuvo.

Por el PAN, la diputada Adriana Dávila Fernández subrayó que esta comparecencia es una de las más esperadas, no solo por la importancia de los programas, sino por “el lamentable ejemplo que se da al país sobre la opacidad, corrupción y manejo de los recursos públicos. Su actuación como secretaria de Desarrollo Social y Sedatu está cubierta por el manto del lucro electoral, enriquecimiento ilícito, pero muy lamentable, la impunidad”.

Mencionó que hay desvíos por más de 360 millones de pesos de programas sociales como Prospera, 65 y Más, Piso Firme. “Usted no tiene de qué preocuparse, es la segunda beneficiada de esa amnistía”.

La titular de Sedatu precisó que no requiere de la amnistía. “A mí que se me investigue todo lo que se quiera y por debajo de las piedras, y si hay alguna responsabilidad con una prueba en la mano, que esa responsabilidad se castigue. Hay notas que han señalado transferencias en efectivo, cuando el gobierno sólo hace transferencias electrónicas”.

Añadió que el Ejecutivo federal ha trabajado de la mano con gobiernos de todos los partidos políticos. “Este gobierno sí puede ver a la gente a la cara y sí tuvo vergüenza, porque precisamente se preocupó por lo más importante que era darle de comer a la gente que no tenía un alimento. Darle de comer a los olvidados de los olvidados y a los más abandonados de este país, a los niños y niñas que iban a la escuela sin ninguna alimentación”.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) comentó que una de las contribuciones más importantes del sexenio, fue la aprobación de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, pues pone a México a la vanguardia. Quiso saber cuáles son los principales avances en la implementación de la ley y sus desafíos, e inquirió si se dispone de un plan de desarrollo urbano para la zona del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, y qué se debe hacer como Congreso para encarar y robustecer esta nueva norma.

Su compañera de bancada, diputada Irma María Terán Villalobos resaltó que el gobierno ha dado certeza jurídica al patrimonio de los mexicanos. La Sedatu puso en marcha la estrategia “Papelito Habla”, que conjuntó esfuerzos para entregar alrededor de cinco millones de documentos que brindan seguridad local.

Robles Berlanga expresó que hay avances en el país que deben retomarse como ejemplos de cómo impulsar el desarrollo metropolitano, aseveró que se necesita una discusión constitucional que permita tener un nivel de gobierno urbano que asuma los grandes retos de 59 zonas metropolitanas del país y, en particular, de la megalópolis de la Ciudad de México, que tiene más de 20 millones de habitantes.

En relación con el nuevo aeropuerto, expuso que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se faculta a la Sedatu para trabajar en el desarrollo urbano y ordenamiento territorial, el cual existe en la Zona Oriente de la Ciudad de México, “para que 4.6 millones de mexicanos y mexicanas puedan tener una mejor condición de vida, para que existan labores de mitigación en relación con la obra que se está realizando, para que haya vialidad, metro y se pueda tener un desarrollo ordenado en esa región”.

Olga Juliana Elizondo Guerra, diputada del PES, pugnó por construir una estrategia nacional, clara y precisa en materia de ordenamiento territorial y urbano; pues no contar con ella, agregó, ha significado un severo deterioro en la calidad de la vida de las y los mexicanos y al medio ambiental.

Indicó que la mayoría de las ciudades del país ha seguido un modelo de desarrollo urbano enfocado prácticamente en la movilidad vehicular. En la Ciudad de México, el 42 por ciento de la superficie es destinada para los vehículos y el 32 a la vivienda, y preguntó: ¿qué ha hecho la Secretaría su cargo para construir una nueva estrategia nacional de ordenamiento territorial eficiente y cuál es la tarea que queda pendiente?

En respuesta, la funcionaria expresó que México tuvo por primera vez una Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en 2016; había una anterior, cuya vigencia era de más de 40 años, cuando el país era otro, ya que por mucho tiempo se olvidó la planeación urbana y se perdió la rectoría del Estado. Por ello, se creó Sedatu y con una visión de largo plazo, le mandataron una estrategia nacional de ordenamiento territorial a 20 años.

Precisó que las ciudades han crecido de manera desigual, desordenada, horizontal; se han abandonado los centros históricos, las áreas intraurbanas y a la gente le cuesta desplazarse de su trabajo a su casa, “no hay un orden”. Añadió que esa es todavía una gran responsabilidad de los gobiernos de los estados y, particularmente, de los congresos locales, para avanzar en la concreción de la Ley.

