16-10-2018.- En la comparecencia de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, ante el Pleno cameral, diputados de Morena, PAN, PRI, PES, PT, MC, PRD y PVEM externaron sus inquietudes sobre probable desvío de recursos, clonación de tarjetas para afectados por los sismos de 2017, Fondo Minero, desincorporación de terrenos nacionales y viviendas abandonadas.

La funcionaria explicó que de 170 mil tarjetas entregadas, se clonaron solamente 249, las cuales fueron bloqueadas de inmediato y los recursos fueron protegidos, no desaparecieron. También, dijo “que no hay ninguna denuncia en su contra. Voy a ser una ciudadana que le hará frente a cualquier autoridad, porque tengo las manos limpias y la conciencia tranquila”.

En la segunda ronda de preguntas y respuestas, el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (Morena) señaló que la ciudadanía merece una respuesta de que hayan pasado desapercibidos miles de millones de pesos de Sedatu y de Sedesol, pues el daño moral que se ha hecho a la nación es muy grave. “Hicieron cómplices a las personas de más escasos recursos, al comprar los votos y a muchas universidades, todo para perpetuar el PRI en el poder. Llevaron al Estado a una bancarrota moral”.

Su compañera de bancada, diputada María Beatriz López Chávez insistió en que no todo está bien. “Miente usted, no tiene la conciencia tranquila ni las manos limpias; el desvío de recursos lo hicieron once dependencias. Esta red de corrupción debe aclararse y debemos exigir que se abra una investigación a profundidad y los funcionarios implicados vayan a juicio”.

Rosario Robles rechazó que las universidades hayan sido cómplices de un esquema de triangulación de recursos. “No lo acepto, nadie lo ha probado y si hubiera algún funcionario de Sedesol, Sedatu o de las universidades responsables, tendrán que responder”.

Puntualizó que existen instituciones encargadas de investigar, de procurar justicia y de fincar delitos si los hay; además, precisó, está la Auditoría Superior de la Federación. “Tengo la tranquilidad de saber que esas instituciones van a estar ahora en manos de un partido diferente al que gobernó en este sexenio y el tiempo dirá la verdad. Creo cabalmente en la justicia y es la que va a prevalecer”.

De Acción Nacional, el diputado Raúl Gracia Guzmán calificó como un cinismo que se diga que la llamada “Estafa Maestra”, fue orquestada por las universidades contratadas, a las cuales no se les puede investigar, porque son autónomas. Consideró una “desfachatez” decir que el 98 por ciento de las tarjetas fueron cobradas, cuando existen casos de plásticos clonados y saqueados. “Lo que se acusa es que no fueron cobradas por quienes fueron víctimas de los sismos; fue un fraude desde el gobierno”.

Hizo un llamado al nuevo gobierno y a sus bancadas, “para que aprendamos de estas fallas. Que los programas sociales asistencialistas, generen industria, empleo, crecimiento educativo y económico”. Preguntó si está dispuesta a pedir disculpas al país y a los afectados por los sismos, cuyas tarjetas fueron clonadas.

Rosario Robles expuso que la clonación solamente correspondió a 249 casos de 170 mil tarjetas entregadas, y éstas fueron inmediatamente bloqueadas y los recursos protegidos para las familias a las que estaban destinadas.

Añadió que tan sólo en cinco bancos comerciales, hay un promedio de 250 mil tarjetas clonadas al año. “Aquí, en el caso de Bansefi, de 170 mil estamos hablando de 249. Estos datos hablan, por sí solos; no requerimos de mayor vehemencia. Aquí están los hechos, objetivos y contundentes, y está, sobre todo, la paz social en esas entidades donde se dio esa reconstrucción”.

La diputada Martha Hortencia Garay Cadena (PRI) externó su reconocimiento a la titular de Sedatu y lamentó que “con ligereza, irresponsabilidad y cinismo se le ofende, lo que denigra a esta Cámara”.

Su compañero de bancada, diputado Carlos Pavón Campos, resaltó que en esta administración se logró un gran ejercicio de justicia social y se creó, por primera vez, el Fondo Minero y se conformó el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de los estados y municipios mineros. Con esta política pública, se han beneficiado 8.4 millones de mexicanos.

