16-10-2018.- Durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, legisladores expresaron sus preocupaciones respecto a los recursos destinados para atender los desastres naturales, al apoyo a damnificados de los sismos y a las viviendas para mujeres; también sobre el desarrollo agrario y rural, y el crecimiento de las zonas metropolitanas.

En la tercera ronda de preguntas y respuestas, la diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) resaltó que como funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) dejó pendientes. “Creo que usted se empeñó más en cuidar las operaciones realizadas por la ‘Estafa Maestra’, que a implementar las expectativas de la Cruzada contra el Hambre”. Preguntó cuál es el número de comités comunitarios implementados cuando estuvo al frente de la Sedesol y cuántos lograron solucionar el problema del hambre.

De la misma bancada, el diputado Carlos Sánchez Barrios recordó que en septiembre de 2013 se suscitaron dos ciclones altamente destructivos, Ingrid y Manuel, que en Guerrero impactaron simultáneamente y se determinó que la Sedatu sería la dependencia responsable de las acciones para la reconstrucción de hogares. “Han pasado cinco años y las familias afectadas siguen esperando la entrega de sus viviendas”.

Robles Berlanga dijo que, de acuerdo con la encuesta panel que hizo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre, dos millones 733 mil personas hoy comen mejor. Señaló que la escasez alimentaria, ahí donde había Cruzada, disminuyó 60 por ciento; la carencia de salud cayó del 33 al 9 por ciento; en calidad de vivienda, bajó de 56 a 38 por ciento, y de servicios básicos se redujo de 57 a 42 por ciento, y la de seguridad social de 97 a 87 por ciento, así como la del rezago educativo de 32 a 26 por ciento.

Durante la Cruzada, indicó, se crearon más de seis mil comités comunitarios y, no obstante, reconoció que falta mucho por hacer. “Este es un México de contrastes, de desigualdad; sigue habiendo la pobreza, y esperamos que esta tarea que se asumirá a partir del primero de diciembre, se siga haciendo con ahínco y con compromiso”.

La diputada Nohemí Alemán Hernández (PAN) afirmó que la estrategia un “Cuarto Rosa”, para combatir la violencia contra niñas y mujeres en hogares en situación de pobreza que presentan hacinamiento, se criticó por la falta de claridad sobre el modelo de atención y, en varias entidades, muchos están deshabitados y deteriorándose, porque se autorizaron en zonas de alto riesgo.

Asimismo, agregó, la Auditoría Superior de la Federación evidenció que el Programa de Infraestructura, en 2016, ejerció tres mil 855.8 millones de pesos en conceptos de gasto, distintos a los autorizados. Por ello, pidió conocer si las secretarías de Hacienda y Crédito Público o de la Función Pública ha observado a la Sedatu por el manejo desaseado de los recursos presupuestarios para apoyos y subsidios. Además, planteó, ¿cuáles serían los resultados de la política de vivienda para los hogares en situación de pobreza?, y si el manejo de los recursos de los programas cumple con los criterios de transparencia y la honestidad.

La funcionaria indicó que desde el inicio de la administración se estableció un proceso de ubicación de las personas en condición de pobreza y pobreza extrema. Se visitaron siete millones de hogares en esta situación y se estableció un padrón único de beneficiarios, para que las dependencias pudieran intervenir de manera focalizada. De ahí, se desprendieron los lugares donde se tenían que realizar los “cuartos rosas”, que no están en terrenos baldíos ni en zonas de riesgo.

Admitió que parte del recurso del programa de Infraestructura se reasignó, porque se trata de una dependencia en construcción, sobre la base de la Secretaría de la Reforma Agraria y que, de repente, tenía que darle oxígeno a todos los organismos desconcentrados dependientes de Sedatu y que no tenían manera de operar y servían a miles de mexicanos. Aclaró que no se puede abrir una cuenta bancaria en el gobierno, si no se cuenta con la autorización de la Secretaría de Hacienda, y en la Sedatu no se abrió ninguna que no fuera con el permiso.

Por el PRI, la diputada Frinne Azuara Yarzabal subrayó que la entrega de tarjetas directamente a los damnificados por los sismos, permite que el único que maneje el dinero de apoyos sea el afectado y “ningún funcionario tuvo en sus manos un solo peso”. Mencionó que se ha dado un encarecimiento de los costos por los materiales de construcción, por lo que pidió conocer ¿cómo se ha superado este problema y qué sucedió con las personas a quienes les clonaron sus tarjetas de apoyo?