La diputada del PT, Lizeth Sánchez García, destacó que en la cuenta pública 2013 y 2014, se reportaron 10 convenios con dos universidades por un monto de dos mil 224 millones que debían destinarse al tema más sentido de nuestro país: combatir la pobreza. El resto de dinero, poco más de dos mil millones de pesos, se lo entregaron a 20 empresas, cuyo cúmulo de irregularidades les impedía recibir contratos públicos.

Asimismo, tres empresas fantasmas, catalogadas así por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), están bajo investigación por presuntas operaciones irregulares. ¿Cuál fue el mayor progreso en esta Secretaría que encabeza, cuando existen pliegos de observaciones por la ASF, en cuanto a las viviendas en Chiapas? De resultar ciertas las cuentas encontradas, ¿cuál sería su explicación? ¿Cuál fue el monto real de lo que se llevó a las comunidades?

La funcionaria reiteró que la Sedesol y Sedatu bajo su dirección, no firmaron un solo contrato con ninguna empresa. Se firmaron convenios con universidades públicas y “confío plenamente –porque vengo de una– en ellas y en los procedimientos que llevaron a cabo”.

Lo que dice la ASF son observaciones que se solventan y, dicho por el propio auditor, en ningún caso se hacen imputaciones personales; se observan hechos y serán las autoridades competentes las que determinen la responsabilidad administrativa, penal o resarcitoria, que son las que establece la ley. “Yo misma he acudido a la Procuraduría General de la República, y le he insistido a la Función Pública que estudie mi evolución patrimonial, porque lo que habla es el trabajo”.

Por MC, la diputada Martha Angélica Tagle Martínez dijo que la Sedatu y Sedesol ocasionaron un daño patrimonial por más de siete mil millones de pesos. Recientemente, la prensa mexicana documentó que, con base al análisis de un informe de mil 469 páginas de la Auditoría Superior de la Federación, derivadas de las cuentas públicas de 2013 al 2016, se detectó un posible daño al erario público por más de 11 mil millones de pesos durante su gestión en ambas dependencias.

Preguntó: ¿por qué, a pesar de las observaciones que se hicieron en Sedesol, continúa con el mismo personal en la Sedatu?, ¿Cómo explica que el mismo esquema de desvío de recursos de la Estafa Maestra se aplicara en la Sedesol y en Sedatu, en dos dependencias distintas, pero con usted al frente de ambas y con integrantes de su mismo equipo?, ¿por qué estaría exenta de responsabilidad si usted fue la titular y debe responder por la aplicación correcta de los recursos públicos?

En respuesta, la funcionaria declaró que de las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación a la Sedatu, relacionadas con la Cuenta Pública del 2016, sólo 2 por ciento del total le corresponden a Sedatu.

“No hay una sola prueba de que Sedatu haya firmado un contrato con alguna empresa, y tampoco una sola prueba que vincule a los funcionarios de Sedatu o de Sedesol, ¿A dónde se fue el recurso? A 480 mil cuartos rosas que permiten que hoy, niñas que antes vivían en una sola habitación con siete u ocho personas, tengan su espacio para vivir tranquilas, para estar seguras, para que no sean víctimas de la violencia”.

Por el PRD, la diputada Lilia Villafuerte Zavala sostuvo que fue una prioridad del gobierno aplicar correctamente los recursos nacionales y extranjeros donados para la reconstrucción de viviendas y los ciudadanos afectados por los sismos ocurridos en septiembre del año pasado. ¿Cuáles han sido las medidas que la Sedatu ha tomado para contar con un padrón de beneficiarios único que garantice los derechos de la población afectada?, planteó.

Refirió que el Coneval, al evaluar el programa de infraestructura a su cargo, señaló que hay duplicidad con múltiples programas de Sedesol, Semarnat, Fonhapo y Conavi, entre otras instancias. ¿Cuáles han sido las medidas que se tomaron para evitar esta duplicidad y cómo se ha resuelto el problema para hacer más eficiente el uso de los recursos públicos?, expresó.

Robres Berlanga afirmó que el 98 por ciento de las familias que sufrieron daños en sus viviendas, como consecuencia de los sismos, recibieron sus tarjetas del Fonden y la decisión que se tomó es que el proceso fuera de autoconstrucción, dada la dispersión de más de 300 municipios en los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, con el fin de que se pudiera atender a la inmensa mayoría de las familias mexicanas.