En su respuesta, la titular de Sedatu reiteró que los contratos celebrados con las universidades y con los sistemas estatales son legales; el dinero no está desaparecido y llegó a estas instituciones por un servicio, y estas entregaron el servicio, tanto a la Sedesol como a la Sedatu. Los fondos fueron canalizados a combatir la pobreza y no hacer palacios municipales ni comprar camionetas. El 70 por ciento del país fue reorientado hacia sus verdaderos objetivos, que es el de combatir la pobreza y la desigualdad.

Puntualizó que no hay ninguna denuncia en contra “de mi persona; la Auditoría Superior de la Federación, cuando establece una observación, se pasa a un proceso de solventación de esa Cuenta Pública y en ese proceso estamos. Si tiene pruebas, establezca denuncias ante la PGR o las responsabilidades ante los órganos internos de control. No hay una sola prueba. Yo no voy a tener fuero y voy a ser una ciudadana que le hará frente a cualquier autoridad, porque tengo las manos limpias y la conciencia tranquila”.

Claudia Báez Ruiz, diputada del PES, pidió conocer cuándo y cómo se decide la desincorporación de terrenos nacionales y cómo se puede saber que no implica pérdidas monetarias o ambientales para la población, “pues hay casos que han trascendido en los medios sobre ventas irregulares de estos espacios nacionales”.

Además, inquirió qué tipo de sanciones o denuncias ha efectuado la Sedatu ante irregularidades en alguna desincorporación, porque cuando se hace mal uso de terrenos nacionales, se margina a los grupos sociales más vulnerables.

La funcionaria federal subrayó que estos terrenos son, precisamente, propiedad de la nación, y resaltó que desde la Sedatu se ha hecho un esfuerzo enorme durante este sexenio, para recuperar espacios nacionales de gran valor que, indebidamente, estaban en manos de particulares.

Afirmó que el 70 por ciento de las titulaciones que se han hecho de terrenos nacionales, fue en este gobierno y son por mandato del Tribunal Superior Agrario o de los Tribunales Unitarios Agrarios. “Nosotros tenemos que titular, por decisión de esos jueces, porque en caso de no hacerlo, estaríamos en un desacato y damos un pleito tremendo con abogados de siete mil, ocho mil, 10 mil pesos que paga la Sedatu; con funcionarios o servidores públicos, frente a despachos multimillonarios que defienden a estos predios”.

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) afirmó que el desempeño de Rosario Robles en la Sedatu es muy cuestionable; pudo haber sido una mujer histórica, pero será “la maestra de la estafa”. Luego de los sismos de septiembre de 2017, continuó, la corrupción salió a flote, ya que el dinero para la reconstrucción no llegó a quienes más lo necesitaban.

Precisó que en Iztapalapa –demarcación que representa, a más de un año de los fenómenos naturales, aún se encuentran 645 casas con riesgos altos e inhabitables; por ello, preguntó: ¿dónde están los recursos para la reconstrucción y cuál ha sido la estrategia para atender a los afectados?

Rosario Robles indicó que, después de los sismos del año pasado, “todo el gabinete trabajó. El Presidente de la República nos asignó cerca de 300 territorios y municipios, para atender esa emergencia”. En Iztapalapa, indicó, se realizó un censo junto con la delegada y se reconstruyeron casas; el 80 por ciento de las tarjetas de apoyo, agregó, se entregó en la capital del país.

Mencionó que el 19 de septiembre “se nos pidió no abandonar entidades, y así se hizo”. Agregó que para la entrega de tarjetas de apoyo, los beneficiados firmaron una carta compromiso para iniciar su proceso de reconstrucción con asistencia técnica de Conavi, gobiernos estatales y locales y mujeres voluntarias.

Pilar Lozano Mac Donald, diputada de MC, indicó que, en 2015, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE) señaló que México tiene la tasa más alta de vivienda deshabitada entre los países miembros de dicha organización y en ese mismo año el gobierno federal pretendía rescatar y reinsertar al mercado entre 47 mil y 57 mil viviendas, de un total de 200 mil que se encuentran en condiciones de abandono en el país y en su mayoría son del Infonavit.