De la misma bancada, la diputada María Lucero Saldaña Pérez comentó que el hacinamiento ha sido un grave problema, y consideró que el reto es seguir incrementando la titularidad de las viviendas como el “Cuarto Rosa”, así como los espacios públicos con enfoque de género, con ciudades seguras para las mujeres.

Robles Berlanga resaltó que ningún funcionario público tuvo acceso al recurso y, por otra parte, se decidió el método de autoconstrucción, “no sólo por la base cultural de estos pueblos, sino porque era la única posibilidad de emprender una reconstrucción de esta envergadura y era el método más eficaz para asumir el reto tan enorme que significaba que 60 mil viviendas se fueran, se cayeran, y la gente quedara en la incertidumbre y en el dolor”.

Resaltó que la población firmó una la carta-compromiso al recibir sus tarjetas, donde se señala claramente que se compromete a que este apoyo sea para la reconstrucción de su vivienda y que sea de manera segura. Hubo “más de 25 mil apoyos en asistencia técnica, con jóvenes de los institutos tecnológicos y de las universidades, y nos apoyamos en muchos casos con las empresas sociales de autoproducción de vivienda”.

La diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández (PES) comentó que la Sedatu tiene la responsabilidad de ejercer recursos del fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y expresó su preocupación porque la solución que debió darse a muchos casos aún sigue pendiente y, a un año del sismo, damnificados continúan viviendo en albergues.

Pidió informar cuál es la situación que guarda la atención a los desastres provocados por el huracán Katia y la tormenta tropical Lidia. Especialmente, lo que se ha hecho para corregir las situaciones y regular la ayuda a los damnificados por los huracanes Ingrid y Emmanuel, en el estado de Guerrero. También preguntó por la situación de las víctimas de los temblores en los estados de Morelos, Oaxaca y Chiapas. Cuestionó si se han presentado denuncias contra abusos y posibles delitos cometidos en contra de la población.

La funcionaria aclaró que en el caso de la reconstrucción, todo el recurso ha ido directo al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi). Sedatu levantó el censo y tiene la responsabilidad de verificar que se haga la entrega de las tarjetas. Respecto al fenómeno natural Katia, el Fonden determinó que solamente 14 viviendas con daño y se invirtieron 993 millones de pesos. Respecto a Odile, ocurrido el 14 y 15 de septiembre en Baja California Sur, dos mil 804 viviendas tuvieron un daño parcial; 10 mil 312 con daño en infraestructura, y la inversión total fue de 253 millones de pesos.

Por la tormenta tropical Lidia, continuó, se entregaron 14 viviendas por daño total, cuatro acciones de infraestructura concluidas y siete están en proceso, con una inversión de más de 40 millones de pesos. En el caso de Ingrid y Manuel, hubo tres mil viviendas reconstruidas y tres mil 300 familias reubicadas. Mencionó que en el caso de Guerrero, se tienen 37 denuncias ante la PGR en proceso, por el incumplimiento relacionado con “Ingrid” y “Manuel”.

Margarita García García, diputada del PT, expuso que la funcionaria compareciente “es insensible, cínica y corrupta; no se le puede seguir mintiendo al país. No es el primer escándalo en el que se ve involucrada. Con el desvío de recursos, a través de universidades públicas y empresas fantasmas, mediante mecanismos de lavado de dinero, aunque usted lo niegue, son hechos que el pueblo de México sabe y es una verdad”.

Subrayó que un escándalo como ese, en democracias avanzadas, amerita la renuncia o la destitución de la secretaria de Estado, y por supuesto el encarcelamiento. En cambio, “usted no renunció ni fue cesada del cargo”. Además, expresó su inquietud por los apoyos a los damnificados de Oaxaca y Chiapas.

En su respuesta, Robles Berlanga detalló que el gobierno ha permanecido en todos los estados afectados por los sismos y afirmó que no está construyendo las casas, sino se está acompañando a la gente en este proceso, a partir de una responsabilidad que ellos asumieron y que adquieren al recibir las tarjetas del Fonden, para la reparación parcial o total de sus viviendas.

“Estoy abierta a que vayamos a Oaxaca, Chiapas y Puebla, y a todos los lugares donde se ha entregado una tarjeta, para que veamos en los hechos el proceso de reconstrucción. No es un tema de palabras, estamos hablando de familias. Hemos visto cómo ellas, con su esfuerzo, han levantado sus casas a partir del proceso de reconstrucción y de los recursos que otorgó el gobierno de la República”, abundó.