“Estamos con la absoluta convicción de que miles de esas casas afectadas, hoy, se están reconstruyendo, y quiero decir algo con mucha claridad: no es responsabilidad del gobierno de la República la reconstrucción. La responsabilidad llegó hasta el momento de entregar las tarjetas, otorgar 120 mil pesos por familia por daño total y 15 mil pesos por daño parcial. Estamos trabajando para que más de 40 mil viviendas, de las 60 mil que se derrumbaron, hoy se estén levantando”, precisó.

La legisladora Leticia Mariana Gómez Ordaz (PVEM) dijo que “la corrupción, sin lugar a dudas, es un mal que nos preocupa en este recinto, así como al pueblo de México. Es evidente que para la sociedad mexicana resulta crucial encontrar con absoluta certeza la verdad en el caso de la llamada Estafa Maestra”.

Ante ello, preguntó: ¿por qué los contratos establecidos entre la Sedatu y la Sedesol con las universidades y sistemas públicos de radio y televisión, se realizan sin efectuar licitaciones públicas?, ¿la Sedatu regularmente paga en efectivo a los organismos públicos contratados, tal como ocurrió en el caso del desvío de 708 millones de pesos de la actual administración? ¿Por qué no verificó Sedatu que las empresas contratadas no fueran fantasmas?

La funcionaria Robles Berlanga señaló que los convenios establecidos por Sedesol y Sedatu son “absolutamente legales, amparados por el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Son acuerdos que se establecieron con una convicción: quién mejor que las universidades para colaborar con uno de los objetivos sociales más importantes del gobierno que era disminuir el hambre”.

“Quiero ser muy clara y enfática, subrayó, a la Sedatu y a la Sedesol, como instituciones, les corresponde establecer convenios con las universidades. No les compete investigar lo que éstas realizan porque son autónomas y somos respetuosos de los procedimientos que ellas misma se dan. Sedatu y Sedesol no contrataron con ninguna de las empresas mencionadas por los medios de comunicación, no hay un solo contrato exhibido que se haya suscrito por estas dependencias con empresas, mucho menos con empresas fantasma”.

En su intervención inicial, luego de rendir protesta de decir verdad, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, señaló que el 70 por ciento de la pobreza se concentra en las ciudades, las cuales crecieron de manera desordenada y desigual. Al lado de las grandes zonas residenciales y corporativas se generaron cinturones de miseria, afirmó.

Por ello, dijo, en este sexenio, además de las reformas estructurales emprendidas, hay una que ha sido silenciosa pero no menos importante: la reforma urbana.

“México es ya un país urbano. Ocho de cada 10 mexicanos y mexicanas viven en las ciudades y seis de cada 10 en 59 zonas metropolitanas que le aportan el 70 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB)”, dijo.

Explicó que con la reforma urbana se creó la Sedatu, se transformó el paradigma de la política de vivienda, se establecieron parámetros de contención urbana, se dio un carácter progresivo a los subsidios, se asumió que las familias son diversas y había que apostarle a la inclusión.

Enfatizó que el gobierno “recibió un sector de la vivienda en depresión, las empresas que cotizaban en la bolsa habían quebrado. Hoy se entrega un sector dinámico, creciendo y generando empleos”.

Resaltó que todo este esfuerzo culminó “gracias al compromiso del Poder Legislativo que aprobó una nueva ley, la de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano”.

Respecto a los terremotos del año pasado, enfatizó que, de manera oportuna, desde las primeras horas, miles de servidores públicos del gobierno federal se trasladaron a las zonas afectadas para instalar albergues, apoyar en la ayuda humanitaria y levantar el censo de damnificados. Se retiraron y acarrearon un millón 642 mil metros cúbicos de escombro, lo que equivale a llenar 1.6 veces el estadio Azteca.

Precisó que se tiene un registro de más de 49 mil viviendas con daño total en proceso de reconstrucción y se adoptó un esquema de supervisión, en el que los principales actores han sido las mujeres. Actualmente, el 98 por ciento de los damnificados recibieron sus tarjetas con los recursos, ya sea para la reparación o la reconstrucción de sus hogares, eso equivale a ocho mil 87 millones de pesos, de los cuales los beneficiarios han retirado siete mil 516 millones de pesos.

Los gobiernos federales y estatales, dijo, han apoyado con recursos públicos y asistencia técnica, y las familias se encargan de la reparación o la reconstrucción de sus viviendas.

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