Resaltó que las casas abandonadas presentan un peligro para la comunidad que habita alrededor, ya que sirven de refugio para la delincuencia, el consumo y venta de drogas y, a su vez, fungen como depósitos de basura y escombros, pues tres de cada 10 viviendas del Infonavit en condición de abandono son ocupadas por personas distintas a los acreditados. Preguntó: ¿cuántas viviendas hay abandonadas y cuántas se han recuperado; además, qué mecanismos se han implementados para incentivar el desarrollo de vivienda accesible?

La titular de la Sedatu subrayó que las ciudades crecieron de manera desordenada y desigual, y se construyeron viviendas lejanas a las fuentes de trabajo. Resaltó que con los subsidios hay que forzar a que el desarrollo sea ordenado, y se amplió el crédito que otorgaba Infonavit, lo que permitió a trabajadores adquirir una vivienda.

Enfatizó que se empezó a poner orden, a pesar de que las competencias no están en manos de la Sedatu, sino de los presidentes municipales, pero había que sumar el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno, para regular el desarrollo urbano, retomar la rectoría del Estado y recuperar parte de las viviendas abandonadas.

Por el PRD, el diputado Emmanuel Reyes Carmona enfatizó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales documentaron la falta de transparencia e irregularidades en el reparto de los apoyos a las familias afectadas por los terremotos en 2017 y al menos tres casos fueron evidenciados en el estado de Oaxaca, en donde se vieron inmiscuidos funcionarios afines al PRI.

En relación a los casos de duplicación de folios otorgados a los damnificados por el sismo en Oaxaca, así como su entrega a personas que no eran propietarias de inmuebles colapsados o dañados como en el caso del municipio de Asunción Ixtaltepec, cuestionó qué criterio se aplicó para la entrega de los folios y las medidas que se tomaron contra los funcionarios que cometieron irregularidades. Además, pidió precisar el apoyo que se ha dado a los pobres de México.

La funcionaria dijo que, en el caso de Juchitán, Oaxaca, más de cinco mil viviendas que tenían daño parcial, fueron reclasificadas a daño total por el impacto del sismo del 23 de septiembre. El Ejército ya construyó la escuela que se cayó completamente y está rehaciendo el hospital. Aclaró que “a nosotros nos correspondió coadyuvar y aportar los recursos para realizar la demolición de 60 mil viviendas que fueron afectadas con daño total y 120 mil que recibieron un daño parcial.

Señaló que, en el caso de la reconstrucción, se ha hecho una auditoría muy específica por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de la Función Pública. “Estamos absolutamente seguros que este censo que es público, fue levantado con las autoridades municipales; hoy la gente tiene su dinero y está reconstruyendo sus casas”.

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez (PVEM) señaló que erradicar el hambre se ha convertido, más que un problema de política pública, en una prioridad de justicia social, que requiere de una visión interdisciplinaria, para conseguir las metas factibles, lo que implica unir las perspectivas educativas, económicas, de salud, de seguridad alimentaria y nutricional en los programas gubernamentales.

Mencionó que el Banco Mundial ha calculado que en México se desperdician aproximadamente 20.4 millones de toneladas de alimentos al año, con productos que integran la canasta básica, mismos que podrían cubrir la demanda de 7.4 millones de personas en pobreza. Según estimaciones, anualmente se desperdician 552 mil toneladas de carne roja, 275 mil toneladas de carne de pollo, 2.8 millones de tortillas, 2.6 millones de toneladas de pan blanco y 4.5 millones de litros de leche, entre otros. Además, preguntó si se ha ejecutado algún proyecto que abone a la creación o ampliación de programas sobre bancos de alimentos.

La secretaria Robles Berlanga resaltó que con la Cruzada Nacional Contra el Hambre, por primera vez en México se midió el desperdicio alimentario, el cual se calculó, por expertos del Instituto Politécnico Nacional, en más de 20 millones de toneladas. Es decir, el 36 por ciento del total de los comestibles que se producen, son desaprovechados.

Resaltó que se inició un trabajo conjunto, a través del programa de infraestructura, en el cual participan tres secretarías: Sagarpa, Sedesol y Sedatu, y, a través de él, se apoyó a los bancos de alimentos para que pudieran construir instalaciones adecuadas y dignas que permitieran la alimentación de miles de familias mexicanas. Se construyeron 16 bancos de alimentos y se recuperaron muchas toneladas, precisó.

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