Por MC, el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas inquirió por qué se ha ido reduciendo el presupuesto a programas esenciales para el desarrollo agrario y rural, cuando el gobierno presume que se deja un campo fortalecido, sólido, con expansión y competitivo a nivel internacional.

Quiso saber el motivo por el que no se ha logrado resolver el grave conflicto entre las comunidades wixárikas y los ganaderos nayaritas. De acuerdo con el consejo regional wixárika, se han promovido 47 juicios agrarios de restitución de tierras, de los cuales, por sentencia ejecutoria del 22 de septiembre de 2016, lograron recuperar 187 hectáreas y en 2017 sólo 67 hectáreas de las 10 mil que están en proceso.

La titular de Sedatu expresó que la posición ha sido apoyar a los pueblos wixárikas, a los originarios, y se han buscado mecanismos para poder atender la demanda, pues se habla de 10 mil hectáreas que están en manos de los ganaderos y que pertenecían a estas comunidades originarias. “Esto implica recursos públicos de indemnización a los ganaderos, y me pregunto ¿tenemos que dárselos cuando se apropiaron de tierras que eran de otros?”.

Reconoció que se debe resolver cualquier conflicto social, para ello, se han planteado mecanismos. Asimismo, se han realizado más de 28 mil trabajos de linderos por parte del Registro Agrario Nacional y apoyado a más de 17 mil ejidos para solucionar la tenencia y la regularización de la tierra; además, se ha logrado abatir el rezago que había en el Registro. “Pero la conflictividad agraria es todavía muy importante y el dinero destinado al Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), es muy precario. Si queremos resolver, tenemos que destinar más recursos”.

La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora (PRD) preguntó por qué no se ha podido clarificar el destino de los mil 300 millones de pesos y pese a las investigaciones, no se le ha separado del cargo “para que se pueda realizar una investigación imparcial y eficaz sobre su desempeño como servidora pública”.

Mencionó que, en seis años, la funcionaria ha sido inmune a las indagaciones donde se le acusa de corrupción, “pero sepa bien que tranquila e impune no quedará. Es tiempo de preocuparse, porque los desfalcos a la nación no se olvidan, sobre todo, cuando la sociedad exige cada vez más transparencia y castigo a los corruptos”.

La titular de Sedatu expuso que no hay una sola línea de las auditorías aplicadas a Sedesol o a esta dependencia que digan que contrataron a empresas fantasmas. “No hay una sola línea y ni siquiera a las universidades o sistemas estatales que contrató, que diga que hubo dinero trasladado en efectivo por camionetas”.

Sostuvo que las cuentas son públicas y cualquiera lo puede consultarlas. “En ningún momento se señala que estas instituciones hayan trasladado dinero en efectivo ni que hayan contratado a empresas que no cumplían con los requisitos que establece la ley. No se puede culpar a funcionarios, como es el caso, cuando las auditorías están en curso, o simplemente por ser el titular de una institución”.

Óscar Bautista Villegas, diputado del PVEM, expresó que las zonas orientadas a la construcción de nuevas viviendas y desarrollos habitacionales se asientan frecuentemente en regiones de transición, donde los servicios públicos están lejos de los centros de trabajo y el transporte público es limitado. Preguntó por cuáles han sido las medidas efectivas que se han implementado para revertir el crecimiento mal planeado y desequilibrado de las zonas metropolitanas y de las grandes ciudades.

Resaltó que en el gobierno de la República se construyeron más de seis millones de viviendas en todo el país, y con ello se ha evitado la violencia hacia las mujeres, el embarazo prematuro de las adolescentes; asimismo, se ha combatido el hacinamiento de las personas que viven en las zonas conurbadas y rurales del país.

Robles Berlanga expresó que se puesto en marcha una estrategia de la Red de Ciudades Resilientes, y conjuntamente con ONU-Hábitat, se generó una guía, porque la adaptación es fundamental. Este concepto, dijo, no solo es recuperar una ciudad y un espacio como estaban antes, sino mejorarlos después de un desastre urbano. “Se ha estado comprometido plenamente con esta visión”, dijo.

Agregó que después de los sismos, se planteó un esquema de resiliencia y “hemos trabajado con municipios para que sepan que es fundamental prever donde no se debe construir; trabajamos con las familias y empresas dedicadas a la autoproducción de vivienda. Todo esto forma parte de esta visión de sustentabilidad, y serán un legado que quedará ahí para la próxima administración”.

Posteriormente, concluyó la sesión y se citó para el jueves 18 de octubre, a las 11:00 horas.

--ooOoo--